El conflicto de las Universidades

Desde las movilizaciones del 2011, la presencia de organizaciones estudiantiles universitarias en los medios de comunicación ha sido frecuente, al punto que el movimiento estudiantil corre el riesgo de dejar, por rutinario, de ser noticia. En efecto, las federaciones estudiantiles de mayor renombre este año han instalado de forma muy esporádica las demandas del movimiento estudiantil. Ello no ha impedido, sin embargo, que distintas disputas por la estructura y sentido de la Universidad se visibilicen a través de otros actores. De esta manera, solo en las últimas semanas los rectores de la Universidad de Chile y Católica de Chile han intentado posicionar la particularidad de las Universidades que dirigen –levemente democrática y con algún diálogo con la comunidad universitaria en el caso de la primera, fuertemente católica y sin diálogo con los otros actores de la Universidad en el de la segunda- ante nuevas disposiciones del Estado: El proyecto de Ley de Universidades del Estado y la limitada legalización del aborto en Chile.

En lo que sigue, me interesa argumentar que ambos debates, aparentemente inconexos, no solo responden a una coyuntura similar, sino que además uno puede solucionar el problema abierto por el otro. Esto es, que solo una Universidad pública de carácter democrático puede arremeter contra una reacción conservadora que puede dar pie a que una Universidad se arrogue, como institución, el derecho a prohibir a sus miembros la realización de una intervención médica autorizada por el Estado, incluso en establecimientos del Estado.

Democracia y calidad universitaria

Ante el debate abierto por el lucro en la educación, hoy pareciera imperar una condena transversal al lucro que se limita a cuestionar las triquiñuelas legales para lucrar, sin comprender de manera acabada de los efectos nocivos que tiene el lucro en la educación. De este modo, pareciera haberse impuesto el slogan de la derecha que asegura que no hay relación entre lucro y calidad. Tal argumento yerra por el simple motivo de que una Universidad que funciona como una empresa racionaliza sus gastos hacia aquello que le puede generar ingresos: reduce y orienta la investigación hacia criterios que aseguren la acreditación para obtener más recursos, precariza el trabajo de quienes trabajan en la Universidad, ofrece las carreras que tienen mayor demanda, o incluso limita la adquisición de libros hacia las bibliografías obligatorias de los cursos más masivos, lo que dificulta que las y los estudiantes puedan interesarse por lo que queda fuera de la formación concebida de esa manera. De esta manera, el hecho de que haya becas que brinden gratuidad a algunas franjas del estudiantado no impide que el lucro atente directamente contra las posibilidades de que las Universidades funcionen de la mejor manera posible[1].

Por lo mismo, para que una Universidad pueda funcionar de manera adecuada, no solo ha de prohibir el lucro: además, debe asegurar condiciones para investigar y estudiar que no estén condicionadas por las urgencias económicas de publicar, aprobar cursos o incluso terminar una carrera. Pese a ello, como es sabido, en Chile el mercado impone sus términos incluso en las Universidades públicas. Como bien se ha criticado, las reformas realizadas por el gobierno de Bachelet no han hecho retroceder al mercado en la educación ni fortalecido la educación pública. En este nuevo proyecto de ley, se busca hacer competir a las Universidades entre sí y se propone un modelo gerencial de administración que profundiza la lógica de la Universidad como una empresa, de acuerdo a las necesarias críticas que ha recibido el proyecto.

Si bien la movilización de las comunidades de algunas universidades estatales ha logrado detener parte de esta última medida, la nueva versión del proyecto de ley sigue lejos de fortalecer y mejorar la educación pública. Actores e investigadores de la movilización lo han explicado mucho mejor de lo que acá pudiéramos hacer. Simplemente, por ello, nos interesa destacar un punto que, dentro de las concepciones imperantes, parece accesorio para el buen funcionamiento de la Universidad: Su democracia interna.

Dentro de la mirada neoliberal imperante, la única relación posible entre el gobierno de la Universidad y su calidad es la de la la gestión empresarial. Es sintomática, en ese sentido, la crítica de Harald Beyer al actual ordenamiento democrático de la Universidad de Chile de rústico. Y es que, dentro de la lógica del mercado, la democracia solo implica una pérdida de tiempo y eficiencia que podría ahorrarse en nombre de una concepción de la calidad que compara cuantitativamente ciertos índices, sin considerar los contextos sociales que imponen distintas tareas a la Universidad, impensables desde la lógica de la tecnocracia y sus indicadores. Beyer, de hecho, considera “razonable” que el Senado universitario no tenga rol en la elaboración del plan estratégico de la Universidad. De este modo, el proyecto original del gobierno, más cercano a la mirada de Beyer que a de los miembros de las Universidades, amenaza la autonomía de las Universidades al instituir un Consejo Superior compuesto por una mayoría de miembros no escogidos por la Universidad.

Desde una mirada neoliberal, en efecto, podría criticarse esa medida porque difícilmente un delegado del gobierno podría tomar decisiones eficientes ante un sistema universitario del que no forma parte. Sin embargo, para superar la mirada neoliberal al sistema universitario es necesario afirmar que el problema de esos posibles miembros del Consejo Superior no se juega en lo bien o mal  que puedan gobernar la Universidad, sino en la falta de legitimidad de su gobierno, basado en la suposición tecnocrática que se instala sobre la Universidad: Que esta es una empresa que puede ser dirigida a partir de cierta idea de Universidad que resulta ajena a los procesos de reflexión que constituyen a una Universidad.

En ese sentido, resulta necesario insistir en que la Universidad ha de comprenderse como un espacio que discute, antes que administrar, las verdades. Como ha argumentado con su habitual lucidez Derrida, la Universidad ha de comprenderse como el espacio en el que nada puede resguardarse de ser cuestionado, incluyendo las actuales figuras de la Universidad, sus disciplinas y autoridades. La única forma de lograr que una Universidad se acerque a ese ideal es mediante un ordenamiento interno que dé espacio a la disputa entre distintas perspectivas, en contraposición a la lógica tecnocrática que ya ha dado por cierta verdad neoliberal sobre la Universidad. Solo puede haber Universidad en la medida en que hayan condiciones materiales e institucionales que permitan que la Universidad no deje de pensarse y discutirse a sí misma, y una administración tecnocrática de la Universidad, o bien basada en otro modo de autoritarismo, bien puede, en nombre de una u otra verdad o interés, cerrar esa conversación infinita2.

Es por ello que una Universidad que se no se oriente democráticamente puede transformarse en un espacio dogmático, al servicio de uno u otro grupo de interés político, religioso o de otra índole. El neoliberalismo chileno ha intentado responder a la demanda por la diversidad en la Universidad ofreciendo un mercado de distintos proyectos educativos que ofrece diversidad entre las Universidades, mas no en cada una de las Universidades. Esto permite que incluso fuera de las aulas algunas ideas puedan ser censuradas, como aconteció hace pocos meses en la PUC. Y es que, desde la lógica de una Universidad que puede ser administrada como una empresa por sus dueños, es válido que ciertas ideas sean consideradas impertinentes en la institución, de acuerdo al criterio de sus dueños.

La universidad pública, por el contrario, ha de ser justamente una institución cuyo carácter público radique tanto en una composición social heterogénea como en su capacidad de poner en diálogo distintas ideas sin un credo o alguna legislación que pueda decidir, de antemano, qué posición es pertinente y cuál no. Y esto solo puede darse mediante una organización democrática en la que quien gobierne no pueda determinar lo que pueda discutirse dentro de la Universidad. Para que ello no dependa de la voluntad de la autoridad en cuestión, es necesario que los procesos de deliberación del gobierno universitario, partiendo por los de la selección de sus autoridades, sean democráticos, y que esa democracia promueve la construcción de una cultura democrática que asegure que en las distintas escenas de enseñanza puedan coexistir distintos discursos[2] sin que ninguno de ellos pueda darse por cierto en nombre de algún tipo de ley externa a la discusión universitaria.

Y es que la Universidad solo es posible gracias a la ficción de creer que su decir no es un hacer. De este modo, mientras resulta válido pedir al Estado que reprima un bus transfóbico, ya que su discurso resulta un acto de discriminación, no lo es pedir dentro de la Universidad que se repriman opiniones conservadoras que, antes bien, dentro de la Universidad han de discutirse. En ese sentido, que una Universidad sea estatal no implica que deba seguir las líneas del Estado. Todo lo contrario, si se precia de ser tal, la Universidad debe también poder discutir la existencia misma del Estado que es dueño de ella.

No sería falsa una objeción que recordase cómo, en distintos momentos en la historia de Chile, las Universidades estatales han sido espacios dogmáticos. El punto está en que, a diferencia de lo que acontece en una Universidad privada, a ella se le puede exigir ser una Universidad pública en función de la institución que es, y no simplemente apelando a la voluntad o tolerancia de sus dueños como en instituciones privadas.

La conciencia de las instituciones 

La prohibición realizada por el Rector Sánchez a la realización de abortos en su Universidad, apelando a “la conciencia de la institución”, ejemplifica lo que puede suceder cuando la Universidad no es pensada desde los supuestos antes descritos. El problema de su posición no es solo su discutible consideración del aborto, sino que crea que la Universidad puede tener una conciencia decidida por algún credo o autoridad, al punto que obliga a sus doctores a no realizar lo que contravenga esa conciencia. En caso contrario, “habrá que conversar con ellos”, sostuvo el Rector con una sutileza algo macabra dada la no tan lejana historia política de despidos en la Universidad que dirige.

Ante ello, el progresismo cercano a la Concertación ha manifestado su malestar. De este modo, Agustín Squella ha explicado que la objeción de conciencia es un derecho individual, no endosable a las instituciones. Es obvio que, desde una perspectiva liberal que supone la neutralidad de las instituciones, esa posición es correcta: La Universidad, como cualquier institución pública, no puede tener más conciencia que la de cumplir las leyes y asegurar el espacio a la objeción individual a las leyes estatales más controvertidas.

Lo que su crítica no puede notar, sin embargo, es que el tipo de Universidades que han florecido en el mercado universitario chileno, profundizado por gobiernos que él y otros tantos liberales han apoyado, es justamente el de Universidades cuya organización interna les permite, eventualmente, “tener conciencia”. Es decir, instituciones cuya falta de democracia permite sus que directivos hayan tomado, o puedan tomar, alguna decisión para la institución basándose en criterios o intereses restringidos.

Es evidente que en la actual coyuntura de la PUC el autoritarismo resulta más evidente, pero una mirada crítica tendría que ser capaz de notar cómo toda la cotidianeidad de esas instituciones transcurre en una lógica que no es distinta a la que Squella critica. Se trata de instituciones que, de acuerdo al discurso oficialista, cumplen un “rol público” porque otorgan educación, pero están lejos de establecerse desde cierta democracia que asegure la diversidad que supone toda noción de espacio público En la medida en que el neoliberalismo instala un mercado educativo que supone que las Universidades han de competir pudiendo ser o no democráticas, no se les puede solicitar que cumplan con lo que Squella solicita ni siquiera para que obtengan recursos públicos. Tampoco en este punto el maridaje concertacionista entre economía neoliberal y discurso liberal ha sido capaz siquiera de defender los principios del liberalismo político.

Evidentemente, desde la izquierda debemos defender la democracia universitaria desde otros principios. A saber, el de una defensa del carácter público de la educación que asuma que el rol público de las Universidades no pasa simplemente por ofrecer un bien de consumo individual que podrían también ofrecer los privados con los cuales debe competir, sino por ir construyendo una matrícula que busque combatir en lugar de reproducir la desigualdad (como sucede con los criterios de admisión vía PSU y con los altos aranceles de Universidades privadas que se reclaman públicas) y que pueda gestar un orden democrático que tienda a prefigurar una convivencia democrática que, dentro y fuera de la Universidad, nos urge. Esto es, un espacio capaz de discutirse a sí mismo mediante la organización colectiva, asumiendo el carácter irreductible del conflicto en toda organización social. En ese marco, hemos de disputar las lógicas del mercado que atraviesan tanto instituciones públicas como privadas, y exigir la defensa de la Universidad pública porque solo ella puede exigirse, más allá de la autoridad de una u otra figura, un carácter democrática. Defender la Universidad pública, en ese sentido, es transformarla, como bien se ha argumentado en una reciente columna: “El gran desafío hoy es articularnos no solamente para defender a las Universidades del Estado, sino para ponerlas al servicio de una transformación profunda de nuestra educación superior, que recupere para la democracia y la soberanía de la sociedad un sistema que hoy está profundamente colonizado por el mercado.”.

La solución ante el autoritarismo del Rector Sánchez, entonces, no pasa por asegurar un orden liberal en el que instituciones públicas y privadas puedan ser neutras por igual ante sus individuos, sino por el fortalecimiento de las Universidades públicas y la exigencia, tan olvidada en los criterios de acreditación impuestos por el gobierno, de que estas sean democráticas. Solo en ellas resulta imposible, y no solo indeseable, que la autoridad de turno decida unilateralmente lo que se puede enseñar, discutir o realizar en nombre de la Universidad.

En esa línea, es de esperar que el Rector de la Universidad de Chile corrobore el carácter democrático que debiera tener su Universidad y no vuelva a desoír a la mayoría de las y los estudiantes, docentes y trabajadoras/es de la Universidad, como parece estarlo haciendo en sus recientes acercamientos al Gobierno. De lo contrario, será aún más evidente que las Universidades estatales no son hoy públicas, y la consiguiente necesidad de seguir luchando para que transformarlas en una lucha que ni comienza ni termina en esta coyuntura, como bien puede notarse, para concluir, al releer las certeras palabras enunciadas por Enrique Kirberg en 1990: “La nueva universidad deberá ser una universidad democrática, pluralista y participativa. Democrática desde dentro y desde afuera. Esto quiere decir que debe ser la comunidad la que fije las metas, los proyectos, sus prioridades, distribuya su presupuesto y, a la vez, se comprometa con las realizaciones. Y también quiere decir que se debe atender al ingreso amplio de los estudiantes. Para lo cual, se debe facilitar la posibilidad de ingreso de jóvenes que tienen capacidad y no tiene los medios para costearse los estudios. No me refiero al crédito universitario, que debiera desaparecer para siempre como el monstruo que atormentó y dominó, por varios años, la vida de los estudiantes y de los nuevos profesionales”.

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[1]          Al naturalizar su función como la de una empresa de la que las y los estudiantes son clientes, la Universidad termina perfilando sus programas educativos, así como su nivel de exigencia, a la demanda de estudiantes que podrían, en caso contrario, cambiarse a la empresa con la cual se compite. Quien tenga hoy la experiencia de enseñar en las Universidades orientadas por el mercado podrá fácilmente corroborar como incluso dispositivos que podrían mejorar la enseñanza terminan siendo condicionadas por el mercado. De este modo, ante la creciente precarización de la docencia, las evaluaciones docentes terminan determinando la continuidad de docentes que muy probablemente saben que la mejor forma de obtener      una buena evaluación docente es realizar un curso menos exigente. Con ello no quiero decir, por supuesto, que ello ocurra en todos los casos, sino simplemente que un sistema en el cual también el trabajo docente se haya condicionado en la lógica neoliberal genera, en lengua neoliberal, “incentivos perversos” contra la educación.

[2]          Evidentemente, esto puede no argumentarse desde los supuestos liberales que identifica este punto como el de la libertad de expresión de carácter individual. Antes bien, lo que está en juego es la posibilidad de la discusión entre distintos discursos, entre los cuales han de hallarse los que ni cuestionen los supuestos de la libertad individual.