Por Juan Cristóbal Marinello

Mi principal sensación ante proceso independentista en Cataluña durante estos años —al que me ha tocado asistir en primera persona— ha sido la de una profunda inquietud. Como historiador, me resultaba difícil imaginar un final factible en el caso que ambas partes decidiesen llevar sus posturas hasta las últimas consecuencias. En el fondo, nos encontramos con una reivindicación nacional característica de otras épocas, llevada adelante en pleno siglo XXI y en un Estado de la Unión Europea. Un contexto en el que las salidas tradicionales que han tenido este tipo de conflictos —la lucha armada y la represión militar— resultan afortunadamente impensables. Si ni el Gobierno español ni la Generalitat renuncian a sus posiciones, nos encontraremos en un territorio inexplorado y novedoso. De ahí el vértigo que se ha sentido en la sociedad catalana durante estas últimas semanas, ya que si damos vuelta la famosa máxima de Marx, cuando la historia no se repite como farsa tiende a ser tragedia.

Sea que se considere la nación como realidad histórica o una comunidad imaginada, lo cierto es que resulta difícil negar el carácter nacional de Catalunya. En sus elementos básicos, la nación catalana no se diferencia mucho de la chilena, construyéndose en torno a una lengua, un territorio, una cultura, una historia y unos símbolos compartidos. La principal diferencia es la coexistencia en un mismo territorio de identidades nacionales diferentes, que viven muchas veces separadas y que, de hecho, dificultan en gran medida realizar lecturas homogéneas de la sociedad catalana.

Otra diferencia relevante es que, hoy en día, la nación se ha engranado hasta tan punto en nuestra vida cotidiana que su continuo proceso de reproducción simbólica se vuelve rutinario y deja incluso de ser percibido, como se puede ver en Chile cada 18 de septiembre. Este “nacionalismo banal”, como lo definiera Michael Billing,[1] se vuelve problemático en Catalunya en cuanto la naturalización de la propia identidad nacional exacerba la percepción del carácter artificial de las identidades alternativas. Es por esto que muchas veces ni españoles ni catalanes se perciben a sí mismos como nacionalistas, sino que como “gente normal” que se defiende del nacionalismo agresivo y autoritario del “otro”.

Nación y nacionalismo, por más banalizado que sea, son dos realidades que van de la mano, en cuanto la nación requiere de un proyecto político. En este sentido, la nación catalana difícilmente existiría sin el catalanismo, surgido entre las élites conservadoras durante el siglo XIX, para transformarse en un movimiento de masas de la mano del republicanismo durante las primeras décadas del XX. Tras el trauma de la guerra civil y el franquismo, el catalanismo de derechas y de izquierdas se integró como el resto de las principales fuerzas políticas españolas en el consenso de la transición, apostando por una construcción progresiva del autogobierno. Simbólicamente, el pacto quedó sellado a través del reconocimiento en la constitución de 1978 del “derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones” en el contexto de la “indisoluble unidad de la nación española”.

Los recortes del Tribunal Constitucional al nuevo Estatuto de Autonomía en el 2010 fijaron un límite al autogobierno catalán y forzaron a los partidos catalanistas a posicionarse con respecto a la soberanía de Cataluña y la posibilidad de la independencia. Sin embargo, este sentimiento generalizado de agravio difícilmente se hubiese transformado en un movimiento independentista de masas de no haber sido por la devastadora crisis económica. La derecha catalanista justificó los duros recortes sociales a través del “déficit fiscal” que sufría Cataluña en su relación con España, tocando fibras profundas en una sociedad castigada por la crisis. A diferencia de las fantasías neo-keynesianas levantadas tímidamente por la izquierda, la independencia ofreció así una salida aparentemente plausible y lógica a la austeridad.

Por otra parte, esto ha permitido que el movimiento independentista sea sumamente transversal, aglutinando desde la derecha catalanista hasta la izquierda anticapitalista de las CUP, y estableciendo también una estrecha relación con la sociedad civil que ha permitido un elevado grado de complicidad entre movimiento político y movimiento social. La configuración inicial del bloque soberanista en torno al “derecho a decidir” significó también la incorporación de sectores de la izquierda catalana partidarios de un referéndum pero no de la independencia; abandonándolo luego a medida que el independentismo se decantaba por una solución unilateral.

El unionismo militante ha constituido hasta hace poco una silenciosa minoría, enrocada en las posiciones reaccionarias del nacionalismo español más rancio. Esto ha privado a la sociedad catalana de un debate serio en su interior sobre la independencia, además de minimizar los cuestionamientos internos a las profundas contradicciones del procés. En este sentido, los lamentos de la derecha catalana ante el autoritarismo del Estado español aparecen como un ejercicio de profundo cinismo luego de la draconiana represión a la que fueron sometieron a los movimientos sociales en Cataluña durante los peores años de la crisis. Los teóricos del déficit fiscal se olvidan de decir que los que tributan son las personas y no los territorios, por lo que es normal que las zonas más ricas paguen más impuestos. Y para que hablar del proyecto de las CUP de transformar la independencia en un proceso de construcción del socialismo en Cataluña, que contrasta claramente con la falta de apoyo a la independencia entre los estratos más pobres y precarios de la población.[2]

La debilidad de las voces críticas ha significado también que, desde sus inicios, la estrategia adoptada por un sector mayoritario del independentismo se dirigiese inexorablemente hacia un callejón sin salida. Una de las metáforas más repetidas al comentar la evolución del procés es la de “pasar de etapa”, como en los videojuegos. La idea de fondo es que a través de una escalada de reivindicaciones, con las consiguientes negativas del gobierno español, el movimiento independentista se iría “cargando de razones” de cara a la opinión pública mundial.

He aquí el principal drama del procés, y es que el movimiento independista ha fiado prácticamente todas sus posibilidades de éxito en la respuesta de la comunidad internacional. De ahí que la primera gran manifestación del 2012 se abriera con el lema en inglés: Catalonia new state of Europe, o que las movilizaciones de los años siguientes hayan sido concebidas como grandes coreografías destinadas al resto del mundo. Esta parte del independentismo ha considerado que el endurecimiento del conflicto acabaría forzando a la Unión Europea a mediar. Una expectativa muy poco realista, considerando que pocos Estados están dispuestos a sentar el precedente de la secesión de una de las regiones más ricas del país. Por otra parte, como demostró lo sucedido con Syriza en Grecia, los poderes europeos están más que dispuestos a dejar caer todo el sistema económico comunitario antes que permitir experimentos políticos peligrosos.

De todas formas, las debilidades y contradicciones del independentismo palidecen ante la inoperancia, ineptidud e indolencia del Gobierno del Partido Popular. Durante estos años, Mariano Rajoy se ha dedicado a no hacer absolutamente nada, parapetándose detrás de la intangibilidad de la constitución, postura del todo hipócrita considerando la rapidez con que se reformó en 2011 para adaptase a las imposiciones de la Troika. El PP se ha limitado a sacar réditos políticos del difundido sentimiento anticatalán que existe en el resto de España, afirmando que el independentismo es el proyecto de unas élites políticas de vocación totalitaria, que habrían logrado abducir a los catalanes a través del control de la educación y los medios de comunicación. Basándose en esta lectura, el Gobierno activó una operación de los aparatos del Estado para desprestigiar los líderes catalanistas, con tal falta de seriedad que ha sido aireada casi en su totalidad por la prensa.

La estrategia de cerrarse completamente a ofrecer salidas políticas y limitarse a judicializar el conflicto llevó a las inaceptables escenas vividas durante el 1 de octubre. Con su desastroso manejo de la situación el Gobierno español transformó un referéndum sin posibilidad alguna de reconocimiento, en una masiva movilización popular. Por si fuese poco, la brutal represión policial se vio incapaz de contener la votación y, por el contrario, generó una indignación internacional que situó al proceso independentista en primera plana.

Después de años de anunciarse, el “choque de trenes” —otra de las metáforas favoritas del procés— parece finalmente próximo a producirse. Tras la surreal declaración de independencia de la semana pasada, inmediatamente suspendida, el Gobierno español ha contratacado con un ultimátum y la amenaza de suspensión del autogobierno en caso de que la Generalitat se niegue a rectificar. Durante los últimos días, las presiones económicas y políticas sobre el Gobierno catalán se han multiplicado, iniciándose esta semana una nueva fase de consecuencias imprevisibles.

Más allá de la ausencia de apoyos internacionales, el principal problema del independentismo catalán es que se encuentra atrapado en un persistente “empate técnico”. El proceso participativo realizado en noviembre de 2014, las “elecciones plebiscitarias” del 2015 o el referéndum del pasado 1 de octubre, han contado con una masiva participación electoral que, sin embargo, no ha conseguido ser mayoritaria. Resulta evidente que el derecho de autodeterminación no puede ser ejercido sólo por una parte de la nación, por lo que en la situación actual sólo un referéndum pactado y vinculante podría romper el bloqueo.

Esta ha sido la apuesta de Podemos y de la izquierda catalana agrupada en torno a Ada Colau; sin embargo, sigue siendo tanto la única salida posible como la menos probable en estos momentos. La idea de fondo en la que se basan estas fuerzas es la de una crisis terminal del régimen español nacido de la transición que, desde mi punto de vista, aparece como sobredimensionada. No es imaginable ahora una mayoría en Madrid dispuesta a ceder sobre el principio de la soberanía nacional compartida por todos los españoles, ni tampoco que las tímidas propuestas de mejorar el “encaje” constitucional de Cataluña puedan reencantar a ese gran sector de la sociedad catalana que ha rescindido sus lazos con España.[3]

Las innumerables voces que han llamado al diálogo en estos días esconden esta realidad inconfesable, es decir, que en la situación actual una negociación o mediación sólo puede basarse en la capitulación de una de las partes. Sin esta renuncia, nos abocamos esta semana a la posibilidad de una escalada del conflicto de consecuencias funestas, a través de la declaración definitiva de la independencia y/o la suspensión de la autonomía.

Sea cual sea su resultado final, cuando el independentismo decidió encaminarse por la vía unilateral, abrió un proceso que claramente se puede definir como revolucionario. El procés buscar actualmente transformar el régimen político a través de medios democráticos aunque ilegales. He ahí un elemento que debe interpelar a la izquierda, que en general ha tendido a dejar de lado las reflexiones sobre la revolución y asumir que la democracia constituye un espacio en el que siempre es posible el acuerdo.

Sin embargo, como ha mostrado la historia de Chile y de España, la democracia es un mecanismo sumamente imperfecto para solucionar los conflictos cuando las fuerzas sociales antagonistas son portadoras de proyectos políticos excluyentes. En ambos casos, el resultado fue una larga y oscura noche autoritaria que restableció el consenso a través de la violencia. La sólida apuesta democrática que ha caracterizado a la izquierda en las últimas décadas no debe hacer olvidar que mientras se siga creyendo en un proyecto de transformación profunda de la realidad, la revolución no desaparecerá del horizonte. Lo que suceda en los próximos días en Catalunya puede darnos algunas pistas sobre como imaginar la revolución (o sus fracasos) en el siglo XXI.

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[1] Michael Billig, Banal nationalism, Londres, Sage, 1995.

[2] Kiko Llaneras, “El apoyo a la independencia tiene raíces económicas y de origen social”, https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/ratio/1506601198_808440.html

[3] Un interesante análisis sobre la crisis del régimen español nacido durante la transición en Jaime Pastor, “El fracaso histórico del nacionalismo español”, Cuadenos de Coyuntura, N°19 (Primavera 2017), pp. 33-38. http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/20170921_CC19-Internacional.pdf


Juan Cristóbal Marinello es Investigador post-doctoral en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.