Durante una reciente ceremonia de juramento a la bandera, la que tradicionalmente se realiza cada 9 de Julio al conmemorarse la Batalla de La Concepción, el Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, se refirió al contexto en el que los militares de grados subalternos debieron obedecer órdenes superiores durante y luego del pronunciamiento militar del 11 de Septiembre de 1973. (1)

Efectivamente, el contexto en que se dieron las circunstancias que condujeron a la asonada militar que culminó con el bombardeo del Palacio de La Moneda por la Fuerza Aérea y la muerte del Presidente en ejercicio, era uno de gran efervescencia popular.

No nos detendremos aquí a analizar las causas, motivaciones y acciones que llevaron al país a tal situación.

Nos parece más adecuado y útil reflexionar acerca del rol de los militares en tanto ciudadanos individuales o bien como miembros de las FFAA. Esto, en base a la letra y fondo del juramento que los uniformados ejecutan año a año. El texto, que data de 1939, no es muy largo y dice así:

Yo, [grado y nombre del jurante] juro,
por Dios y por esta bandera,
servir fielmente a mi patria,
ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar,
hasta rendir la vida si fuese necesario,
cumplir con mis deberes y obligaciones militares
conforme a las leyes y reglamentos vigentes,
obedecer con prontitud y puntualidad
las órdenes de mis superiores,
y poner todo empeño en ser
un soldado valiente, honrado y amante de mi patria.

Las palabras del Comandante en Jefe del Ejército debieran dar origen a un debate justo y necesario, pero que hasta ahora ha sido soslayado y ensombrecido por el tema de los DDHH. Se trata de analizar la legalidad o ilegalidad de la intervención militar de 1973, como así mismo de aquilatar la legitimidad o ilegitimidad de tal acto.

Para empezar, se desprende del contenido del juramento el concepto de la “obediencia debida”, a la que hizo referencia el jefe del Ejército. Pero también el juramento  establece las condiciones en las que tal obligación tiene lugar, es decir, conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

En los inicios de la carrera militar, los reclutas se ven sujetos a una instrucción llamada “infantería doctrinal”, entre otros fines, para dar uniformidad a los movimientos y acostumbrar al soldado a la prontitud y energía en el cumplimiento de las órdenes casi como acto reflejo y sin mayores razonamientos. Sin embargo, en la práctica militar profesional, la obediencia es un proceso consciente y está sujeta a ciertas reglas.

El Artículo 334 del CJM chileno señala: “Todo militar está obligado a obedecer, salvo fuerza mayor, una orden relativa al servicio que, en uso de atribuciones legítimas, le fuera impartida por un superior”. Sin embargo, el Artículo 335 estipula: “No obstante lo prescrito en el artículo anterior”, [si]…”de su ejecución resultaren graves males que el superior no pudo prever, o la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, podrá el inferior suspender el cumplimiento de tal orden”…”Si el superior insistiere en su orden, deberá cumplirse en los términos del artículo anterior”.

El subordinado estaría sujeto a una coerción reglamentaria que, en ocasiones, podría obligarlo a cometer actos contrarios a su ética. En una situación de guerra, ante un enemigo externo y claramente definido, el dilema aparece más claro para el soldado y se sustenta en el derecho a la legítima defensa, aplicado a la nación que se defiende de un ataque exterior. Aun así, en la guerra hay reglas mínimas de comportamiento moral que están reguladas por la Convención de Ginebra.

Por otra parte, el concepto de patria es abstracto y sólo adquiere corporeidad en las personas. El  servicio a la patria de un soldado debe entenderse, de manera esencial, como la protección de la vida e integridad de los que la habitan, más allá de la defensa de un determinado territorio o ideología. De aquí que la obediencia debida en un conflicto interno también, y con mayor razón, encuentra limitaciones morales para su ejecución.

El uso de atribuciones legítimas del superior es, desde luego, una limitación a la obediencia ciega. No podría el sargento ordenar al soldado matar al teniente y, más adelante, enjuiciarse al soldado por no cumplir la orden de su superior inmediato.

Los altos mandos institucionales están sujetos también a las mismas reglas. Tanto la Constitución actual, como la que regía en 1973, establecen con claridad que los cuerpos armados, FFAA y Carabineros, son esencialmente “obedientes y no deliberantes”. Todo esto, en una cadena de mando que se inicia desde el o la Presidente de la República. El quebrantamiento de esta norma es sedición.

El estricto cumplimiento de la regla anterior es básico para distinguir el funcionamiento de una democracia madura, de aquella que no lo es.

Por otra parte, hay que considerar que el ejercicio de la democracia implica un conflicto regulado, es decir, un proceso agonístico entre individuos y grupos que, en ocasiones, se enfrentan con variado grado de violencia en la disputa por el poder político. En coyunturas de luchas sociales exacerbadas, como ocurrió en 1973, el panorama parece caótico e ingobernable.

Sin embargo, el Estado democrático cuenta con diversos instrumentos jurídico-políticos: la Constitución, las leyes, los reglamentos y las fuerzas de seguridad pública, mediante los cuales puede controlar el comportamiento masivo. El ordenamiento constitucional contempla estados de excepción que permiten al administrador del Estado, es decir, al gobierno democráticamente elegido, hacer uso de tales instrumentos, entre ellos, las FFAA y Carabineros.

Es básico, entonces, que el empleo de estos medios sea ordenado desde la cúspide de la pirámide de mando, desde la Presidencia de la República de acuerdo a las disposiciones constitucionales y por intermedio del ministerio correspondiente. No cabe una generación autónoma de misiones por parte de la fuerza armada.

Precisamente, en contextos complejos, como el que se alude en el discurso del  Comandante en Jefe, es cuando se requieren la disciplina, la serenidad y el aplomo de los mandos, de la oficialidad subalterna y, consecuentemente, también de la tropa, para permanecer impermeables al contagio de la pasión popular, de modo de “cumplir las obligaciones militares conforme a la leyes y reglamentos vigentes”.

Las palabras del General Cheyre, cuando estuvo al mando del Ejército, el “nunca más”, creo que se referían a eso: al nunca más dejarse arrastrar por las pasiones de la contienda política. Porque se trataría de un estado de ánimo que habría revelado una vulnerabilidad en la formación doctrinal de nuestras instituciones armadas, fácilmente explotable por poderes anti democráticos, sean de origen interno o externo.

Si las disposiciones reglamentarias que regulan el comportamiento de los ciudadanos militares en cumplimiento de las funciones que les son propias, no aparecen con la claridad que requiere su trascendencia, será necesario revisar esos mandatos.

Finalmente, en virtud del Artículo 4º de la Constitución que define a Chile como una República democrática, a nuestro juicio, la doctrina militar debe contemplar la difusión de la educación cívica como complemento indispensable a la formación técnica de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías.