El 28 de junio pasado se cumplió un año del Golpe de Estado efectuado en Honduras que derrocó al Presidente Manuel Zelaya Rosales. Dicho hecho marcó un cruento retroceso en una trayectoria marcada por un cierto apego a las normas democráticas en América Latina, tras el fin de las dictaduras militares.

Anteriores intentos golpistas y estallidos sociales o bien fueron sofocados a tiempo como en el caso de Venezuela (2002) y Bolivia (2008), o bien se solucionaron por la vía institucional a través de la renuncia de los Jefes de Estado cuestionados. A modo de ejemplo, podemos destacar los casos de Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú, entre otros.

En este sentido, lo sucedido en Honduras no puede dejar indiferente al resto de los países de la región. Salvo excepciones, en América Latina se han construido frágiles acuerdos institucionales que siguen excluyendo a distintos sectores de la sociedad, que no se sienten interpretados por las fuerzas políticas dominantes, o que no encuentran espacio para tener representación en el sistema político. Es en este contexto, que en los últimos años, América Latina ha vivido el surgimiento de una nueva ola de movimientos sociales que se alzan con una fuerte crítica al Consenso neoliberal de los 90 y plantean nuevamente banderas de lucha que parecían derrotadas por el largo período de oscurantismo autoritario vivido durante los años 70 y 80.

El caso hondureño es particular. Tradicionalmente ha sido una sociedad, que al igual que en otros países de Centroamérica y el Caribe, vive una profunda y marcada desigualdad, en donde un porcentaje importante de la población no alcanza condiciones mínimas para su subsistencia. En este sentido, el Huracán Mitch ocurrido el año 1998 vino a desnudar las difíciles condiciones en las que vivía una gran parte de la población.

Por otro lado, en Honduras ha existido desde siempre una marcada concentración de la actividad política y económica en un pequeño grupo que no ha sufrido los embates de las luchas sociales que marcaron el siglo XX de América Latina. Es así, como hasta el día de hoy, el poder político se reparte entre dos fuerzas propias del siglo XIX como el Partido Nacional (conservador) y el Partido Liberal.

En el campo internacional, la elite dominante sirvió de importante aliada a los intereses de Estados Unidos en la región en el marco de la lucha antisubversiva de los años 80 contra la Revolución Sandinista en Nicaragua y la guerrilla en Guatemala y El Salvador. La base de Palmerola, que en el pasado sirvió de base para la guerra irregular, se mantiene en pie marcando una sólida presencia que no estuvo exenta en la intervención militar del año pasado.

El triunfo de Manuel Zelaya, no escapa a la dinámica histórica de la política hondureña. En una elección marcada por una escasa participación en 2005, Zelaya importante hacendado del Partido Liberal, triunfa por un escaso margen sobre el líder del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Zelaya, en un inesperado giro, se movió hacia posiciones tradicionalmente antiimperialistas que no habían tenido cabida anteriormente en la vida política hondureña. Llamó la atención el acercamiento que realizó hacia Cuba y Venezuela y su posterior incorporación a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a PETROCARIBE, instancia de cooperación en materia petrolera impulsada por Venezuela.

La incorporación de Honduras al ALBA generó una creciente polarización en la elite hondureña, al comenzar Zelaya a diluir el histórico vínculo de esa nación con Estados Unidos y a adoptar el discurso propio del ALBA. Es así como fue evidente su amistad con el Presidente Chávez y en un gesto inédito realizó no sólo una visita de estado a Cuba, sino que además encabezó durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Tegucigalpa en 2009, la aspiración de la región por levantar la suspensión a Cuba de participar en dicho organismo regional.

En un contexto polarizado, dentro de un sistema político inflexible que no da cabida a introducir modificaciones significativas, Zelaya decide convocar a la población a pronunciarse por medio de una “cuarta urna” sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente que en una última instancia dictara una nueva Constitución. Cabe destacar que la Constitución vigente no contemplaba dicha posibilidad.

Esta situación, que no es nueva en la región, y que ha caracterizado a los países que forman parte del ALBA, generó una reacción muy dura por parte de la clase dirigente, que finalmente de la mano del Congreso Nacional, encabezado por Roberto Micheletti, del mismo Partido de Zelaya, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, irrumpieron violentamente en la residencia presidencial y sacaron al gobernante del país con destino a Costa Rica.

Inmediatamente, la comunidad internacional y en especial la OEA expresaron su enérgico rechazo a este acto de fuerza y activaron todos los mecanismos vigentes por medio de la Carta Democrática para suspender a Honduras del sistema interamericano. Asimismo, la mayor parte de los países de la región se negaron a reconocer al gobierno de facto de Roberto Micheletti y retiraron a sus embajadores. Como es de conocimiento público, la crisis política se extendió por varios meses hasta que se celebraron nuevas elecciones presidenciales en el mes de noviembre de 2009, en un contexto de un gobierno de facto y sin la presencia de la OEA como observador, en las que triunfó el líder conservador Porfirio Lobo.

Siguiendo la dinámica histórica de otros gobiernos de facto de la región, el de Micheletti, no estuvo exento de prácticas habituales como censura de medios de información, hostigamiento a opositores e incluso el asesinato de varios periodistas independientes. A modo de ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que las fuerzas armadas y la policía practicaron centenares de detenciones y propinaron palizas arbitrarias a partidarios del Gobierno derrocado de Zelaya. La lista de abusos es larga y detallada: «muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones de los derechos políticos».

En los cien primeros días posteriores al golpe, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó 4.234 violaciones por parte del Gobierno de facto, incluidos 21 asesinatos extrajudiciales, 3.033 detenciones ilegales y 818 casos de violencia.  No obstante, existe una presunción fundada que el número de víctimas es realmente muy superior, pero que muchos no habían denunciado el trato recibido a manos de las fuerzas de seguridad por miedo a represalias.

Cabe destacar que durante el gobierno de Lobo, se continúa con el hostigamiento a la oposición y se siguen sucediendo hechos de sangre. Desde junio de 2009 hasta febrero de 2010, el COFADEH documentó 43 asesinatos por motivos políticos. Asimismo, entre marzo y junio de este año han sido asesinados 7 periodistas. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado los abusos generalizados haciéndose eco de las conclusiones de la Organización de Estados Americanos.

En este contexto, en los últimos días, sectores tanto del oficialismo y de la oposición en Chile han solicitado al Presidente Piñera que se reconozca al Gobierno de Porfirio Lobo y que se abogue por su reincorporación al sistema interamericano.

El Gobierno de Chile, a partir del retorno a la democracia en 1990, ha incorporado dentro de su política exterior una activa promoción, sin violar el principio de no intervención en los asuntos internos, del respeto a la democracia y a los derechos humanos. En este contexto, se apoyó decididamente la adopción de la Carta Democrática en el marco de la OEA como una forma de que el sistema interamericano reaccione con fuerza cuando se produzcan interrupciones violentas del régimen democrático.

Es así, como llama la atención que en un primer semestre cargado de declaraciones que favorecen nuestra histórica posición en estas materias se esgriman argumentos como el expresado en “El Mercurio” del 15 de julio, de que “en Honduras, el conflicto constitucional se produjo por una diferencia ideológica profunda, que enfrentó a los poderes del Estado, triunfando finalmente aquellos que apoyan una democracia representativa que respeta los derechos y libertades individuales y se atuvieron más a la Carta Fundamental”. Este tipo de juicios son los mismos que sostuvieron aquellos que violaron los derechos humanos en nuestro país para justificar lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973.

Los sistemas políticos no son infalibles y deben ser sujetos a una continua revisión. No es razonable que existan Constituciones como la vigente en Honduras que impidan la introducción de reformas fundamentales. Las diferencias ideológicas deben resolverse en el marco de una sociedad abierta y democrática que permita el intercambio de criterios. Es de vital importancia para la región avanzar en el fortalecimiento de las instituciones en un contexto que permita generar una mayor inclusión de los sectores postergados.

Si bien es cierto que Perú, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica, a excepción de Nicaragua, han reanudado sus vínculos con Honduras, no sería coherente obviar la situación que se está viviendo en ese país. En la defensa de valores tan fundamentales para la sociedad actual no caben dobles estándares. Por esta razón, es prudente la posición adoptada por el gobierno chileno en atención a no reconocer el gobierno de Porfirio Lobo mientras el resto de los países de la región agrupados en el seno de la OEA, no hayan verificado un cambio fundamental en las circunstancias y decidan levantar las sanciones. De otra forma, estaríamos avalando un peligroso precedente que no haría más que dar un histórico y lamentable retroceso en la región.