Por Claudia Sarmiento*

Suelo sorprenderme con las personas que afirman que resultaba evidente que el proyecto de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales se convertiría en ley. ¿Cómo sería posible que un país decidiera que es inconstitucional que una niña de 12 años embarazada producto de la violación perpetrada sus familiares más cercanos en el sur de Chile pudiera interrumpir su embarazo? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de personas seríamos si le impusiéramos un camino a seguir? No obstante, las respuestas que para estas preguntas se presentaron durante la tramitación de la ley tanteo en el Congreso, como posteriormente en el Tribunal Constitucional, dan cuenta de una sociedad que debió mirarse a sí misma y enfrentar las inconsistencias más profundas, las miradas más misóginas y la falta de empatía más rampante. Una sociedad que no trataba a las mujeres como las personas que son y con la dignidad que merecen.

La ley N° 21. 030, su diseño inicial, su tramitación y su defensa ante el Tribunal Constitucional y, por sobre todo, el hecho de que hoy estemos hablando de una ley, fue el resultado de muchísimo trabajo y acumulación de fuerzas; no solo de quienes tuvimos la misión de llevar adelante el compromiso programático del Gobierno en esta materia. Muy por el contrario, solo hemos sido un eslabón más dentro de una cadena intergeneracional de mujeres y hombres que creyeron que era indispensable cambiar el estatus quo heredado por la dictadura.

La conciencia de este contexto adverso, uno marcado por una normativa que penalizaba sin excepciones el aborto en Chile, donde todas las iniciativas parlamentarias destinadas a modificar dichas normas no habían siquiera aprobado el trámite de la “idea de legislar”, el veto que existía en las distintas coaliciones abierta o soterradamente al debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en general y a la interrupción voluntaria del embarazo en particular y la sentencia del propio Tribunal Constitucional en el caso de la anticoncepción de emergencia, lejos de constituir un elemento de desaliento, era un llamado al diseño de una estrategia efectiva.

Quienes participamos directamente de este proceso, solíamos bromear con la idea de que esta ley no había sido escrita, sino bordada. Bordar es una actividad tradicionalmente femenina. Habitualmente se la ve como la manifestación de una manualidad sencilla, que se hace en los tiempos libres y su destino es, habitualmente, adornar o cobijar el hogar. Esta acción, mirada con los ojos de quien no la ha realizado, puede parecer una tarea puramente intuitiva, pero no lo es.

Lejos de aquello, el bordar supone un diseño previo y un objetivo claro. Se define qué se bordará, se dibuja, se eligen los colores, se compra el material, se define el tipo de puntada que se dará. Se busca una tela y se la coloca en el telar; luego comienza la tarea de confeccionar, punto a punto, cada una de las partes. Cuando se comete un error, lejos de continuar avanzado, se borran los puntos que estuvieron mal y se vuelve a comenzar.

Al igual que un bordado, la conciencia de las complejidades de la materia y la posibilidad cierta del fracaso determinaron que desde el primer día se diseñara una estrategia legal que distinguió objetivos, principales y secundarios, etapas, identificación de actores relevantes e interlocutores fuera y dentro del Congreso y del Tribunal Constitucional y estrategias de diálogo, relación con los medios, presentación de un discurso y límites de la negociación. Lo anterior fue, además, el resultado del estudio de todos los proyectos de ley presentados para despenalizar el aborto en Chile desde el ’90 al 2014, los fallos de nuestros tribunales, los estándares en materia de derechos humanos, los fallos de los principales tribunales constitucionales en el mundo, el derecho comparado y la doctrina nacional e internacional más relevante.

Pero no solo miramos los textos, miramos las experiencias. En ninguna latitud del mundo la despenalización del aborto, ya fuese bajo un sistema de plazos o de causales, o un híbrido entre ambas fórmulas, fue fácil. A contrario sensu, Parlamentos o Tribunales Constitucionales fueron el escenario de encarnizados debates, donde ningún sector dio tregua al otro.

La conciencia acerca de cómo el derecho opera como un mecanismo de exclusión social cobró una fuerza preponderante en el diseño y trabajo; constatamos que la superación de esta realidad insoslayable sería, en sí misma, nuestro principal objetivo: el debate jurídico y político en Chile sobre el aborto se hacía excluyendo a las mujeres. Ya fuese en la academia, en el seno del debate parlamentario o en la deliberación del Tribunal Constitucional, las soluciones políticas y normativas invisibilizaban a las mujeres. Las voces de quienes eran validados como expertos en la medicina y en el derecho, eran siempre de hombres. Los argumentos jamás atendían a las realidades y sentir de las mujeres y niñas que se encontraban en alguna de las tres causales que reguló el proyecto. Ergo, colocar a las mujeres en el centro era no solo una estrategia necesaria, sino una indispensable reordenación de los límites de lo jurídicamente aceptable.

El quehacer normativo suele ser patriarcal. El derecho muchas veces se viste de neutralidad, pero en los hechos oculta un sujeto ideal masculino y heterosexual. En otras, abiertamente reproduce con mayor o menor crudeza los estereotipos de madre, martir, esposa o carga, tan propios de la división sexual de trabajo. Ahora, es el lugar de la sexualidad y la reproducción aquel donde este diagnóstico se manifiesta con toda su fuerza. Y en este, la enajenación de las mujeres y sus voces ha sido brutal.

El proyecto, entonces, partió desde un punto de no retorno: la voluntad de la mujer, su agencia y autonomía, justificaban la interrupción del embarazo. Esta es primera vez en nuestro país que tal situación se presentaba. Antes de 1989, con la regulación del Código Sanitario, quien tomaba la decisión era el médico. Había un desplazamiento en el agente cuya voluntad era determinante lo que, por supuesto, implicaba que una persona, distinta de la mujer, era considerada más idónea para adoptar una decisión sobre su propia vida.

Un segundo elemento determinante era la regulación de una prestación sanitaria efectiva. Cualquier modificación legal a la penalización sin excepciones del aborto en Chile debía subvertir y renegar de la amarga discriminación que esta norma había propiciado. La clandestinidad estaba cargada de injusticia: quienes contaban con los medios, podían acceder en Chile o en el extranjero a la interrupción de su embarazo. Quienes no, estaban condenadas a hacerlo en condiciones sanitarias deplorables que potencialmente podían derivar en su muerte o en la generación de lesiones que disminuirían su capacidad reproductiva futura o su salud.

No bastaba con contar con una regulación en el Código Penal que operara como una causal de exculpación. Las mujeres que se encontraran en las tres causales no necesitaban pedir clemencia en un tribunal. Necesitábamos una causal de justificación regulada en el texto que miran los operadores sanitarios y este era el Código Sanitario. Esta definición, por lo demás, era tributaria de la tradición médica en Chile.

El tercer objetivo que marcaba los límites de la discusión estaba asociado a la situación de las niñas y las adolescentes. La violación en nuestro país es representada en el ideario colectivo habitualmente bajo dos supuestos. En el primero, un atacante no identificado y desconocido para la víctima, quien será, habitualmente, mujer, la aborda en la noche o en un lugar deshabitado y, en un acto de violencia único, la viola. En el segundo, la víctima, nuevamente, una mujer, indica que fue violada, pero en realidad estamos en presencia de una relación sexual consentida cuya voluntariedad ella posteriormente desconoce. Reza decir que ambas representaciones fueron invocadas por nuestros parlamentarios. Para la primera, la solución era simplemente el recurso a la píldora del día después o anticoncepción de emergencia. Para la segunda, solo resta asumir la propia debilidad de carácter y género con hidalguía. En el caso de ambos, la víctima debía tener una conducta ideal donde denunciaba de manera inmediata, se comportaba de forma tal que mantenía toda la evidencia posible y pedía profilaxis y medicación para prevenir el contagio de ITS de forma inmediata.

Lo cierto es que la realidad estaba bastante alejada de aquellos imaginarios. El debate parlamentario en esta materia estuvo cargado de estereotipos de género y requirió de un permanente ejercicio de ajuste con la realidad. En ésta, sabemos que existe una cifra negra de violencia sexual en nuestro país, pues en la mayoría de estos ataques median relaciones de afecto que hacen que sea complejo para las víctimas el camino de la develación de la violencia sexual. El atacante no es un desconocido, en un sitio eriazo; no es único acto de violencia. Es alguien que estaba llamado a protegerla y que la agredió abusando de la intimidad y el afecto que media en las relaciones de familia. En las cifras, por ejemplo de carabineros o del Ministerio Público, la mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad, y dentro ellos, niñas. Resultaba fundamental garantizar el acceso de esas niñas a la interrupción de sus embarazos si así lo deseaban.

El mandato era claro: tres causales, ni una más, ni una menos. Eso se haría colocando a las mujeres en el centro, garantizando que accedieran a una prestación sanitaria efectiva y atendiendo a la situación fáctica en la que se encontraban las mujeres y las niñas en la tercera causal. Estos eran nuestros objetivos, nuestros imprescindibles; aquello sin lo cual no tenía sentido construir. Y esto, felizmente, prosperó. Había otras materias, importantes por supuesto, pero asumir que el proyecto de ley no sufriría modificaciones era simplemente cándido.

Un cúmulo de estrategias de trabajo fue efectivo y, me imagino, pueden resultar de interés para quienes, respetando las reglas del debate parlamentario y constitucional, quieran bogar por los derechos de las mujeres. Les presentaré algunas, pero hubo otras cuya eficacia bien vale la pena analizar en otro espacio.

La estrategia reconocía un escenario adverso, pero una adhesión social silenciosa, que no comulgaba con un discurso puro y duro sobre autonomía del cuerpo, pero tampoco con uno donde las mujeres no son sino unas vasijas para la procreación, carentes de cualquier atributo o voz sobre su propio destino. Sabíamos que la reivindicación de la consigna mi cuerpo, mi decisión, sería rápidamente denunciado como un discurso egoísta e individualista. La autonomía era nuestro supuesto y objetivo, pero debíamos generar empatía para que fuera aprendida por los sectores indecisos cuyos votos necesitábamos. Una forma de presentarlo fue forzar la pregunta sobre qué es lo que podemos exigirnos en términos de deberes y sacrificios recíprocos en una sociedad que se construye sobre la base de una noción de pluralismo valórico y cultural. Es decir, ¿es razonable exigir este grado de sacrificio por el peso de las propias convicciones a un tercero? Esta pregunta obligaba, nuevamente, a mirar a las mujeres concretas que se encontraban en las tres trágicas causales, y no a responder desde un vacío moral. Obligaba también a los interlocutores a observar su propia condición, es decir, aquello a lo que usted estaba dispuesto a ceder o conceder en favor de un tercero hipotético.

Por lo pronto, el proyecto de ley encontraba fundamento sólido en el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien no existe una mención explícita al aborto como un derecho, ciertamente si lo es el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la dignidad, la igualdad y la salud. Y para todos ellos contábamos con sentencias, recomendaciones, observaciones generales y otros instrumentos que nos permitían sostener no solo la legitimidad de las tres causales conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, sino la ilegitimidad del estado de cosas constitucional y legal en Chile. A fortiori, y casi como si fuera un mantra, en cada defensa y en cada declaración, replicamos que la voluntad de la mujer y sus opciones de vida estaba en el centro de la normativa proyectada y que tenía un respaldo sólido en el derecho internacional de los derechos humanos.

Para desterrar el tabú, para prevenir la argumentación fácil en relación con la premura del debate, se propició por todos los involucrados un verdadero diálogo ciudadano al interior del Congreso y también en el Tribunal. En el primero, el proyecto, ahora ley, se estudió primero en la Cámara de Diputados por la Comisión de Salud, luego la de Constitución y después la de Hacienda. En el Senado, en las mismas tres –Salud, Constitución y Hacienda. Estuvo en ambas salas, además de pasar a tercer trámite y a Comisión Mixta. En las Comisiones, se recibió a muchísimas organizaciones, académicos y profesionales de todo el país. Me atrevo a apostar que debe ser uno de los proyectos que más audiencias ha tenido en la historia del Congreso.

Lo propio se presentó en el Tribunal Constitucional. Durante dos días se escucharon cientos de organizaciones, las cuales hicieron ver su parecer sobre la constitucionalidad de las tres causales.

Nada de esto fue espontáneo. Se realizaron esfuerzos para incentivar la participación y la exposición de motivos en el Congreso y en el Tribunal Constitucional. A la postre, estos esfuerzos redundaron en sanas complicidades, donde, cada cual desde su rol y respetando la agenda e intereses de los demás, se sumó al coro de voces que superaron el manto de silencio impuesto por tantos años. A falta de una mejor palabra, primó la sororidad de todas y todos quienes participamos.

La aprobación de esta legislación es el comienzo de un cambio jurídico y cultural más grande. Resta mucho por avanzar, pero sin duda avanzamos.

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Claudia Sarmiento es abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Filosofía del Derecho por la New York University. Durante los años 2014 y 2017 fue Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y actualmente es abogada asesora en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia