Por José Ragas

En una de las Navidades más tensas que haya tenido el país en los últimos años, y en medio de una serie de rumores, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) firmó el indulto humanitario a favor del ex-Presidente Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000), quien se encontraba recluido desde 2007 luego de ser sentenciado por cargos de corrupción y lesa humanidad cometidos durante su gobierno. La justificación del indulto, según lo menciona el documento, es porque el ex-mandatario sufre una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, sin precisar de cuál se trataría ni brindar mayores detalles.

La posibilidad del indulto ha sido una constante en el Gobierno de PPK, desde que asumiera la Presidencia tras derrotar a Keiko Fujimori en una estrecha segunda vuelta en junio del año pasado. En repetidas ocasiones, PPK había negado que le daría el indulto a Fujimori, llegando incluso a firmar un documento antes de la segunda vuelta (30 de mayo de 2016) ante las víctimas de violaciones a DDHH y sus familiares, que fue lo que finalmente inclinó la balanza en su favor y le permitió la victoria. No obstante, debido a la presencia de una mayoría fujimorista en el Congreso y su propia debilidad política, PPK dio una serie de concesiones que finalmente lo arrinconaron: dejó que censuren ministros, los reemplazó con otros afines a sus opositores y cedió ante Keiko Fujimori en aras de una supuesta “reconciliación” que permitiera la “gobernabilidad”.

De modo que cuando los parlamentarios de oposición presentaron el pedido de vacancia presidencial luego de una serie de indicios que comprometían al mandatario con la empresa brasileña Odebrecht y PPK fuese citado el jueves pasado a comparecer ante el Congreso, la movida no sorprendió a muchos. La alianza entre el fujimorismo y el APRA (un partido histórico hoy en caída libre por acusaciones de corrupción) manifestó su decisión de votar por la vacancia presidencial al acusar a PPK de “incapacidad moral” –el mismo cargo con el cual Alberto Fujimori fue impedido de participar en la vida política del país, después de su vergonzosa renuncia desde el extranjero–. En un giro inesperado, la vacancia no prosperó. Kenji Fujimori “quebró” la bancada fujimorista dirigida por su hermana y le restó los votos necesarios, en una decisión que –ahora lo sabemos– fue negociada a cambio de la liberación de su padre.

Una solicitud de indulto había sido presentada la misma mañana del jueves, pero desestimada por el Gobierno. Luego fue cuestionada por cuanto el mismo médico de Fujimori padre formaba parte de la Junta que veía el indulto. Asimismo, el médico Elmer Huertas ha señalado que Fujimori no presenta ninguna enfermedad distinta a la de una persona de su edad. Y en cada oportunidad que este ha necesitado atención médica, le ha sido otorgada, además de una serie de beneficios penitenciarios concedidos por los anteriores presidentes en función. Lo que resta legitimidad al indulto presidencial de PPK no es solo el sospechoso timing con su inesperada salvación de ser vacado por indicios de corrupción. Es también la forma en que lo hizo: en ningún momento se dirigió a la ciudadanía –pese a los reiterados mensajes televisivos de los días anteriores–, ni menos lo consultó con su propia bancada ni Gabinete. En el año y medio que lleva su Gobierno, tampoco recibió a los familiares de las víctimas de violaciones a DDHH, a quienes en repetidas veces negó audiencia. No está demás mencionar que el indulto otorgado incluye un derecho de gracia, el cual exime a Fujimori de responder por juicios como el de Pativilca, donde el Grupo paramilitar Colina asesinó a seis personas.

Evadir la justicia ha sido un elemento clave en el fujimorismo desde el año 1990 hasta el día de hoy. No se trata solo de impedir investigaciones de ropa donada, un escándalo que sacudió muy tempranamente el gobierno de Fujimori padre, y que llevó al cierre del Congreso y la separación de su esposa Susana Higuchi del cargo de Primera Dama por la denuncia del hecho. Desde 2000 Fujimori padre realizó una serie de estrategias para evitar responder por los cargos presentados. Acorralado por diversos frentes, y con el descubrimiento de los “vladivideos” que implicaban a su asesor Vladimiro Montesinos, huyó al extranjero y renunció desde ahí. Posteriormente, se instaló en Japón –dada su nacionalidad japonesa– y contrajo matrimonio con una empresaria de ese país para impedir así ser extraditado. Luego buscó postular al Senado japonés con el mismo fin y obtener inmunidad. Al fracasar, y quizás pensando que en Perú gozaba aún del apoyo popular, planeó su retorno vía Chile para participar o influir en las elecciones de 2006, pero fue arrestado y posteriormente extraditado, donde fue sometido a un juicio en Lima. Los cargos por los que fue sentenciado fueron cinco en total: allanamiento ilegal; casos La Cantuta y Barrios Altos, donde el grupo Colina ejecutó estudiantes e incluso a un niño; haber pagado 15 millones de dólares a su ex-socio (hoy en prisión) Vladimiro Montesinos; desvío de fondos públicos para financiar los “diario chicha” a su favor en campañas electorales y atacar a sus opositores; y compra de congresistas.

El escenario que se abre es complicado y muy incierto. Por lo pronto, diversos colectivos han convocado a una serie de marchas para manifestar la oposición al indulto (la primera se dio precisamente en Nochebuena y a pocas horas de conocerse la decisión presidencial). Otros caminos no han sido descartados, como solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la anulación del mismo, debido a las irregularidades con las que este se ha dado. Dos congresistas de la bancada de PPK han anunciado su renuncia y posiblemente otros más (incluso del Gabinete) hagan lo mismo esta semana. Aún el panorama es muy incierto, pero lo que sí es seguro es que haber otorgado el indulto humanitario de esta forma solo va a polarizar más al país, faltando tres años y medio para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias y con parte de la sociedad civil movilizándose a nivel nacional.

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José Ragas es historiador y actualmente se desempeña como Lecturer en el departamento de Historia de la Universidad de Yale.