El discurso de la primera ministro Theresa May, en el espacio de la Casa Lancaster en Londres el pasado martes 17 de enero, sentó las bases para la materialización de la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE).

Una decisión que fue aprobada en un controvertido y disputado referéndum convocado por el ex primer ministro conservador, David Cameron, el 23 de junio de 2016.

Aunque ella fue contraria al Brexit, como primera ministro ha asumido la tarea de materializar el mandato mayoritario (52%) de la ciudadanía británica. “Get on with it” –expresó.

La decisión es clara: Gran Bretaña abandonará el mercado común europeo, dará término al libre movimiento de ciudadanos, bienes y capitales de la UE hacia el Reino Unido y viceversa. Establecerá sus propias tarifas e intentará negociar un acuerdo de libre comercio con la Europa continental.

La ministra May confirmó que Gran Bretaña está decidida a retomar el control de las inmigraciones desde la UE, rechazando la jurisdicción de la Corte de Justicia Europea (CJE).

Tal medida es anatema para la UE, dado que afecta los principios básicos que rigen el libre movimiento de personas, mercaderías, capitales y servicios, los cimientos mismos en que se asienta el conglomerado y que son regulados y arbitrados por la CJE.

Algunas consecuencias económicas

La apuesta del gobierno británico de abandonar el mercado común y buscar un acuerdo amplio de libre comercio con la UE, probablemente deberá basarse en el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), ya que ambas partes son miembros de la Organización Mundial de Comercio (WTO) y suscriptores de los mencionados acuerdos.

Sin embargo, el asunto no parece tan sencillo, señalan algunos analistas.

De partida, la UE insiste en resolver cuanto antes los términos del divorcio de acuerdo al Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual regula las condiciones del retiro de un país miembro de la UE, previamente a discutir cualquier relación futura.

Ello dejaría al RU en una situación de transición muy vulnerable. Además, en consideración a la mayor dependencia que el mercado del RU tiene respecto del mercado europeo que viceversa, la situación para el primero es altamente asimétrica en su contra.

Por otra parte, existirían deudas impagas del RU hacia la UE del orden de unos 64.000 millones de dólares las que, sin duda, los continentales incluirán en el paquete a negociar.

La idea de la primera ministra de tener firmado un acuerdo comercial con la UE para marzo de 2019, es decir, en el plazo de dos años, es poco realista en virtud de las complejidades que implican negociar y ratificar, sector por sector, las múltiples variables. Es de imaginar el cambio total en los procedimientos burocráticos para adaptar el control de aduanas entre, por ejemplo, Irlanda del Norte (RU) y la República de Irlanda (UE).

El acuerdo comercial y económico entre Canadá y la UE tomó siete años en tramitarse y estuvo a punto de ser vetado por el parlamento valón belga, por ejemplo.

Por otra parte, si se cumple el plan trazado por los Tories, los efectos sobre el ciudadano común británico serán bastante negativos, por no decir devastadores. En su reciente fallo, la Corte Suprema Británica (CSB) tomó en consideración la legislación aprobada por el Parlamento en 1972, cuando el RU se hizo miembro de la UE. En esa oportunidad se incorporaron leyes, especialmente de carácter social, al cuerpo legal británico. El abandono del conglomerado europeo, dejará sin efecto un buen número de leyes de protección social y de derechos, garantizados por la Unión.

Posibles consecuencias políticas

La CSB dictaminó el 24 de enero pasado, que Theresa May debe asegurar la aprobación del Parlamento antes de iniciar el proceso de desvinculación, es decir, de activar el Artículo 50. Sin embargo, un rechazo parlamentario es poco probable, según observadores. El propio líder Laborista, Jeremy Corbyn, es partidario del Brexit, por ejemplo.

El problema del dictamen supremo es que incluye la decisión de negar cualquier facultad de veto a los parlamentos nacionales escocés, galés y norirlandés sobre la materia. Aspecto que ha puesto al descubierto antiguas tensiones que afectan a la democracia británica, la que ha funcionado por siglos en una relación de desigualdad entre las cuatro naciones, una cámara alta no elegida democráticamente y sin una constitución escrita.

Tanto en Escocia como en Irlanda del Norte el voto mayoritario fue a favor de permanecer en la UE.

El portavoz del Partido Nacionalista Escocés, Stephen Gethins, declaró que la falta de democracia en el corazón de las cámaras del Parlamento Británico, ponen en cuestión el futuro de la unión.

La primera ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, manifestó que la decisión de la Corte Suprema Británica provoca que el llamado a un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, gane fuerza. “Es cada vez más claro que la voz de Escocia no está siendo oída en el Reino Unido”, declaró Sturgeon.

Gerry Adams, líder del partido nacionalista católico Sinn Fein, declaró que el “Brexit socavará la integridad institucional, constitucional y legal del Acuerdo de Viernes Santo”, de abril de 1998, que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

Para la UE se presenta el riesgo de que otros países sigan el ejemplo británico si las condiciones que logre negociar el RU resultaren más atractivas que permanecer atado a Bruselas. De aquí, probablemente, la insistencia de la UE en dar curso al proceso de desvinculación, antes de iniciar negociaciones para una nueva relación.

Las elecciones presidenciales en Francia, programadas para mayo próximo y las de Alemania para septiembre, constituirán también una poderosa señal, especialmente en el primer caso, en el que Jean-Marie Le Pen y su partido de extrema derecha Frente Nacional, opuestos a la UE, tienen algunas chances de ganar.

En todo caso, en muchos países miembros de la UE se han constituido partidos políticos y movimientos, generalmente de derecha o bien de filiación comunista, que abogan por el término de la UE. Pero, hasta el momento constituyen movimientos relativamente minoritarios.

Seguridad y Defensa

La vigencia u obsolescencia de la OTAN.

En la actual UE existen dos potencias nucleares: Inglaterra y Francia. Ellas son relativamente menores comparadas con USA, Rusia y China.

Si bien el Brexit afectaría el poder disuasivo de Europa en algún grado, esta visión se vería relativizada por nuevos ingredientes que afectarían al pilar de seguridad y defensa europeas.

En primer lugar, los planes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de hacer una revisión a lo que él calificó como una “institución obsoleta”, la OTAN. Al menos en los aspectos presupuestarios, Trump ha manifestado su rechazo a que los Estados Unidos sigan manteniendo el mayor peso económico del sistema defensivo europeo. Mientras USA alcanza gastos cercanos al 7% del PIB en defensa, sus aliados europeos no sobrepasan el 2% en promedio.

Sumado a lo anterior, aparentemente el nuevo mandatario americano intenta una nueva aproximación respecto a las relaciones entre su país y Rusia, el potencial enemigo de Europa que justificaría la vigencia de la Alianza Atlántica.

La OTAN fue un instrumento creado durante la Guerra Fría para disuadir a su contraparte, el Pacto de Varsovia formado alrededor de la Unión Soviética. Pero, tanto el Pacto de Varsovia como la Unión Soviética dejaron de existir a principios de la década de 1990, hace un cuarto de siglo atrás.

De tal modo que no es fácil para los gobiernos de la UE justificar un aumento en el gasto de defensa en circunstancias que la crisis económica financiera iniciada en 2008 aun mantiene sus efectos. Consecuentemente, la UE ha forzado un programa de austeridad fiscal que ha afectado no sólo el desarrollo sino el mantenimiento del estado de bienestar de pre crisis.

Los intentos de la OTAN de expandirse hacia el Este para incluir a Ucrania, mediante un golpe de estado que derrocó al presidente pro-ruso Yanukovych en Febrero de 2014, tuvo como respuesta casi inmediata la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo del mismo año.

Consecuencias geopolíticas

Los gobiernos del Reino Unido y de Alemania han representado puntos de vistas divergentes en algunos temas relativos a política exterior y de seguridad. El primero más cercano a posiciones “atlanticistas” y por lo tanto más proclive a cerrar filas con las políticas exteriores de los Estados Unidos, mientras que el segundo se ha manifestado por una política exterior y de seguridad europea más independientes.

Lo anterior se reflejó en las voluntades radicalmente opuestas en cuanto a la intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente.

Mientras en 2003 el primer ministro Tony Blair fue un entusiasta colaborador con la intervención militar norteamericana en Irak, el Canciller alemán Gerhard Schröder estaba convencido de que era posible el desarme pacífico de Saddam Hussein en base a la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU.

La diferencia de perspectivas en las políticas exteriores y de seguridad entre ambos países se ha mantenido con los años y puede ser explicable.

Desde el desarme de postguerra Alemania quedó vetada de desarrollar armas nucleares. Tampoco era de su interés rearmarse. Su aproximación a los conflictos ha sido más cercana a las soluciones mediante el diálogo a través de los organismos internacionales, como la ONU, que a las intervenciones militares.

Tanto Alemania como Rusia han experimentado la destrucción mutua en el pasado y están dispuestos a buscar arreglos pacíficos de beneficio mutuo. Por ejemplo, a partir de la caída del Muro de Berlín y de la reunificación alemana, el país ha perseguido una relación de entendimiento e interdependencia con Rusia. Un tercio de la energía, en la forma de gas natural, proviene desde Rusia, mientras que unas 300 industrias alemanas generan un flujo exportador hacia Rusia. De manera que, las represalias económicas a este último a raíz de las tensiones en Ucrania, han afectado a ambos países.

La salida del RU de la Unión, probablemente moverá el centro de gravedad geopolítico de Europa hacia el Este. La preponderancia de Alemania como potencia económica en el continente se verá reforzada y sus posibilidades de promover el desarrollo económico y político en Eurasia se podrían ver incrementadas.

A lo anterior habría que sumar la probabilidad de que bajo el gobierno de Donald Trump la Alianza Atlántica se debilite, desaparezca o bien sea reemplazada por un sistema defensivo más independiente, como lo fue en su oportunidad la Western European Union (WEU).

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su cuenta twitter, si bien consideró el proceso como “triste, bajo tiempos surrealistas, al menos el anuncio de Theresa May fue realista”.

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier dio la bienvenida a las palabras de la primera ministra, las que deseaban “una asociación positiva y constructiva, junto a una amistad con una Unión Europea fuerte”, “actitud que Alemania sabrá corresponder”.

En opinión de este autor, sin el ancla atlanticista del Reino Unido, la Unión Europea podrá reorientar su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) hacia un mayor entendimiento y cooperación con Rusia como, asimismo, podría recuperar su crecimiento y desarrollo económico mediante el intercambio con Eurasia y sus mercados emergentes, abundantes en recursos.