La idea de crear un partido que unifique al progresismo chileno ha sido lanzada únicamente en dos circunstancias: durante la dictadura militar, como vehículo instrumental para hacer frente al régimen; y de tiempo en tiempo, como una propuesta para agrupar al así llamado ‘polo progresista’ de la Concertación. En retrospectiva, sabemos que el primer ejemplo era inviable por las fuertes identidades partidarias preservadas en la clandestinidad durante la dictadura; y que el segundo ejemplo ha correspondido por lo general a un simple volador de luces.

Esta situación debiera ser replanteada teóricamente, pues perjudica aquello que estimo es una de las virtudes históricas de los sucesivos sistemas de partidos chilenos: la capacidad de reflejar adecuadamente los principales clivajes de nuestra sociedad. Durante la vigencia de la Constitución de 1833, el sistema de partidos –básicamente, un bipartidismo fragmentado que giraba en torno a los polos liberal/conservador– representaba de manera bastante adecuada los conflictos existentes en aquel entonces en torno a la relación entre Iglesia y Estado y entre Presidente y Parlamento. Este sistema de partidos –y el propio régimen político asociado a aquel– empieza a colapsar por el esfuerzo de los excluidos de aquel sistema, lo cual resulta en la crisis institucional de la cual surge la Constitución de 1925 y un nuevo sistema de partidos. Éste refleja los conflictos y concesiones de clase que encuentran cabida en ese sistema, y algunas de las principales sub-culturas de la sociedad chilena de aquel entonces: así, los partidos se pueden ordenar en torno a identidades de clases populares, medias, y altas y en torno al eje catolicismo y laicismo.

Tras el restablecimiento de la libertad política en 1990, son dos los partidos que dan conducción política al proceso de transición y consolidación democrática: el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. La subsistencia de estos dos partidos daba cuenta de la pervivencia de dos sub-culturas políticas, humanismo cristiano y socialismo, y la coalición establecida en torno a esta alianza política –la Concertación– daba cuenta de los clivajes consolidados durante el gobierno militar en torno al sistema político y económico.

El sistema de partidos, durante estas dos décadas de gobiernos concertacionistas, ha tendido a la inercia. Salvo apariciones esporádicas de partidos en los márgenes del sistema –o más bien, en su centro, como intentos de robarle electorado al PDC– el sistema ha tenido muy poco de innovador. No obstante, es necesario preguntarse si una de las premisas de la subsistencia de colectividades como el PDC y el PS –esto es, la subsistencia social de las identidades humanista cristiana y socialista– sigue vigente. Mi intuición es que tal premisa ya no es válida.

Más que una alta identificación con el proyecto demócrata cristiano, pareciera ser que era el escenario político de transición lo que explica el predominio DC durante la primera década de gobiernos concertacionistas. Lo mismo ocurre con el predominio PS durante la segunda década, que no pareciera responder a un fortalecimiento de la identidad cultural socialista. De este mundo, precisamente, surge una nueva propuesta identitaria más liviana y menos costosa de suscribir para el ciudadano políticamente desmovilizado: el ‘progresismo’.

El punto es que la cultura política, tal como la cultura generalmente hablando, se ha visto profundamente afectada por las dinámicas sociales generadas por las reformas económicas implementadas por la dictadura y preservadas durante la era concertacionista. Respecto de la cultura chilena previa al 73’, la cultura post-73 ha perdido el sentido de lo colectivo y ha privilegiado el ascenso individual como mecanismo de movilidad y desarrollo. El decaimiento de sindicatos y colegios profesionales es una señal más de ello.

Este paisaje de individualismo y la disolución de la identidad social asociada a diversas sub-culturas políticas impactan en el mundo de la centro-izquierda. Una consecuencia es que las identidades históricas humanista cristiana y socialista parecieran estar confinadas dentro de las cuatro paredes de sus respectivas tiendas partidarias. El deseo de transformar la sociedad que anima a la centro-izquierda, ciertamente, sigue existiendo en amplias capas de la sociedad; sin embargo, también sufre alteraciones y adopta un enfoque individualista. En lugar de temas redistributivos, la centro-izquierda reivindica hoy la autonomía de los individuos –sobre todo en los temas ‘valóricos’– y defiende sus derechos como consumidores.

¿Qué debiera hacer la centro-izquierda ante este cambio en el ethos social? ¿Claudicar ante el individualismo? Esa no es, ciertamente, mi propuesta. Insisto en que la razón de ser de la centro-izquierda sigue resonando en la sociedad, aún cuando sea en clave individualista. Personalmente, como alguien que suscribe una moral igualitaria, no me bastan los cambios que la centro-izquierda puede impulsar dentro de este paradigma individualista; creo que ella tiene la responsabilidad de empujar las fronteras de lo políticamente posible a través de estrategias de persuasión y movilización. Aún así, es dudoso que sea funcional a dichos propósitos que su propia identidad histórica –surgida en un contexto cultural ya pasado– sea parte de su propio esfuerzo por transformar la mentalidad del Chile contemporáneo.

Hay que asumir que los partidos son instituciones contingentes, cuyo rol es en gran medida instrumental. Si se transforman exclusivamente en vehículos de expresión identitaria de nostálgicos estarán optando por la marginalidad. La relación entre movimiento y partido, tan discutida en momentos de alta movilización, debe volver por lo mismo a ser un tema de reflexión. Cuando el movimiento ya no es humanista cristiano o socialista sino simplemente progresista o concertacionista a secas, se vuelve necesario repensar la estructura partidista.