Museum of Science & Industry (New Deal art, public domain)Nunca me he tragado completamente el argumento de los liberales de mercado acerca de la superioridad de la gestión privada por sobre la pública. Por muchos años he escrito columnas en las que, ocasionalmente, he defendido la tesis contraria o bien he puesto en duda las mentadas virtudes del trabajador privado por sobre el empleado público. Uno puede citar varios casos en que la empresa pública ha sido más eficiente que la privada; por lo que, según mi parecer, todo se reduciría a un problema cultural. El servidor negligente y tramitador puede encontrarse tanto en un registro civil como en una financiera.

Bajo el lema que parece inspirar al liberal —“al ojo del amo engorda el caballo”—, la supuesta eficiencia del empleado privado se pierde a medida que se agranda la institución —sea esta una isapre, un banco o una AFP— de la misma manera que en un ministerio. Además, uno se encuentra con casos tan disímiles de gestión que depende del azar si le tocó un funcionario eficiente o un burócrata impenitente.

Sin embargo, como no todo es absoluto en la vida, hay lecciones que el servicio público puede aprender del sector privado. Una de ellas es la de considerar al ciudadano como un consumidor de servicios con derechos y capacidad para exigir calidad. A fin de cuentas, las prestaciones del sector público no son dadas gratuitamente. Se pagan, ya sea directamente o a través de nuestros impuestos. Sin duda, en la práctica no es fácil hacer esta exigencia dada la entronizada cultura del servidor fiscal que piensa que timbrar un papel es casi un favor personal que se le hace al solicitante. También abunda el empleado que percibe que tiene un pequeño poder sobre un ciudadano necesitado y no trepida en utilizarlo para satisfacer su pequeño ego.

Pero las cosas podrían cambiar.

Desde hace algún tiempo, en el Reino Unido se está pensando en formas innovadoras de garantizar un servicio público eficiente que comprenda prestaciones en diferentes áreas que van desde educación y salud hasta transporte público y previsión. La iniciativa tiene sus orígenes en el laborismo; pero tal parece que el actual gobierno conservador la ha hecho suya.

El punto central es la propiedad de la organización que ofrece el servicio. Por lo general, estamos insertos en un sistema dicotómico: o es el Estado el que presta la asistencia o es una empresa privada tradicional. Pero, ¿qué tal si la organización que entrega el producto es de propiedad de los usuarios, de los empleados que la administran y de terceros que deseen invertir en ellas?

En estas condiciones podría crearse un círculo virtuoso entre el interés de los usuarios, quienes —por ejemplo— tomarían responsabilidad por las prestaciones que ellos mismos reciben en salud, el interés de los empleados por hacer más eficiente su fuente de trabajo, que además es de su propiedad, y el de terceros inversionistas que deseen obtener una renta por su capital invertido en esta asociación.

Según Tessa Jowell, la parlamentaria británica que lidera esta iniciativa: “la propiedad de una organización por parte de quienes trabajan en ella y la administran y también por aquellos que utilizan sus servicios, transforma la cultura interna y ayuda a arraigar la verdadera rendición de cuentas de manera democrática, al tiempo que despierta el sentido de la responsabilidad comunitaria“. Así, cuando “un servicio público es de propiedad mutua, se sabe que sus empleados se sienten líderes de un proceso reformador que los motiva para mejorar el servicio y para trabajar responsable y solidariamente en el logro de la meta común“.[1]

Se trata, de la antigua idea del mutualismo y cooperativismo, formas de organización social que en Chile se experimentaron con profusión desde mediados del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo pasado y que todavía perdura.

En pleno desarrollo de la economía liberal y mercantil, los artesanos chilenos se organizaron en cooperativas y mutuales con el objeto de paliar los efectos nocivos del libre mercado desbocado (free-wheeling market) que acentuaba la tendencia a la pauperización de las capas medias y bajas de la población.

Las primeras ideas surgieron de dos brillantes jóvenes de la época, Francisco Bilbao y Santiago Arcos, quienes habían estado presentes en Paris durante la Revolución de 1848 y habían sido testigos del papel que jugaron los artesanos tanto en las revueltas como en las organizaciones que se crearon posteriormente. Junto a Eusebio Lillo tuvieron la iniciativa de crear la Sociedad de la Igualdad, el primer antecedente del mutualismo en Chile.

En 1877, un ferviente impulsor de las asociaciones cooperativas, Fermín Vivaceta, sostenía que “En esta clase de asociaciones, el capitalista como el obrero y el industrial, todos se prestan mutuos servicios y acrecientan su fortuna“. Esto, por cuanto “el derecho de asociación es la más preciosa joya del sistema republicano; y la Constitución Política de Chile así lo considera y lo respeta como una de las más importantes prerrogativas de cada ciudadano“.[2]

En 1880 se conocían en Chile 39 sociedades de apoyo mutuo. En 1900 había 240 mutuales. Hacia 1925 la Confederación Nacional Mutualista, que congregaba varias federaciones, tenía más de 100.000 miembros. Sin embargo, lo más probable es que tengamos que esperar que el sistema funcione en el Reino Unido antes de que en Chile se empiece a hablar de ello.

Desde luego, el mutualismo es esencialmente una forma de organización que se crea en el seno de la sociedad civil, por lo que no se puede esperar que la iniciativa venga desde el Estado. El rol del Gobierno debe limitarse a la facilitación, mediante la creación de un marco legal que convierta al mutualismo en una alternativa viable de provisión de prestaciones públicas.

¿Privatización del servicio público? Usted dirá.

[1] The Guardian, diciembre, 14-2009

[2] Grez Toso, Sergio. (1995) La Cuestión Social en Chile. Ideas y Debates Precursores. DIBAM. Pág. 283