La convocatoria del presidente electo Sebastián Piñera a reeditar la llamada “democracia de los acuerdos”, que caracterizó al proceso político de los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin, ha sido objeto de no pocos análisis y debates. Sin embargo, luego del último terremoto que afectó a Chile, la necesidad de aceptar sin cuestionamientos esta propuesta se ha vuelto un lugar común.

El llamado de Piñera contiene cinco metas (ver El Mercurio del día domingo 31 de Enero de 2010), las que en realidad se resumen en cuatro:

  • Superar la pobreza y las desigualdades excesivas.
  • Recuperar la capacidad de crecimiento y creación de empleos.
  • Empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y al narcotráfico.
  • Mejorar de verdad la calidad y equidad de la salud y la educación.

Post-terremoto, agregaría una quinta:

  • Apoyar el plan de reconstrucción nacional.

¿Alguien podría estar en desacuerdo con estas metas?

Se trata de una propuesta planteada en términos muy generales y, por lo tanto, vaga y de poca utilidad. Por lo demás, esa aspiración estaba en los programas de todos los candidatos.  En políticas públicas lo que hace la diferencia no es el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Además, la iniciativa de Piñera está muy lejos de emular la democracia de los acuerdos de principios de los años 90. En primer lugar, porque las proposiciones de entonces fueron mucho más concretas e involucraron tanto a actores políticos como sociales. Se logró firmar un Acuerdo Marco Nacional Tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, en donde se establecieron criterios objetivos, por ejemplo, para determinar el salario mínimo nacional, entre otros acuerdos. Los convenios políticos negociados en el Congreso consideraron, en todo momento, la opinión de los actores sociales.

Pero, tal vez la diferencia fundamental resida en el contexto histórico que separa al Chile de 1990 del país del bicentenario. Hace veinte años atrás se despertaba de la pesadilla que significó la Dictadura: la represión violenta del Estado en contra de una parte importante de la sociedad civil. Para los agentes sociales existía entonces la necesidad urgente de consolidar la incipiente democracia, bajo la espada de Damocles siempre pendiente de la mano de Pinochet. En fin, eran tiempos de crisis institucional y, por lo tanto, se hacía perentorio un llamado al entendimiento y al consenso.

Hoy, la situación es completamente diferente. Sería un exabrupto declarar al país en situación de crisis institucional. La precaria democracia de 1990 se ha consolidado como una democracia en forma, con sus carencias, desde luego.

Entonces, cuando hablamos de democracia de los acuerdos ¿De qué hablamos realmente? ¿Existe un temor subyacente a una oposición enconada? No lo creo. A continuación del gobierno de Aylwin, el proceso político siguió funcionando en base a acuerdos entre gobierno y oposición. Es la manera en que opera una democracia. No tenemos ninguna evidencia de que el procedimiento vaya a cambiar ahora.

Lo que probablemente persigue el Presidente electo y su entorno es inaugurar una forma de democracia despolitizada, aprovechándose demagógicamente del sentimiento popular de rechazo a la política, en general, y a los partidos políticos, en particular. Este tipo de democracia no es novedosa. Ya en 1966, Robert Dahl observaba la tendencia de este modelo de democracia occidental: “muchos jóvenes, intelectuales y académicos rechazan este Leviatán democrático (…) porque, desde su perspectiva, no es lo suficientemente democrático. El nuevo Leviatán es muy lejano y burocratizado, excesivamente adicto a la negociación y al compromiso, demasiado instrumentalizado por las elites y por los tecnócratas con los cuales estos ciudadanos no sienten ninguna identificación” (Dahl, Political Oppositions. Páginas 399-400).

Esta democracia despolitizada sólo puede exacerbar el carácter elitista del juego político desarrollado en estos años, en donde las decisiones seguirían siendo tomadas a nivel de cúpulas, con desentendimiento de las verdaderas demandas y aspiraciones de la ciudadanía. El resultado no sería de extrañar: anomia social, ausentismo electoral, es decir, deslegitimación de la democracia. Como apunta perspicazmente Carlos Peña: es lo que ocurrió durante este período de transición y que terminó dañando especialmente a la izquierda, la que perdió su dinamismo.

Por otra parte, hay quienes confunden la democracia de los acuerdos con la democracia consociativa, que algunos llaman democracia de consenso, y argumentan que este tipo de arreglo fue el causante del exitoso desarrollo político, social y económico que experimentaron algunos países de Europa occidental en los años de posguerra, como es el caso de Holanda, Bélgica, Suiza y Austria. Sin embargo, la democracia consociativa  sólo puede ser aplicable a sociedades heterogéneas, divididas por segmentos étnico-culturales bien diferenciados. En el caso chileno, esto no sería práctico ya que ciertos rasgos de la democracia consociativa, como es el veto de minoría, podrían terminar siendo aprovechados por minorías poderosas precisamente para incrementar su poder, en desmedro de la mayoría.

Por el momento, creo que Chile debe seguir desarrollando una democracia mayoritaria en la que el gobierno ejerce su rol y la oposición el suyo, que no es otra cosa sino el de presentar una alternativa sustantiva a las políticas de la derecha clásica. Tales políticas ya se vislumbran. Si la oposición no logra exhibir una opción claramente diferente, que sea percibida como tal por la ciudadanía, podríamos tener a la derecha en La Moneda por un buen rato.