Criticar al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT) se ha vuelto ya un lugar común en la discusión pública sobre la ciencia y la investigación en Chile. Sus supuestos sesgos, el carácter aparentemente mercantil que tendría la institución (un mercado en el que no se compra ni se vende nada, por cierto), la escasez de fondos que ella tiene, el poco poder político de la comisión que tiene a su cargo el fondo, CONICYT (cuyo director llegó a renunciar alguna vez sin haber podido cobrar el sueldo), son parte de la lista de tópicos que se suelen mencionar a la hora de exigir una reforma profunda de nuestro sistema de apoyo a la investigación. Además, son tópicos que ya tienen el estatus de lugares comunes. Y aunque el detectar el carácter de lugar común de un tópico no implica necesariamente tenerlo por falso, sí parece ser un indicio de que hay algo más en el fondo, o en algún otro lugar, que aún no ha sido visto con suficiencia respecto de una problemática relevante. Que algo sea un lugar común, que se lo dé por verdadero sin más y así por un espacio de tiempo en que esa repetición se vuelve inerte y vacua, parece sugerir no tanto que el lugar común es falso, sino que más bien que hay algo relevante que no se está tomando en cuenta, sea a la hora de determinar el significado o impacto precisos del lugar común como a la hora de ponderar el modo en que él opera junto con otros aspectos. Eso, me parece, podría ser parte lo que ocurre con FONDECYT.

Recapitulemos un poco. Una de las cosas que sabemos sobre este problema, es que existe como problema público desde hace poco. Probablemente casi nada de lo que se ha objetado más arriba –y en ocasiones con razón– había sido dicho antes con el nivel de frecuencia que se ha ventilado en los medios este año. La razón para eso parece ser obvia y algunos actores relevantes en el ámbito de la investigación científica la han sugerido: las tasas de aprobación de proyectos habría bajado (la tasa de aprobación de FONDECYT regular el año pasado fue de 31%) y no parece haber perspectivas de que vayan a mejorar, entre otras cosas, debido al ingente caudal de doctorados nuevos que están llegando a nuestro país. Con todo, una tasa de un 31% no es tan lejanas a lo que ocurría en el pasado (según cuadro disponible en el propio sitio de FONDECYT, las tasas de aprobación fluctuaron entre el 25 y el 40% por alrededor de 10 años, entre 1998-2007), ese pasado donde no se oían, al menos no en el nivel actual, las mismas quejas contra este sistema. Tampoco se trata de tasas de aprobación extravagantemente bajas comparada con otros mecanismos similares de otros países que poseen comunidades de investigadores robustas (la DFG de Alemania, por ejemplo, tiene un índica de aprobación de proyectos similar o incluso menor).

Si los números de FONDECYT no son tan distintos a los de otros fondos en otros lugares, ni tanto distintos a los del pasado de la institución (al menos en términos de porcentaje de aprobación de proyectos) quizás la ansiedad generada por los últimos concursos esté vinculada a otro problema. Un problema que no sea exactamente originado en FONDECYT mismo. Me parece que este es, con toda probabilidad el caso. El problema de FONDECYT, creo, no es FONDECYT, sino la universidad: una universidad que invierte poco y nada en investigación, y mucho menos en salarios para los académicos que reflejen su rendimiento investigativo y no la cantidad de alumnos que atrae la carrera de la que el académico es docente; una universidad que se desentiende de su labor de proveer condiciones para realizar labores que vayan más allá de la docencia y la administración (es cosa de visitar los laboratorios o las biblioteca de la mayoría de las universidades de nuestro país).

Lo que revela el malestar por no ganar el FONDECYT, entonces, no es, según este modo de ver el punto, una incomodidad ante la imposibilidad de financiar los propios proyectos de investigación o la resistencia al juicio de pares, ni mucho menos un malestar ante un sesgo del mismo FONDECYT, sino más bien la dependencia económica que desarrollan los académicos –especialmente de las áreas peor pagadas en las universidades que son justamente las que más se hallan vinculadas a la investigación, como es por ejemplo el caso de las ciencias básicas– de sistemas como FONDECYT, que no sólo son un apoyo al desarrollo de proyectos de estudio, sino que también, y ante todo, una manera de suplir las carencias de un sistema universitario que provee plazas de mala calidad para los académicos, con poquísimo apoyo de infraestructura para investigar sin recurrir a proyectos financiados por instituciones externas, y en ocasiones con condiciones económicas y de estabilidad laboral que son, por decir lo menos, pobres.

En suma, lo que revela el problema actual de FONDECYT es, quizás, que el problema en rigor no es FONDECYT, sino que es la universidad; específicamente, las condiciones de pauperización creciente en que se ejerce la academia. Tal pauperización es particularmente evidente en aquellas áreas más vinculadas de modo directo a la investigación y no tanto a la “formación profesional” (i.e. aquellas donde la labor académica se realiza fundamentalmente por mor de esta y no tanto por interés en formar profesionales que se ganarán muy bien la vida con lo aprendido en la universidad). Estas áreas son justamente las menos rentables desde el punto de vista de los ingresos que generan para la universidad vía el ingreso de estudiantes, que como sabemos, es el modo en que nuestras universidades de mercado han escogido financiarse. Así las cosas, muchas de estas áreas incluso hoy están, en muchas universidades, amenazadas de existencia.