Por Renato Cristi

En febrero recién pasado se dio a conocer el Manifiesto por la República y el buen gobierno redactado por políticos y académicos de derecha. La extraordinaria articulación conceptual de su exposición y la claridad con que se plantean los principios que deberían guiar la acción política en la actualidad explica el gran interés que ha despertado. Hay mucho aquí para concordar y celebrar en esta nueva derecha republicana: profesión de fe democrática, opción por los más pobres, énfasis en la regionalización, cuidado de ciudades y barrios, reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos, crítica al refundacionalismo, etc. Desde mi punto de vista, puedo observar que dos de sus seis redactores son distinguidos profesores universitarios de filosofía y su contribución al Manifiesto hace de este documento un verdadero texto de estudio. Mi aporte crítico, muy limitado por cierto, se ciñe a una lectura filosófica de uno de sus temas doctrinarios centrales: la relación que se establece entre sociedad civil, mercado y Estado.

I Sociedad civil, mercado y Estado

El punto de partida de Manifiesto es una afirmación republicana. ¿Qué entiende por república? En consonancia con Cicerón, quien concibe la república como la cosa pública (res populi), como asunto del pueblo, el Manifiesto la define como “la cosa común, que nos vincula a todos con la realidad colectiva. En tiempos en los que tiende a primar el egoísmo, cuando prevalece la consideración del hombre como un ser atomizado y aislado de su entorno, la república nos recuerda que tenemos un destino común, y que nuestra realización personal no se da nunca en el plano estrictamente individual, sino que se inserta siempre en un orden más amplio.” ¿Y qué es lo público? Es “un lugar de diálogo y deliberación, pero también de intercambio y de disputa. Es, además, una fuente de producción de bienes y servicios que satisfacen variadas necesidades.” Lo público tiene una lógica propia, y el Manifiesto, en una decisión de gran transcendencia, identifica esa lógica como propia de la sociedad civil. La matriz de la república es entonces la sociedad civil, y como tal es matriz también de otras dos instituciones fundamentales, a saber el mercado y el Estado. Esta triada institucional, sociedad civil, mercado y Estado, y las relaciones que se configuran al interior de la triada, es la base doctrinaria del Manifiesto.
(1) El Manifiesto presenta la sociedad civil como supliendo las funciones estatales allí donde estas fallan. “La sociedad civil ha mostrado su capacidad en obras donde el Estado había fallado sistemáticamente, como el apoyo y cuidado de ancianos, niños, enfermos y mujeres embarazadas que pasan por dificultades.” Más allá de estos servicios, que tienen que ver aspectos cubiertos primordialmente por familias, la sociedad civil también cubre “la protección del medio ambiente y el refugio y rehabilitación de animales, así como en la provisión de bienes espirituales y educacionales.” Con ello se amplía notablemente su radio de acción hasta alcanzar el ámbito propio de la educación, y que podría extenderse también a la salud y la seguridad social.
La sociedad civil reclama para sí, de acuerdo al principio de subsidiariedad, el desarrollo de las “grandes energías que viven en una comunidad, y que se manifiestan en mil formas asociativas.” En especial, es en el ámbito de la sociedad civil donde aparecen iniciativas educativas que hay que reconocer como autónomas con respecto al Estado. El Manifiesto lamenta los “reiterados obstáculos a aquellos sostenedores de colegios que ejercían su labor con esmero y responsabilidad.” Al mismo tiempo valora “la acción abnegada de quienes, por razones solidarias, dedican sus mejores esfuerzos a proyectos educativos en favor de los más necesitados.”
(2) La segunda institución fundamental es el mercado que aparece encargado de coordinar “la provisión oportuna de muchos bienes y servicios.” El Manifiesto reconoce como primordial la conducta de individuos que entran al mercado como consumidores. Estos individuos “compran un producto o se abstienen de hacerlo según sean sus gustos.” Aparece nuevamente en acción el principio de subsidiariedad al afirmarse que un mercado libre constituye un “poderoso límite a la concentración del poder en el Estado.” A la libertad económica se le atribuye un valor de formación moral. En el mercado los individuos desarrollan virtudes que “contribuyen a su perfeccionamiento personal” y les permites “realizarse como agentes responsables.”
El Manifiesto asume la posibilidad de que el orden espontáneo que se genera al interior del mercado conduzca a una gran concentración del poder económico en manos de unos pocos individuos. Ello debe ser rechazado pues “obstaculiza el sano funcionamiento de los mercados, detiene la exploración creativa y deteriora la vida en sociedad.” Se trata de una situación análoga a lo que ocurre en países donde el Estado concentra toda la actividad económica. Al Estado le corresponde la tarea de incentivar la competencia y la libertad de emprendimiento.
(3) Finalmente, el Manifiesto presenta inicialmente al Estado, como una plataforma de una serie de servicios públicos, financiado con el pago de impuestos, y provistos por medio de su aparato administrativo. Pero tiene también otras obligaciones, la fundamental de las cuales es “velar por el bien común, lo que implica estar al servicio del florecimiento del espacio público y el despliegue de las capacidades humanas.” El Estado debe reconocer que los recursos con que cuenta no son generados por el Estado mismo. La matriz de esos recursos reside en el mercado, es decir, las fuerzas productivas que se orientan a satisfacer el sistema de necesidades humanas. El Estado debe limitarse a generar las condiciones que hagan posible el desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí se aplica nuevamente el principio de subsidiariedad pues se indica que al Estado le corresponde “retirarse de manera oportuna de los espacios en los cuales la sociedad civil o el mercado logran proveer satisfactoriamente un bien necesario, y concentrar, en cambio, su atención y recursos en aquellos espacios donde eso no ocurre.” El Manifiesto afirma taxativamente que el Estado debe respetar el “protagonismo de la sociedad civil.” No menciona en este punto el protagonismo paralelo que le reconoce al mercado. Y ello porque “una subsidiariedad bien entendida no apunta primariamente a la vida económica, sino a la sana y vital organización de la sociedad civil.”
Esta primera caracterización del Estado se completa con una versión más robusta que lo percibe como una institución forjadora de nuestra nación. “La nación chilena adquirió forma en buena medida gracias a la acción del Estado. Él definió nuestras fronteras, educó, organizó la población del territorio, y difundió un espíritu republicano en todas las capas de la sociedad.” El Manifiesto también enfatiza la orientación republicana que debe tener el Estado. “Es necesario recuperar la austeridad de nuestros hábitos republicanos y la ejemplaridad pública en nuestros líderes políticos, económicos y sociales… Es necesario que Chile pueda contar con ciudadanos comprometidos con el bien de su país.” Concluye con un vibrante llamado a ejercer las virtudes republicanas porque “sólo así podremos tener una república que efectivamente vele por las personas, pero donde, al mismo tiempo, ellas velen por el régimen republicano bajo el que han tenido la fortuna de vivir.”

II Hegel: familia, sociedad civil y Estado

Para esclarecer críticamente el sentido que tiene esta división tripartita entre sociedad civil, mercado y Estado, y lo que percibo como incongruencias en la articulación interna de estas nociones, me parece conveniente comparar esa división tripartita con la que desarrolla Hegel para su sistema de eticidad (Sitlichkeit). Esto me parece justificado porque los redactores del Manifiesto han tenido seguramente en cuenta la distinción paralela que introduce ahí Hegel entre familia, sociedad civil y Estado. A continuación expongo abreviadamente esa triada hegeliana. (1) La esencia de la familia, primera figura en el desarrollo del sistema hegeliano de eticidad, reside en los sentimientos de amor, abnegación y fidelidad de sus miembros. En su concepción de la familia, donde no hay cabida para las relaciones contractuales propias del mercado, hay que ver la raíz de su comunitarismo. (2) En segundo lugar, Hegel comprueba la natural disolución de la familia y los sentimientos que la constituyen, y observa la emergencia de individuos libres. De las relaciones contractuales nace el mercado, que pasa a ser la figura primordial de la sociedad civil. Para Hegel el mercado no es más que una red de contratos entre propietarios. Este es el reino de la libertad subjetiva o preferencial que determina la extinción de la eticidad. Observa también como, al interior de la sociedad civil, se genera un Estado puramente contractual que busca paliar los efectos de la degradación ética y la fractura social producida por el mercado posesivo. Extrema miseria y extrema riqueza son la manifestación más evidente de esa fractura social. (3) Finalmente, Hegel advierte que la naturaleza contractual y libertaria de la sociedad civil conduce a su fracaso. De ahí la necesidad del tercer momento en su dialéctica que introduce un Estado ético animado por una disposición comunitaria. Este es el Hegel de intención republicana que exalta la disposición patriótica de ciudadanos en favor del bien común como la manera restaurar la solidaridad extinguida al interior de la sociedad civil. Que Hegel luego traicione su republicanismo, aunque no su liberalismo posesivo, al introducir un monarca absoluto como principio y fin del Estado no altera la intención original de su argumento.

III Lectura hegeliana del Manifiesto

El argumento central del Manifiesto toma en cuenta estos tres momentos de la dialéctica hegeliana (comunitarismo familiar, mercado libertario y Estado republicano), pero los configura de tal manera que neutraliza al Estado republicano que profesa, incapacitándolo en la tarea de moderar y regular el mercado libertario, y de proteger ámbitos reconocidamente comunitarios. La raíz del problema se encuentra en su entendimiento de la sociedad civil.
(1) El Manifiesto entiende la noción de sociedad civil como una esfera híbrida que encarna los sentimientos de solidaridad con asiento en la familia y su entorno, constituido éste por “ancianos, niños, enfermos y mujeres embarazadas,” y que se extiende también al “refugio y rehabilitación de animales.” Pero al encargarle prioritariamente a la sociedad civil la “provisión de bienes espirituales y educacionales,” incluye subrepticiamente las relaciones de mercado que de hecho, en Chile, han capturado el ámbito de la educación y que no corresponden a la eticidad propia de lo familiar.
El Manifiesto reconoce el papel que juega la educación pública, en la que ve “un elemento de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país.” Pero rechaza, en primer lugar, la idea de que la educación pública sea atención preferente del Estado y apunta hacia su municipalización, pues esto “constituye la expresión del aparato público más cercana a las personas, implica una genuina descentralización y tiene un carácter incuestionablemente democrático.” Lo que esto prueba es su falta de confianza en la función del Estado republicano que profesa cuando afirma, por ejemplo, que “la república excluye la captura del bien público por parte de intereses privados.” Segundo, el Manifiesto recomienda que “el sistema de educación debe dejar el debido espacio a las iniciativas que surgen de la sociedad civil.” Aunque estas iniciativas incorporan relaciones de mercado, el Manifiesto soslaya el aspecto comercial involucrado en la educación privada chilena y enfatiza, en cambio, lo que ve como su valor ético solidario. Afirma de esta manera: “Valoramos especialmente la acción abnegada de quienes, por razones solidarias, dedican sus mejores esfuerzos a proyectos educativos en favor de los más necesitados.” Oculta bajo un manto solidario la relación mercantil que, en Chile, ha sido especialmente destructiva del ethos republicano.
(2) Subsumir relaciones de mercado en la sociedad civil que aparece como matriz de solidaridad, tiene como resultado evadir la tendencia disolvente propia del contractualismo. No cabe duda que el mercado tiene un lugar irremplazable en la producción de riqueza y la transmisión de conocimiento económico. En este sentido el mercado juega un papel necesario en la constitución de nuestra sociabilidad. Pero asumir, sin mayor análisis, la extensión de las relaciones de mercado a la educación, y no mencionar lo que ello ha significado en los ámbitos de la salud y la seguridad social, es una grave omisión. Grave omisión también es el tema de la propiedad, supuesto fundamental de la relación de mercado, y el de su función social, supuesto fundamental del constitucionalismo republicano. Este última busca ampliar los márgenes de la propiedad pública inclusiva, sin que esto signifique deslegitimar el valor de la propiedad privada exclusiva. Hay que consignar lo importante que resulta ser el reconocimiento, por parte del Manifiesto, del peligro que significa la concentración del poder económico en pocas manos porque ello “obstaculiza el sano funcionamiento de los mercados, detiene la exploración creativa y deteriora la vida en sociedad.” Aunque ello es muy cierto, un Manifiesto, que se dice por la Republica, debería fijarse en los obstáculos que emplaza un mercado posesivo al sano funcionamiento de una república.
(3) El Manifiesto asocia estrechamente la noción de república con la de nación. “La república no se construye sobre la nada: supone un determinado cuerpo social, la nación chilena.” Y también observa, siguiendo a Mario Góngora, que, en Chile, la nación se forma gracias a la acción del Estado. El Manifiesto coincide con explicaciones funcionales del nacionalismo cuando afirma que “sólo una nación con una fuerte identidad propia está en condiciones de abrirse al mundo y de entrar en diálogo fructífero con otros pueblos.” Para Ernest Gellner, por ejemplo, las sociedades y economías modernas requieren un alto nivel de educación general y homogénea. Un lenguaje estandarizado debe reemplazar a los dialectos locales. No cabe duda que una sociedad dotada de una cultura homogénea es condición necesaria para la posibilidad del Estado moderno. Hay que celebrar que el Manifiesto junto con enfatizar la identidad nacional, reconozca el valor de la diversidad y afirme que “la pluralidad cultural, étnica o de cualquier otra índole jamás pueden ser un obstáculo para encontrar un destino común para la sociedad.”
Me parece conveniente completar este análisis funcionalista del nacionalismo con la perspectiva republicana que adopta Charles Taylor. Según Taylor, el imaginario moderno presenta dos notas esenciales: acceso directo y horizontal a la vida estatal sin mediaciones locales y jerárquicas de ningún tipo, y también una acción social común por la que el pueblo constituye su unidad por sí mismo. Taylor puede así concluir: “una sociedad horizontal, de acceso directo, que se ha dado una forma política por un acto del pueblo, es el fundamento de la fuente contemporánea de legitimidad…” En el caso de las democracias representativas, éstas requieren una elevada motivación por parte de sus miembros para concurrir en los sacrificios que la vida en común exige (pago de impuestos, contribución a la defensa armada), y también participación en el proceso de gobierno. Esto es lo que Taylor denomina patriotismo, y que implica una fuerte identificación con la polis y una disposición a dar de sí mismo en aras de ella. Las democracias buscan inculcar, directa o indirectamente, ese sentido de común identidad. El republicanismo de Taylor lo conduce a conectar patriotismo y nacionalismo en el sentido que este último podría ser un aliciente, o como escribe Taylor, un “combustible (fuel) para el patriotismo,” esto es, para una política del bien común.

IV División de las aguas

Una política republicana orientada hacia el bien común y la justicia social es una clara alternativa frente al neoliberalismo que aún determina a la institucionalidad chilena. Para la política económica neoliberal solo existen las preferencias individuales y la justicia conmutativa, y por ello desestima medidas redistributivas para reducir la desigualdad social. Hay que recordar las declaraciones de Hayek durante una de sus visitas a Chile. A una pregunta acerca de maneras de resolver el problema de la pobreza, la respuesta de Hayek es clarísima: “Eso no se soluciona con redistribución. Como he sostenido otras veces, si la redistribución fuera igualitaria habría menos que redistribuir, ya que es precisamente la desigualdad de ingresos la que permite el actual nivel de producción.” Pero el Manifiesto, en consonancia con el republicanismo, afirma que la desigualdad constituye un problema de graves repercusiones sociales: “Las grandes desigualdades constituyen un problema político de primera magnitud, porque dan origen a dos Chiles incomunicados, que se miran con desconfianza, donde cada uno ve en el otro un peligro para la propia seguridad.” Este diagnóstico coincide, en sus líneas gruesas, con el de Michael Sandel, un pensador republicano cercano a Taylor. Sandel observa: “si aumenta la brecha entre ricos y pobres se erosiona la solidaridad requerida por la democracia: a medida que crece la desigualdad, ricos y pobres viven vidas que no se cruzan.”
Pero aquí se dividen las aguas republicanas. Hay coincidencia en el diagnóstico del problema, pero no la hay en su solución. Para el Manifiesto la solución no puede “propender a fórmulas igualitaristas, sino [a] establecer un marco de convivencia donde las diferencias sean el resultado del esfuerzo personal y familiar, y no de privilegios.” Este esquema meritocrático no toma en cuenta que comparativamente muchas veces el gran esfuerzo por parte de un individuo no logra igualar el mejor resultado que alcanza otro individuo que emplea menos esfuerzo. Por lo demás, no es necesario haber leído a Rawls para captar que el esfuerzo personal depende muchas veces de circunstancias sociales y familiares favorables. Una de esas circunstancias es el libre acceso a una educación de calidad para los hijos de trabajadores no calificados.
En este punto, el Manifiesto desciende a la arena partidista y critica expresamente la reforma educacional auspiciada en la actualidad por el gobierno de la Nueva Mayoría. Acusa al gobierno de transformar la educación “en un arma para imponer, desde el Estado, una igualdad forzada, ficticia y perjudicial…Al perder el foco en el gasto estatal, demoler las instituciones públicas de alto rendimiento académico, y tratar de someter a los privados que operan dentro del sistema educacional al régimen propio de la burocracia del Estado, sólo se ha logrado destruir lo que había a cambio de una nivelación hacia abajo muy poco promisoria.”
Una legítima crítica a los desaciertos y yerros puntuales de esa reforma en curso no puede ignorar la hechura republicana de su concepción. En sus líneas generales, la reforma tiene a la vista la creación de escuelas públicas que faciliten un encuentro pluriclasista y evite así la segregación social y urbana. Esto coincide con lo que advierte Sandel cuando afirma que “instituciones que anteriormente reunían a la gente y servían como escuelas informales de virtud cívica se han hecho escasas. La evacuación del ámbito público hace difícil el cultivo de la solidaridad y el sentido de comunidad del que depende una ciudadanía democrática… La desigualdad puede corroer la virtud cívica”
Más allá de lo que advierte aquí Sandel, un republicanismo de izquierda debería oponerse, en aras de la igualdad cívica, no solo a la privatización de la educación, sino también a la privatización de los sistemas de salud y seguridad social. Estos dos últimos temas están visiblemente ausentes del Manifiesto. Al igual que en el caso de la educación, en el caso de la salud, exigir a los de mayores ingresos el pago por sus servicios, abre la puerta para la expansión de establecimientos privados. Cuando esto sucede el sistema público inevitablemente empeora. Por el contrario, cuando todos tienen acceso por igual a un sistema público de salud, los ricos tienen que usar su poder político para asegurar que el financiamiento del sistema público satisfaga sus necesidades. Los programas que se dirigen al servicio de los pobres se convierten en programas deficientes. Es por ello que la perspectiva republicana, orientada hacia el bien común y la justicia social, serviría para paliar la fractura social en Chile y los efectos desestabilizadores que ello significa.

V El caso canadiense

Finalmente, traigo a la palestra el caso canadiense para mostrar que una sociedad civil capitalista es compatible con sistemas gratuitos de educación y salud. La educación primaria y secundaria en Canadá es prioritariamente pública financiada por los Estados provinciales y suplementada con fondos del Estado federal. En algunas provincias, como Ontario, los colegios católicos son públicos y financiados por el Estado. Las familias católicas deben indicar en sus declaraciones de impuesto que desean que sus contribuciones se destinen a esos colegios. Existen también colegios privados. En Ontario, una provincia de 16 millones de habitantes, hay 65 colegios privados. La educación privada es prácticamente inexistente en las provincias del Oeste. En Alberta, posiblemente la provincia de más acendrado ethos capitalista, una tendencia conservadora populista, opuesta a la educación privada, se ha consolidado históricamente.
La educación universitaria es también mayoritariamente pública. Pero entre 1979 y 2009, la proporción del aporte fiscal a las universidades ha bajado del 84% al 58%. En Ontario ello se debe a las políticas neoliberales del gobierno conservador del Premier Harris elegido en 1995. Harris intentó, infructuosamente, privatizar la educación superior y traspasar el costo de la educación a las familias. Ello fue una de las causas de su derrota electoral en 2002.
Al igual de lo que sucede en el campo de la educación, la salud en Canadá es asunto prioritariamente público. Los servicios que ofrece el sistema de salud son gratis. Los doctores son empresarios privados que se entienden directamente con el Estado. Los pacientes pueden elegir libremente a sus doctores y el Estado no tiene acceso a la información personal de esos pacientes. ¿Corresponde el sistema canadiense a una medicina socializada? No en el sentido corriente. Lo que se ha socializado en Canadá es el seguro médico. El Estado paga por servicios que provee el sector privado. El intento de expandir la cobertura privada y acotar la pública significó la derrota de la política neoliberal del Primer Ministro Harper en las elecciones parlamentarias del 2015.
En general, podría parecer injusto que la gratuidad en la educación y la salud se extienda por igual a pobres y ricos, pero ello no es así. La función redistributiva que le compete exclusivamente al Estado exige que represente a ricos y pobres por igual. Esto es lo que permite una adjudicación estatal fundada en la justicia social o distributiva. El mercado carece de una función verdaderamente representativa. Para que funcione adecuadamente sus agentes deben ‘representar’ sus propias preferencias y lograr acuerdos contractuales sobre esa base. Desde Aristóteles y Santo Tomás sabemos que una justicia distinta, la justicia conmutativa, regula los contratos, y que por ello el mercado no puede asumir justificadamente una función redistributiva. Por ello, me parece que la justicia social exige la implementación de un sistema de seguridad social, y de sistemas públicos de educación y salud como los vigentes en Canadá.
En Chile, una izquierda republicana podría aproximarse a las propuestas de autores como Taylor y Sandel, quienes desarrollan una filosofía social y política que combina elementos liberales y comunitarios y es inequívocamente incompatible con la economía política neoliberal. Taylor y Sandel afirman la democracia y rechazan el monarquismo absolutista de Hegel, pero coinciden con él en suponer que una disposición republicana es condición transcendental para la posibilidad de una economía capitalista.


Renato Cristi es Doctor en Filosofía por la Universidad de Toronto y Profesor de la misma disciplina en Wilfrid Laurier University, Canadá. Es autor de El Pensamiento Político de Jaime Guzmán (Lom, 2011, 2a edición) y coautor de El Pensamiento Conservador en Chile (Editorial Universitaria, 2015, 2a edición).