La convocatoria a constituir una asociación de profesores e investigadores universitarios por la libertad académica no ha podido llegar en mejor momento. Razones estructurales y coyunturales evidencian la urgencia de esta iniciativa.

La libertad académica en nuestro país es un problema estructural pues, como he observado anteriormente (Muñoz 2012), Chile carece a nivel del sistema universitario de un conjunto de normas substantivas y de procedimientos institucionales que proteja la libertad académica intramuros o de cátedra e investigación y la libertad académica extramuros o de expresión en el espacio público. Esta carencia, por cierto, nos diferencia de las academias del Norte Global que en todo otro respecto constituyen nuestro modelo de referencia, donde existen normas sobre carrera académica y estabilidad en el empleo que sirven de salvaguardias de la libertad académica y el pluralismo universitario. Adicionalmente, en el plano de la coyuntura, es probable que el gobierno de Sebastián Piñera represente en materia universitaria una restauración mercantil y conservadora que ponga constantemente en jaque la libertad de que efectivamente gocen los académicos de universidades tanto públicas como privadas.

De ahí que adquieran relevancia pública algunos eventos recientes que han ocurrido en una universidad que ha buscado deliberadamente situarse en la intersección entre lo público y lo privado. Me refiero a la Universidad Diego Portales (UDP), institución que hasta el momento había mostrado voluntad de ponerse por encima del régimen de la propiedad privada para darse a sí misma formas de participación académica en la gestión universitaria y normas sobre carrera académica que habían hecho posibles la libertad de cátedra, de investigación y de expresión de sus profesores e investigadores.

Estos encomiables avances, sin embargo, han sido irremediablemente socavados por la reciente decisión de las autoridades de la UDP de clausurar el Instituto de Políticas Públicas (IPP), hasta ahora alojado en la Facultad de Economía y Empresa, y de despedir a una parte significativa de sus investigadores. Esta decisión, es importante observar, no puede ser comprendida desde el punto de vista de la excelencia académica. El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales se ha hecho conocido públicamente por una intensa actividad interdisciplinaria en docencia de postgrado y en investigación, así como involucrándose en la elaboración misma de políticas públicas. En cambio, el argumento entregado a los investigadores que integraban dicho instituto por el Decano de la Facultad de Economía y Negocios, Fernando Lefort, consiste en que el trabajo de estos investigadores no encuentra espacio en el giro que desea darle a su Facultad para acercarla al empresariado.

Aunque las razones explicitadas por el Decano para la clausura del Instituto puedan ser consideradas racionales para quien crea que una facultad de economía debe ignorar la discusión pública y la interdisciplinariedad para concentrarse en la formación de ingenieros comerciales con altos índices de empleabilidad, ellas traicionan el hecho de que el despido de sus investigadores y el cierre de un programa de excelencia debilita y deslegitima académicamente a su facultad. No cabe sino concluir que este despido consiste en un acto de persecución política; mal que mal, lo que pareciera realmente incomodar las intenciones del Decano de congraciarse con la clase empresarial es que entre los integrantes del equipo de investigadores en cuestión se haya encontrado Claudia Sanhueza, una de las economistas jefe de la candidatura presidencial del Frente Amplio. Que los finiquitos de los académicos hayan invocado la causal de necesidades de la empresa para el despido no solamente es consistente con las expresiones del Decano; también revela una disposición amenazante de parte de las autoridades de la UDP a emplear contra los académicos que le incomoden todos los instrumentos de precarización laboral que les ofrece nuestro neoliberal Código del Trabajo.

No se trata, lamentablemente, de un evento aislado de amedrentamiento a la libertad y el pluralismo en la UDP. Hace no mucho, el Decano de la Facultad de Derecho UDP, Marcelo Montero, envió a sus académicos de planta un correo electrónico instruyéndoles a no exponer públicamente posiciones respecto a los cambios en materia de financiamiento de la educación superior que fuesen divergentes de la posición pública de la universidad. A la luz de los recientes eventos en la Facultad de Economía, los académicos de la Facultad de Derecho harían bien en entender dicho correo electrónico como lo que es: una amenaza abierta a sus derechos laborales y a su ciudadanía universitaria que puede también traducirse selectivamente en despidos masivos o selectivos.

Quiero insistir en que estos hechos son graves desde el punto de vista de la maduración y consolidación de nuestro sistema universitario. Como han sostenido Robert Post y Matthew Finkin, los principios de la libertad académica presuponen que las instituciones de educación superior sirven al interés público, el que “no ha de ser determinado por la voluntad arbitraria, privada, o personal de ningún individuo, ni tampoco ha de ser determinado por el cálculo tecnocrático de incentivos lucrativos racionales y predecibles”, sino que “es hecho visible mediante el debate y la discusión abiertos, donde todos son libres de participar” (p. 125). Cuando una institución universitaria toma decisiones como el cierre de centros de investigación sin proporcionar espacios de participación y deliberación a sus propios integrantes, y basándose no en consideraciones específicamente académicas sino en la voluntad de congraciarse con los actores poderosos en su campo, esa institución deja de lado su misión de servir el interés público para transformarse en un negocio que no puede dar garantías de su calidad académica.

Estos casos de restricción de la libertad y el pluralismo académicos revelan la fragilidad de un modelo de universidad estructurado según las lógicas privadas de la propiedad, y confirman el fracaso del gobierno de Michelle Bachelet en materia de reforma a la educación superior. Al optar por llevar a cabo una reforma que renunció a definir y delimitar con claridad el rol público del sistema universitario como un todo para simplemente concentrarse en aumentar el financiamiento vía subsidios, el gobierno de Michelle Bachelet legitimó y consolidó un modelo de educación superior nacido en dictadura que permite gestionar las universidades como si fueran tiendas de retail. Son las mismas circunstancias que permiten que la Universidad Católica no solamente mantenga una normativa en materia de contratación de profesores contraria al pluralismo universitario y a la dignidad de los trabajadores académicos, sino que haya ido más allá y haya logrado conseguir en su favor como institución un privilegio de objeción de conciencia en materia de interrupción del embarazo que le permite restringir la libertad académica y de trabajo de sus profesores.

Si hubiésemos de seguir las interpretaciones psicoanalizantes con que el Rector de la UDP tiende a explicar la coyuntura en El Mercurio, no cabría sino concluir que se trata de un esfuerzo del Rector por congraciarse con esa élite que siempre parece haberlo menospreciado. Si hubiésemos, en cambio, de recurrir a explicaciones que hagan uso de las señales públicas existentes, hay que concluir que se trata de un contragolpe de los defensores de la “modernización capitalista” contra los críticos de la misma. En ambos casos, se trata de un paso atrás para el sistema universitario y de la privatización definitiva de una universidad que alguna vez quiso ser la más pública de las privadas.