La teoría política y constitucional liberal nos quiere hacer creer que la vida en sociedad y su expresión jurídico-política, el Estado, existen en una dimensión de normalidad y regularidad interrumpida de vez en cuando por momentos excepcionales, por quiebres de la regularidad. Sin embargo, como el terremoto de este fin de semana nos lo recuerda, eso es un error. Las sociedades humanas están erigidas en los márgenes de la destrucción y el caos, y si hay algo que debiera merecer el calificativo de “normal” es el caos. Incluso en los momentos en que aquél no se presenta desembozadamente, su sombra planea sobre nuestras cabezas silenciosa, pero presentemente. Como afirma Walter Benjamin en su “Sobre el Concepto de Historia”, “En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos,  [el Ángel de la Historia] ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar.”

Una vez más, y tal como en la reflexión sobre Haití que escribiera hace unas semanas, el punto de referencia aquí es la teoría política de Thomas Hobbes expresada en su libro Leviatán. No podría ser de otra forma, pues es precisamente a él a quien remiten en última instancia tanto las corrientes de pensamiento liberal como aquellas que, en ausencia de un mejor apelativo, podríamos describir como teorías de la excepción. Hobbes, al caracterizar el estado de naturaleza como aquel donde la vida es “solitaria, pobre, desgraciada, brutal y corta”, no hace sino describir la existencia de la mayor parte de los individuos pertenecientes a la especie humana desde que ésta es tal. A lo largo de la historia tan sólo una minoría privilegiada de individuos ha escapado a ese destino. Probablemente el mayor número de ellos, de nuevo en términos totales, pertenezcan a las clases medias de las democracias industrializadas de los últimos dos siglos. En cambio para la gran mayoría de los seres humanos vivir ha significado ser esclavizados, enviados a la guerra, morir de inanición o de peste, ser mano de obra barata y perecer de alguna enfermedad embruteciente en alguna mina de sal o de carbón.

Aún para quienes han escapado a ese destino, aún para quienes viven en democracias avanzadas y en países industrializados, la sombra del caos se mantiene vigilante a la vuelta de la esquina. El caos se viste con muchos, diversos ropajes. Algunas veces con formas jurídicas; otras, se presenta envuelto en el manto de la política; en ocasiones, da rienda suelta a la anomia social, a las convulsiones masivas y desatadas. En todos estos casos pone en duda la existencia de una normalidad, incluso una normalidad burguesa.

Jurídicamente, y como sostiene Giorgio Agamben en su libro “Estado de Excepción”, a lo largo del siglo XX en las democracias contemporáneas el uso de mecanismos de excepción para gobernar se ha transformado en una regularidad más que en una anomalía. Esto incluye la práctica de legislar mediante decretos del poder Ejecutivo, que entre nosotros tantas discusiones ocasionara. Baste recordar que la práctica de emitir Decretos con Fuerza de Ley era absolutamente inconstitucional hasta su regulación mediante reforma constitucional en 1970. Esto hace que muchos de los edificios que se desplomaron o se trizaron en el reciente terremoto deban su existencia a un instrumento jurídico formulado al margen de la legalidad vigente: los DFL 2, cuyo nombre no es sino la abreviación de Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 31 de julio de 1959.

La política también suele ser causa habitual de momentos de excepción. La teoría social que respalda a la teoría política y constitucional liberal pareciera asumir una sociedad estática, una sociedad carente de relaciones de poder, de relaciones hegemónicas. Bajo este presupuesto el poder se ejerce desde los procedimientos estatales, cuyo mandato se renueva electoralmente cada ciertos años. Nada más distante de la realidad, donde el contenido de la legalidad se disputa todos los días en reuniones sociales, en medios de prensa, en debates informales, en la forma en que juzgamos a los demás. Por supuesto, todas estas relaciones de poder giran en torno a antagonismos que en última instancia pueden escapársenos de las manos y terminar destruyéndonos, o haciéndonos destruir al otro. El ejemplo de Chile en los años 70’ es pertinente. La política, decía Carl Schmitt, gira en torno a la distinción entre amigos y enemigos, y ésta en última instancia depende a su vez de la eventualidad de hacer morir o ser muerto. De nuevo, el caos parece estar más presente de lo que quisiéramos –o se nos quisiera hacer– creer; si no está inmediatamente presente, es al menos precondición de nuestro arreglo político y de sus transformaciones.

La sociedad, por su parte, también puede fácilmente dar rienda suelta al descontrol. Períodos de locura colectiva abundan, incluso en medio de nuestra normalidad burguesa. Ritos colectivos, ceremonias religiosas, eventos deportivos, el paganismo de las fiestas, son todos mecanismos para canalizar en momentos de aparente normalidad aquello que nos hace humanos: el deseo de satisfacer al mismo tiempo nuestra necesidad de orden y nuestra pasión por la destrucción. Sin embargo, de vez en cuando las cosas se nos escapan de las manos –de nuevo– y, por algún motivo, surgen períodos de anomia caracterizados por la disolución de los estándares de moralidad habituales.

Sin lugar a dudas uno de los momentos en que este descontrol aflora con mayor facilidad es en estados de catástrofe. Cualquier declaración ajustada a procedimientos constitucionales de esta situación tan sólo es una reacción, siempre tardía, a lo que las masas humanas ya se han encargado de aseverar. Sea en Buenos Aires durante el colapso financiero del 2001, o en Concepción durante el reciente terremoto, el saqueo, la acción colectiva por definición junto al ajusticiamiento popular, marca el momento en que la masa humana determina por sí y ante sí que ha llegado el momento de aplicar la antigua doctrina del estado de necesidad, exculpatoria por su propia naturaleza de toda violación de derechos individuales. Ante esta declaración plebeya de estado de excepción, el Estado Moderno y quienes junto a él se sitúan sólo pueden responder con su propia declaración. Así el Estado de Sitio es establecido, y con ello nuevos decretos exculpatorios de la violación de derechos individuales. Como la lucha es desigual, y salvo momentos que por lo mismo son calificados de históricos –París en 1789, 1848, y 1871; Petrogrado en 1917–, suelen ser las masas las que son aplastadas por las fuerzas de orden.

El mayor desafío, en efecto, de un Estado que reclama para sí el monopolio de la violencia es tener la capacidad de defender ese privilegio en los momentos de mayor excepcionalidad. El Estado Haitiano, como argumentaba en mi anterior columna, ha fracasado en ese intento y por esto debe ser despejado de su titularidad. En lugar de destinar obras de caridad y poner a Quincy Jones a grabar una canción con seudofamosos, los ciudadanos de los países desarrollados debieran estar liderando una campaña de opinión pública para que la ONU reclame para sí el territorio de Haití y establezca algún tipo de protectorado, creando un precedente para todos aquellos estados fallidos que sean incapaces de proveer a sus ciudadanos de seguridad, de poner freno aunque sea mínimamente al estado de naturaleza. El Estado Chileno, en estos momentos, se está batiendo contra la amenaza que toca nuestras propias puertas. Las imágenes de saqueos en Concepción nos recuerdan que la anomia está constantemente esperando agazapada para saltar sobre nuestra yugular. Las imágenes de destrucción que nos asombran estos días, finalmente, nos recuerdan que el caos humano producido por el derecho, la política, y la sociedad encuentran su mejor aliado en la fuente de entropía por definición: la naturaleza. Nada mejor que un terremoto para recordarnos que nadie sino la naturaleza es nuestro principal enemigo, nuestra principal debilidad, y que no debemos descansar sino hasta doblegarla por completo a nuestros pies.