Desde el derrumbe del bloque socialista europeo, la transformación capitalista de los socialismos asiáticos y con el paulatino ocaso de la Revolución Cubana, la izquierda radical se ha quedado sin referentes. Así, las fuerzas políticas y sociales que impulsan una salida del largo momento neoliberal por el que atraviesa el mundo, aun cuando se han hecho fuertes en la crítica a las consecuencias de este modelo, no han llegado muy lejos a la hora de las propuestas. El aglutinamiento de muchas de estas fuerzas bajo la identidad negativa de la lucha anticapitalista es una muestra palpable de esta debilidad práctica y conceptual.

En este escenario, y ante la necesidad de proponer objetivos ya alcanzados por un modelo de sociedad aún no extinto, la izquierda radical chilena ha transformado los logros sociales de los países nórdicos en la base de muchas de sus propuestas. Así las cosas, estas sociedades se han transformado en referencia obligada para los críticos más ácidos del sistema educativo y el esquema de relaciones laborales de Chile. No obstante, la transformación de estos países en el nuevo faro para la construcción de sociedades igualitarias requiere de un proceso de contextualización que en Chile prácticamente no se ha hecho.

En una columna publicada el año 2015 en la Revista Jacobin, Rune Møller Stahl y Andreas Møller Mulvad se preguntaban qué es lo que hace especial al modelo de desarrollo nórdico. En ese ejercicio, los autores destacan que la homogeneidad racial de estas sociedades no es el factor que permite explicar por qué ha sido tan difícil alcanzar el mismo estándar en otros contextos. Por el contrario, señalan que la clave del excepcionalísimo nórdico puede situarse en dos niveles de importancia. Primero, en la fortaleza de la alianza entre el movimiento sindical y su principal expresión política: la socialdemocracia. Y segundo, en la capacidad de esta alianza para buscar aliados en otros movimientos sociales con una agenda democrática e igualitarista.

Para demostrar la irrelevancia del aspecto racial, Møller Stahl y Møller Mulvad advierten que los países nórdicos no tienen un peor historial de racismo que otros con distintos sistemas de protección social; ni han hecho de la exclusión racial un elemento central del funcionamiento de sus estados de bienestar. Aun cuando esta argumentación parece razonable desde el punto de vista histórico y conceptual, sólo explica la irrelevancia del racismo institucional y evidente en el establecimiento de un sistema de seguridad social de amplias prestaciones universales; mas no de la influencia de la diversidad racial sobre este particular desarrollo a través de otros canales.

En relación a este último punto, Hall y Leeson (2010) sugieren que la heterogeneidad racial juega un rol central en la calidad de los bienes públicos provistos por un Estado; un aspecto de gran relevancia para el logro de objetivos igualitaristas. El mecanismo causal detrás de esta asociación sería la mayor dificultad para definir las características de los bienes públicos que un gobierno debe proveer en contextos de mayor heterogeneidad racial, bajo el supuesto de que individuos diversos persiguen objetivos disímiles y muchas veces contrapuestos. De este modo y en contraposición a lo señalado por Møller Stahl y Møller Mulvad, es posible imaginar una sociedad carente de muestras evidentes de racismo, en la cual el logro de objetivos sociales de corte igualitarista sea limitado por un mayor grado de diversidad racial.

En el caso de América Latina, Alesina et al. (2003) muestran que los países más heterogéneos desde un punto de vista étnico son también aquellos con menor crecimiento económico, peor diseño de políticas públicas e instituciones más débiles. Siguiendo una argumentación similar a la de Hall y Leeson, estos investigadores señalan que la mayor heterogeneidad étnica de una sociedad puede debilitar los consensos necesarios para apoyar reformas económicas e institucionales, como las que se requieren para alcanzar altos grados de igualdad política y económica. Sin embargo, determinar qué se entiende por heterogeneidad étnica o racial en América Latina es un desafío que debe ser abordado con mayor detención.

En relación a este problema, Alesina et al. proponen acercarse al concepto de diversidad racial a través de las diferencias de tonalidades de piel que existen entre los latinoamericanos. Esta idea es reforzada por el sociólogo Edward Telles, cuya descripción de América Latina es precisamente la de una sociedad pigmentocrática en la cual el color de piel es la principal variable de diferenciación. Problemáticamente, los datos que utilizan Alesina et al. para su investigación se basan, en su gran mayoría, en preguntas de auto-identificación étnica. Así, futuras investigaciones en este campo requieren una aproximación más precisa al concepto de heterogeneidad racial en Latinoamérica.

Desde un punto de vista puramente teórico, es factible suponer que tanto la auto-identificación étnica como la clasificación por colores de piel sean factores de diversidad con capacidad de afectar el logro de objetivos igualitaristas en América Latina y Chile. Es esperable que las posibilidades de disenso entre distintos grupos –entendido éste como el canal a través del cual la diversidad impacta en la concreción de reformas políticas y económicas– dependan de la construcción de movimientos sociales en torno a identidades étnicas e, igualmente, de la discriminación inspirada en diferencias fenotípicas. A esto último se asocia la posibilidad de crear grupos de interés racialmente definidos, mientras que de lo primero depende la articulación política de los mismos. De este modo, ambos factores deben ser analizados conjuntamente para entender el influjo de la diversidad racial sobre el logro de objetivos igualitaristas.

Bolivia y Ecuador, dos países muy heterogéneos desde un punto de vista étnico-racial, han asumido durante la última década el desafío simultáneo de combatir la desigualdad e integrar a los grupos indígenas y afrodescendientes por largo tiempo discriminados. Con una combinación de leyes de reconocimiento, anti-discriminación y políticas redistributivas, ambos países son los dos que más han logrado reducir la desigualdad en América Latina durante la última década (ver gráfico). Este logro ejemplifica la necesidad de institucionalizar los conflictos étnico-raciales para alcanzar objetivos igualitaristas en sociedades heterogéneas. Sin este tándem de medidas, el conflicto subterráneo entre distintos grupos no encuentra canales de solución, minando las posibilidades de acuerdo en torno a las grandes reformas que se requieren para alcanzar tales objetivos.

Contrariamente a Bolivia y Ecuador, Chile es uno de los países latinoamericanos que menos ha progresado en reducción de la desigualdad durante el mismo período de tiempo. Esto ocurre bajo gobiernos de centro-izquierda con una agenda redistributiva moderada y, fundamentalmente para el interés de esta columna, ante la total ausencia de esfuerzos políticos por institucionalizar el conflicto mapuche –que ocurre en la región más pobre del país– y de reconocer la diversidad étnico-racial de Chile. La explicación para esta incapacidad político-cognitiva radica en lo extendido del mito de la homogenización racial entre las élites políticas y académicas del país (Barandiarán, 2012).

En este escenario, la ensoñación con un país capaz de replicar las políticas sociales de los países nórdicos, mayormente homogéneos desde un punto de vista étnico-racial al minuto de su implementación; colisiona directamente con el amplio abanico de tonalidades de piel que atraviesan de norte a sur nuestro país, así como con el recrudecimiento del conflicto étnico entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Asumir el desafío de construir una sociedad más igualitaria requiere que la izquierda radical chilena pierda su visión ingenua sobre la traslación de reformas gestadas en otros contextos e integre la dimensión étnico-racial en su análisis de los problemas sociales de nuestro país. Para implementar exitosamente las reformas que Chile necesita con tal de combatir la desigualdad, se necesita en primer lugar sacar a flote e institucionalizar los conflictos subterráneos que limitan un amplio apoyo para las mismas.