El Profesor de Derecho y columnista dominical del diario El Mercurio, Joaquín García-Huidobro, ha dado respuesta a mi réplica contra su columna “Aborto: ¡Que se mueran los feos!” aseverando que los proyectos de ley sobre interrupción del embarazo presentados al Congreso Nacional contemplan la indicación eugenésica. A partir de ello,  él colige, sin rigor argumentativo, que si las iniciativas legislativas prosperan, “los niños con Síndrome de Down o personas como el orador motivacional Nick Vujicic (el sujeto que carece de brazos y piernas), corren serio peligro”. Por ello, “los chilenos perderemos (¿necesariamente?) la oportunidad de aprender las lecciones que diariamente nos entregan los más débiles de nuestros compatriotas”.

Como el lector podrá notarlo, tales aseveraciones son falaces. Sin embargo, el columnista justifica su error argumentativo, aduciendo que no es “una buena idea” excluir ese tipo de falsas argumentaciones del debate público.

Para sostener su punto, el columnista hace alusión sólo a uno de los tres proyectos de ley vigentes y actualmente en tramitación en el Parlamento. En concreto, mi contradictor se refiere al proyecto de ley presentado por los senadores Girardi, Lagos, Quintana y Tuma (Boletín 7.391-07) el cual contempla autorizar la práctica de la interrupción del embarazo “cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o malformaciones físicas o psíquicas”.

Pero aquél no es el único, pues el proyecto presentado por el Senador Camilo Escalona contempla sólo la indicación terapéutica (Boletín Nº 6522 – 11) y la moción presentada por los Senadores Matthei y Rossi, se refiere la interrupción del embarazo por razones médicas (Boletín Nº 7373 – 07). Iniciativas que por cierto fueron todas fusionadas, de acuerdo al informe de la Comisión de Salud del Senado, para que con posterioridad procedan a discutirse sólo en general, con el fin de dejar lugar a la posibilidad de que se formulen indicaciones para modificar sus textos.

Ahora bien, independiente de las denominaciones que los parlamentarios les otorguen a las distintas mociones, lo que el columnista no comprende, es que esto no es un artificioso juego de vocablos; acá lo relevante son los fines perseguidos. En ese sentido, la finalidad prevista por los proyectos de ley enviados al Parlamento es embriopática, pues busca justificar la interrupción del embarazo para aquellos casos en que el feto padece de alguna embriopatía que hace imposible su vida extrauterina autónoma. A diferencia de la indicación eugenésica, la cual persigue fines vinculados a la mejora del patrimonio genético humano, donde se arguye que la vida del feto con deficiencias o taras graves sería de poca calidad y no merecería ser vivida; propósitos que, en principio, son injustificados desde el derecho constitucional por ser incompatibles con el principio de igualdad.

La distinción es relevante pues la denominada indicación eugenésica encuentra sus antecedentes históricos en una antigua legislación del régimen nacional-socialista alemán, la cual fue tomada como ejemplo por otras legislaciones comparadas, pues fue uno de los primeros países occidentales en legislar la interrupción del embarazo bajo el sistema de indicaciones. De ese modo, lo que tenemos hoy en día es un mero resabio terminológico, de lo cual no es posible derivar conclusiones referidas a que los proyectos de ley en tramitación busquen otras finalidades que no sean las embriopáticas

Por otra parte, mi contradictor insiste en avanzar intuitivamente conclusiones sobre premisas falsas, a partir de lo cual da por ciertas consecuencias que no son seguras, e incluso inverosímiles. Ello lo hace, en primer lugar, asumiendo que la permisividad de un acto implica, necesariamente, su obligatoriedad; en segundo, presuponiendo que a partir de un hecho se desencadenarán una serie de eventos sin que existan  relaciones necesarias entre ellos.

Asimismo, su ausencia de argumentación se enfoca en lograr un discurso orientado a producir efectos en la emotividad y los afectos del lector antes que en su capacidad de percibir las razones esgrimidas (como también lo hace en esta columna). Este último es un recurso retórico común entre los sectores conservadores, utilizado no sólo en la discusión ética, sino que también en contextos de convulsión social, con tal de incrementar el poder punitivo del Estado mediante el discurso de la “seguridad” y el fortalecimiento del “orden público”.

En definitiva, aquéllas estrategias sofistas constituyen falacias que no deben ser toleradas en el debate público, no por que sea una “mala idea excluirlas”, como piensa el columnista, sino por la sencilla razón de que las condiciones discursivas del debate racional establecen como válidos solamente los argumentos genuinos y no las pseudo razones.