La puesta en práctica de los postulados y las promesas de un proyecto de gobierno emanado de alguna de las concretizaciones nacionales de la izquierda en la América Latina contemporánea supone admitir que se trata de un proceso complejo y atravesado por contradicciones y tensiones de diversa naturaleza. No hay manera de admitir con seriedad un discurso que proclame fórmulas mágicas para el advenimiento de un supuesto “cambio verdadero” al día siguiente de la victoria electoral. El énfasis que en los días de activismo opositor o de la campaña electoral se ponía en ejercer una crítica frontal y certera hacia el proyecto neoliberal y sus instituciones, cede lugar al planteamiento de los problemas concretos del ejercicio del poder y del cómo proceder para dar respuesta a las expectativas de las nuevas mayorías ciudadanas que dan legitimidad a gobernantes que asumieron de forma explícita el proyecto de encabezar la transformación hacia sociedades más justas y democráticas. La visita que el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hizo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 7 de febrero pasado fue uno de esos raros momentos en los que un gobernante en funciones se dispone al diálogo crítico sobre esas contradicciones sin entregarse al tentador propagandismo de los que se creen representantes de las mejores vanguardias progresistas de la humanidad. A seis años de inaugurado el gobierno de Evo Morales, lo expuesto por García Linera ante la comunidad de su propia alma máter invita a una fructífera reflexión sobre la complejidad del proceso boliviano y, en general, sobre los desafíos que emergen al asumir en la práctica las riendas de un gobierno que aspira a promover transformaciones sociales profundas.

Lo primero que deja claro el gobernante boliviano es que las disputas más relevantes de la coyuntura actual en Bolivia ya no son las que los enfrentaban contra las fuerzas restauradoras del bloque conservador neoliberal. Si bien es cierto que en 2008 dichas fuerzas exhibieron una capacidad efectiva para ejercer control político-territorial en la región oriental del país conocida como la Media Luna y amenazaron seriamente la continuidad del gobierno de Morales, hacia 2009 el panorama ya era mucho menos crítico y el gobierno pudo incluso obtener victorias electorales contundentes en el referéndum aprobatorio de la nueva constitución y en la elección presidencial que confirmó a Morales en el cargo con el 64% de los votos.[1] Ahora el eje de las disputas en la vida política boliviana se trasladó al interior de las distintas fuerzas que componen el bloque gobernante. Es en este momento que se hace evidente que lo que García Linera identifica como los tres pilares del proyecto de refundación estatal boliviano – plurinacionalidad, economía plural y autonomía – no pueden ponerse en práctica sin avivar tensiones relevantes entre los distintos componentes de un mismo campo político. El vicepresidente ve a partir de ese trípode el despliegue de cinco tipos de contradicciones o “tensiones creativas”, llamadas así por encontrarse el proceso en una fase propiamente de reconstrucción estatal de acuerdo con las nuevas bases proclamadas en la constitución de 2009.

La primera de esas contradicciones es la que opone al interés común con los intereses corporativos. Bolivia es escenario de una gran tradición asociativa a todos los niveles, lo cual hace posible una importante capacidad de movilización, pero también produce una amplia gama de intereses corporativos que, en opinión del vicepresidente, muchas veces pueden comprometer recursos estatales que de otra manera estarían reservados para proyectos de interés común. Respaldadas por movilizaciones y bloqueos, demandas de aumento salarial de médicos y profesores en un contexto de escasez de recursos han obligado al gobierno a considerar el uso de las reservas internacionales para atender esas peticiones. Sin embargo, otros sectores que también tienen voz en las decisiones han rechazado esa posibilidad, pues se trata del ahorro de la nación que debería invertirse en proyectos de gran alcance. Para García Linera, la industrialización del país sería uno de esos proyectos capaces de irradiar resultados positivos con mayor amplitud.

El problema es que la utopía industrializadora está en el centro de otra de las tensiones que enfrenta hoy a las fuerzas vivas del proceso boliviano. Por un lado, el desarrollo de capacidades industriales propias permitiría romper con la lógica de la extracción de recursos naturales del suelo boliviano que sólo beneficiaba a inversionistas del exterior y aumentar la riqueza nacional para dar respuesta a las necesidades básicas de mucha gente. Sin embargo, cualquier proyecto en ese sentido presupone niveles de intervención sobre el medio ambiente que pueden ser inadmisibles para quienes enfatizan la defensa de la madre tierra. En efecto, el gobierno de Evo Morales ha incorporado con gran fuerza el proyecto del “buen vivir”, que postula una crítica radical a los modelos de desarrollo económico que conciben a la naturaleza en una lógica meramente instrumental y como fuente inagotable de recursos para la creación de riquezas. La adhesión irrestricta a cualquiera de estas dos visiones, ambas presentes en la base social que da sustento al gobierno, implicaría la anulación de la otra. Por eso García Linera aspira a una solución que se proponga mitigar los impactos de un proyecto industrializador que modere sus intervenciones sobre el medio ambiente para no comprometer a las generaciones del futuro. La reciente disputa con las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en torno de la construcción de una carretera que retrataba las aspiraciones gubernamentales para mejorar la interconectividad entre distintas zonas económicas del país puede ser leída en esa clave.

Otra de las contradicciones de la coyuntura actual opone la lógica del Estado a la lógica de los movimientos sociales. Mientras que el Estado tiende hacia la concentración del proceso decisorio, el monopolio de la administración de lo público y la coerción, los movimientos sociales apuntan hacia la democratización y la desconcentración de las decisiones. Para ejecutar y dar respuesta a muchos de los problemas concretos del gobierno, reconoció el vicepresidente, es necesario concentrar decisiones sin pasar por procesos deliberativos que inviabilizarían una reacción eficaz del poder público. Y sin embargo, tampoco se trata de crear una burocracia dirigente que sabe ella sola lo que hay que hacer y anula cualquier posibilidad de participación desde abajo. Por eso los gobernantes bolivianos están comprometidos también con la desconcentración. ¿Hasta qué punto se honra ese compromiso? García Linera no nos ofreció indicios muy detallados al respecto.

Otra de las contradicciones importantes opone a la lógica del Estado con la lógica de la comunidad. García Linera ve al Estado y la comunidad como antípodas. La primera es comunidad ilusoria y la segunda, comunidad real. Por ello el Estado es incapaz de impulsar desde arriba el despliegue de la economía comunitaria. Ésta sólo puede ser una creación de la propia comunidad. Lo que el Estado sí puede es crear condiciones favorables y habilitar medios para la emergencia de la economía comunal: facilitar créditos, tecnología, mercados, servicios básicos, transporte, etc. Pero la viabilidad de una comunidad tendría que ser fundamentalmente el resultado de un proceso endógeno. Aquí el vicepresidente Linera admite que, aunque en Bolivia se ha ampliado la propiedad comunal, en materia de producción comunal se ha fallado. Las experiencias exitosas son puntuales y lo que abunda son ejemplos de comunidades a las que se les ha apoyado en proyectos económicos que al cabo de unos meses se declaran inviables y se pide la intervención estatal. Algo similar ocurrió con unas comunidades guaraníes a las que el gobierno les entregó algunas unidades productivas expropiadas. Aunque en ese caso no se pidió la intervención estatal, sino que los indígenas beneficiados abandonaron las propiedades expropiadas y se sometieron directamente al régimen de trabajo prácticamente esclavo de las haciendas. Para García Linera esta actitud tiene que ver con las distintas concretizaciones de la soberanía en los pueblos indígenas. Los de las tierras bajas carecen de la experiencia propia de soberanía conquistada que sí tienen los de las tierras altas y tienen una batalla vigente para romper con las relaciones jerárquicas con madereros y hacendados.

De manera que el desafío y las ambiciones del proyecto político del actual gobierno boliviano no son menores. La disección de cada una de las cinco “contradicciones creativas” expuestas por el vicepresidente nos permite constatar que en el propósito de construir un Estado al mismo tiempo plurinacional, de economía plural y de comunidades autónomas la sociedad boliviana transitará todavía por un camino que se anuncia accidentado. De entre las decisiones que se tomen muchas definirán a cuál de esos tres pilares se le dará prioridad, cuál se profundizará, hacia dónde se destinarán los recursos y, consecuentemente, se trazarán nuevas líneas entre ganadores y perdedores. No habrá salida fácil ni solución milagrosa.



[1] Para un análisis más detallado de cómo se reconfiguró el mapa político boliviano tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ver Clayton M. Cunha Filho. O novo mapa político boliviano: uma interpretação a partir dos últimos resultados eleitorais. Observador Online (v. 5, n.6, junio 2010). Disponible en: http://observatorio.iesp.uerj.br/images/pdf/observador/68_observador_topico_Observador_v_5_n_6.pdf