El 2017 es, para las fuerzas políticas emergentes agrupadas en el Frente Amplio, un año decisivo. La elección parlamentaria y presidencial se presenta como la oportunidad para que ellas se presenten al país como una alternativa de –digámoslo– gobierno distinta a aquellas que han conducido la política durante las dos últimas décadas.

Tratar de constituirse en “alternativa” es ya un desafío enorme en términos del esfuerzo político, organizacional y –recordémoslo– económico que involucra competir en elecciones y ganarlas en la moderna democracia de masas. No olvidemos que ya han existido algunos intentos fallidos en la última década por lograr crear tales alternativas, todos ellos dotados de mejores condiciones iniciales debido a que contaban con recursos económicos que no estarán disponibles en este caso.

Así y todo, el desafío no es inabordable cuando lo que se tiene en mente, como paradigma o marco cognitivo, es aquello que podríamos denominar como la autonomía de lo político, y que  nos presenta la contienda electoral como una competencia entre élites políticas enfrentadas entre sí en virtud de oposiciones ideológicas que definen un campo político donde siempre hay alguien más a la derecha y alguien más a la izquierda. Bajo ese modelo, el desafío del Frente Amplio es ocupar y fortalecer el espacio a la izquierda de la Concertación, la cual desde tal posición se “ve” como algo, naturalmente, más de derecha.

Pero la consecuencia de este posicionamiento relacional en el campo político es que la Concertación siempre se “verá” como menos de derecha que, justamente, la derecha. Bajo este paradigma de la autonomía de lo político, entonces, quedan establecidas las condiciones para alianzas coyunturales, “segundas vueltas”, que tengan por objetivo frenar la llegada de los partidos de derecha al Parlamento y La Moneda. Incluso más, desde esta perspectiva es posible empezar a ver al Frente Amplio como el relevo generacional de la Concertación, que asume la “posta” de ganarle a la derecha cuando la Concertación comienza a perder su potencial electoral. La lógica de la autonomía de lo político es clara: lo que realmente importa es ganarle al adversario electoral.

La misma realidad aparece bajo otra luz cuando, en lugar del paradigma de la autonomía de lo político, adoptamos un marco de análisis en el cual, además de la contienda electoral, integramos otros dos campos: el de los intereses de clase, cuyo anclaje se encuentra en las diversas posiciones objetivas articuladas por la producción de bienes y servicios y por la distribución de sus beneficios; y el de la organización de las instituciones, procedimientos, y potestades estatales, incluyendo la definición legislativa de los contenidos del sistema jurídico, en la medida en que la organización estatal y la legalidad inciden en la correlación cotidiana de fuerzas entre aquellos intereses de clase, estableciendo condiciones de funcionamiento del aparato administrativo estatal y contenidos legislativos que favorecen a unos por encima de otros. Vistas así las cosas, desde este paradigma de la representación institucional de intereses de clase, la contienda electoral no está definida inmanentemente; el adversario ya no es simplemente quien está ideológica o, peor aún, identitariamente, más “lejos” de uno. El adversario es quien promueve una organización estatal y una legalidad que perjudican los intereses de clase que objetivamente se defienden.

Llevar a cabo este tipo de política, para las fuerzas de cambio, involucra muchísimo más que “cambiar un Presidente”; involucra simultáneamente desarrollar la “musculatura social” que permita que las propias clases subalternas puedan identificar sus intereses de clase, y la “musculatura política” que permita inscribir, a través de la contienda electoral y el proceso legislativo, dichos intereses de clase en la organización estatal y en el sistema jurídico. En lo inmediato, por añadidura, involucra tener la voluntad política de definir las candidaturas parlamentarias y presidenciales que existan este año en función de los intereses de clase y las luchas sociales que se deseen representar. Involucra, por último, ir construyendo poco a poco una capacidad propia de gobernar que debe estar lista para entrar en acción cuando se llegue al gobierno, sea cuando sea que ello ocurra. Si bien estos desafíos son de tal magnitud que ya cabe calificarlos de históricos, el desafío más grande será, una vez que se hayan reunido las condiciones necesarias, el producir un cambio en la historia nacional; es decir, el concluir finalmente el período histórico que se inicia el 11 de septiembre de 1973.