DuránHace unos años atrás, el 4 de abril de 1981, el premio nobel de economía e invitado estrella de los intelectuales civiles del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, F.A. Hayek, afirmaba: “es precisamente la desigualdad de ingresos la que permite el actual nivel de producción” (citado en Cristi, 1999).

Y Hayek tenía razón, su frase ofrece respuestas diáfanas sobre nuestro presente (y sobre nuestro pasado reproducido en él), porque efectivamente, el sistema productivo que se liberalizó en dictadura y se profundizó luego, depende de la explosiva desigualdad del país. Hayek, eso sí, tenía una visión positiva de estas diferencias sociales, considerando la desigualdad como un auspicioso augurio del advenimiento del desarrollo…

Hoy, sin embargo, son pocos los que se atreven a defender en la escena pública la visión axiológica desde donde se para el austriaco Hayek o la vieja teoría del Chorreo pontificada por Simon Kuznets en su célebre artículo “Crecimiento Económico y Desigualdad” (Kuznets, 1954). El problema hoy por hoy, aparece instalado más bien en el espacio precisamente de las desigualdades, entendiéndolas como un mal social.

¿Pero, cuál es el diagnóstico que se hace? ¿Se reconoce la organización productiva y del mundo del trabajo, como la principal fuente de la desigualdad? Y si es así ¿Por qué las candidaturas con mayores posibilidades de llegar a la Moneda eluden las reformas estructurales del trabajo – a saber, de los derechos colectivos- cuando fue justamente esto lo primero que se modificó en Dictadura para sostener el actual nivel de acumulación?

Lo que sostenemos acá no es nuevo, pero se ha marginado del debate aún a contrapelo de la evidencia: hay un vínculo ineludible entre el bajo poder de los trabajadores como sujetos colectivos de derechos (sindicatos) y el nivel de desigualdad.

Tal como lo demuestran las investigaciones, un menor espacio sindical es causa de mayor desigualdad en la distribución de ingresos. De acuerdo al estudio de Larry Mishel en Estados Unidos, casi 1/3 del incremento en la desigualdad salarial de los hombres entre 1973 y 2007 se explica por la des-sindicalización vivida en EE.UU, fundamentalmente en el período de Reagan (Mishel, 2012).

En otro estudio, David Card junto a otros autores arriban a conclusiones similares en el caso canadiense (Card, Lemieux y Riddell, 2004). En Alemania, las investigaciones de Antonczyk y otros autores (2010), así como la de Dustmann, Ludsteck y Schönberg (2009) concluyen la existencia de una relación causal estrecha y directa entre el desplome de la actividad sindical y de la negociación colectiva en particular y el incremento en las desigualdades salariales.

¿Y en Chile?

Nuestro país, usando un aparato institucional bautizado en Dictadura como Plan Laboral, puso fin al rol del sindicalismo como mecanismo democratizador de la sociedad, como mecanismo formador de salarios y como vehículo conductor de mejoras distributivas, negando así la función histórica que tiene el sindicalismo en inducir sociedades más igualitarias.

Desde 1979, por decreto, Chile impone un nuevo nivel para la estructura de la negociación colectiva, uno radicado al nivel de empresa, el más fragmentado. Con el Plan, Chile también ingresó al selecto grupo de países (en la actualidad, no más de 10), que permite el uso de esquiroles o también llamados “rompe huelgas”: ello quiere decir que si, ante el fragor de la negociación, empleadores y trabajadores, llegan a la huelga, la empresa puede contratar reemplazantes y así anular el poder paralizante del acto huelguístico. La huelga, se transforma entonces, en un alzamiento de challas y plumeros, se trasviste, y da paso a un mendigar colectivo, algo que sin dudas, es funcional al libre mercado.

Para Luca Perrone, la base estructural del poder en las relaciones de producción es la huelga (Perrone et al, 1984), sin ella (o con una huelga reducida a su mínima expresión), los trabajadores pierden su principal arma y con ello la lucha entre fuerzas de Clase que se contraponen.

Han pasado ya 34 años, pero el Plan Laboral de Pinochet y de su arquitecto intelectual, José Piñera, sigue completamente vigente e incluso renovado, permitiendo – en una lógica hayekiana – una libre concentración de ingresos: una que, de acuerdo al estudio de los profesores López, Figueroa y Gutiérrez, técnicamente, erige a Chile como el país más desigual del mundo si se mide bajo la métrica de la participación del 1% más rico. En su investigación “La parte de León”, los autores arriban a que en Chile el 1% acumula el 30,5% de los ingresos, mucho más que en Estados Unidos y que en otros países en donde se puede hacer tal medición (López et al, 2013). Sin duda que en dicho resultado afectan varios elementos (determinantes), pero con certeza, la conexión que existe con el detrimento institucional asociado al mundo del trabajo es directa y altamente significativa.

No parece lógico ni democrático que la discusión laboral, que atiende directamente a la mayoría de los chilenos/as porque constituye la base de nuestra estructura social, esté ausente en el debate público. Su omisión, es señal de una preferencia no revelada hacia el statu quo, uno en el cual, los empresarios mantienen sus privilegios fortalecidos en Dictadura y que han aprovechado hasta el hartazgo en los 23 últimos años.

Un aporte en este sentido, que estimula la discusión en la arena política, es el documento titulado “Manifiesto Laboral“, una propuesta construida por Fundación SOL en conjunto con más de 10 profesores de derecho del trabajo y en diálogo con organizaciones sindicales, que resalta la importancia de restituir los elementos de poder básicos que debiesen tener los trabajadores para comenzar a hablar de desarrollo y democracia en serio, y no continuar bajo dispositivos propios de regímenes totalitarios. ¿O es que acaso la conmoción por los cuarenta años del golpe, tenía que ver sólo con la forma (la represión abierta) y no con el fondo (el modelo que la dictadura inició)?