Por Marianne González Le Saux

En Octubre de 2016, el país se conmocionó al revelarse la cifra de 1.313 niñas y niños muertos bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Menores. Chocante, en particular, fue la dificultad que tuvo el organismo en obtener esta cifra: la negligencia administrativa era tal que, hasta ese momento, el SENAME desconocía el número y paradero de quienes se encontraban legalmente bajo su tutela.

Luego, por meses, el tema se eclipsó de la agenda noticiosa, hasta que ha vuelto a encenderse con el rechazo del Informe Sename II y las denuncias de René Saffirio en Tolerancia 0. El SENAME, sus niños, y sus muertos, alternan entre la visibilidad y la invisibilidad. Pero esto no tiene nada de nuevo.

Deteniéndonos a mirar cómo, históricamente, el Estado chileno se ha comportado respecto de los niños de los sectores populares, esta patente invisibilidad de los niños del SENAME es poco sorprendente. Como lo ha mostrado Nara Milanich en su estudio sobre la relación entre niñez, clase y Estado en el siglo XIX, los estadistas y patriarcas republicanos –y entre ellos particularmente Andrés Bello– forjaron un sistema legal que aseguraba la virtual “desaparición” de los niños pobres del espectro visual del Estado. Este mecanismo jurídico era el complejo sistema de filiación establecido en nuestro tan reputado Código Civil de 1855. Este cuerpo legal reinterpretaba, bajo un prisma liberal y contractualista, las categorías del derecho colonial que dividían a los hijos entre legítimos, naturales, y simplemente ilegítimos. En la práctica, este sistema contribuyó a hacer “ilegibles”, es decir, imposibles de contar e identificar, a los niños de los sectores populares. Esto, pues dejaba en un limbo jurídico a los niños que no habían sido oficialmente reconocidos por sus padres y que no alcanzaban siquiera el desmejorado estatus de “simplemente ilegítimos”. Más aún, el reconocimiento era un acto que dependía de la sola voluntad del padre, pues el Código Civil se encargó de hacer imposible la investigación de paternidad. Así, el Estado establecía categorías legales para definir los lazos familiares esenciales para determinar los derechos de cada persona. A la vez, creaba vacíos legales que dejaban a toda una categoría de personas sin una filiación definida, y entregaba a la voluntad privada e individual de los progenitores (y en particular del padre) la prerrogativa de otorgar una u otra categoría de filiación a su descendencia (Milanich, 2009).

Los grados de “legitimidad” del nacimiento eran más que simples marañas legales, en tanto producían y reproducían un orden de clase. En efecto, ya fuera porque las condiciones económicas llevaban a los sectores populares a desplazarse constantemente en busca de trabajo volviendo más difícil la constitución de familias “estables”, ya fuera porque los requisitos burocráticos para reconocer a un hijo natural eran inalcanzables para las familias más pobres, la ilegitimidad de la filiación se asociaba de manera nada casual con la pobreza (Salazar, 1990).

Esto era aún más evidente en el caso de los niños colocados en la Casa de Huérfanos a lo largo del siglo XIX. En esta institución, predecesora histórica del Sename, los niños eran generalmente colocados por sus madres de forma temporal para sortear un apuro económico. Sin embargo, una vez ingresados a la Casa de Huérfanos, la institución se encargaba de borrar el registro familiar de los niños e incluso cambiaba sus nombres. Este acto de prestidigitación que transformaba a un “hijo” en “huérfano” se explica porque la Casa de Huérfanos externalizaba el cuidado de los niños a hogares particulares, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de criados domésticos para los hogares de elite y clase media de la capital. Éstos aprovechaban esta mano de obra cuyo costo era el de “criar” al niño. El número de “huérfanos” que fallecían en estas circunstancias era desconocido por la institución, pero sin lugar a dudas extremadamente alto dado el carácter epidémico de la mortalidad infantil de la época (Milanich, 2009).

Así, la invisibilidad jurídica de los niños ilegítimos que los cercenaba de sus lazos familiares no era una “disfunción” del sistema. Más bien, era una herramienta encaminada a dejar a los niños pobres en una situación de vulnerabilidad que permitía alimentar el mercado del trabajo doméstico, un mercado crucial en el contexto de la economía pre-industrial del siglo XIX.

Sin embargo, en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, la importancia del trabajo doméstico decayó en el contexto del avance de la industrialización y el desarrollo de un mercado urbano de servicios. El surgimiento de la “cuestión social” y los inicios del movimiento obrero creó en las elites una preocupación sin precedentes por las condiciones de salud, vida, y trabajo de los sectores populares. La “mortalidad de los párvulos” y la “infancia desvalida” cobraron un lugar central en la crisis del centenario y los debates sobre la cuestión social: ambos aspectos eran considerados amenazas al progreso nacional pues “agotaban” las fuerzas productivas de la nación y eran gérmenes de “males sociales” tales como el alcoholismo, el vagabundeo, el crimen y la agitación social (Orrego Luco, 1884).

Así, a principios del siglo XX el Estado chileno comenzó una sostenida política de atraer a los niños pobres bajo la mirada y tutela del Estado. Para ello se promovió la “constitución legal de la familia” en los sectores populares como un medio de estabilización de la mano de obra para las faenas industriales, buscando disminuir las tasas de ilegitimidad y facilitar el reconocimiento los hijos ilegítimos (Klubock, 1998). En cuanto a la “infancia desvalida”, se creó una nueva institucionalidad para la protección de los menores “en situación irregular” con una Dirección General de Protección de Menores, Juzgados de Menores, Politécnicos y Casas Correccionales (Vetö, 2016).

Esta nueva preocupación del Estado por hacer “legibles”, proteger y controlar a los niños pobres estaba anclada en el hecho que la invisibilidad de los niños de los sectores populares resultaba ya no funcional sino disruptiva de las nuevas estructuras productivas.

Desde la década de 1920, la preocupación por la infancia se volvió una constante del debate público. Desde el Partido Conservador hasta el Comunista, profesionales y políticos de todos los colores podían reconocerse en su preocupación por la suerte de los “niños desvalidos”, integrando los directorios y trabajando de consuno en las instituciones públicas o privadas subvencionadas por el Estado, tales como el Consejo de Defensa del Niño. De esta forma, en torno a la “constitución legal de la familia” y a la necesidad de controlar a los menores que carecían de tutela familiar, se lograba conjurar la “crisis moral de la república” y generar un compromiso político que se expresaba a través de la compasión compartida en torno a los niños más vulnerables (Rossemblatt, 2000).

En las décadas siguientes la situación de los niños abandonados seguiría reapareciendo en el discurso público, y con particular fuerza en los momentos agudos de crisis política y social. Por ejemplo, en los 1960, la preocupación por la infancia volvió a emerger en las políticas públicas a través de sucesivas reformas al sistema de protección de menores en que se estableció el Consejo Nacional de Menores como una nueva estructura institucional para coordinar las distintas instituciones relacionadas con la infancia (Rojas Flores, 2010).

Sin embargo, los emotivos discursos en el Congreso sobre la miseria de los niños abandonados y los intentos por hacer más efectiva la institucionalidad de protección de la infancia fueron poco más que una cáscara que no modificó radicalmente la persistente invisibilidad de los niños pobres. El sistema discriminatorio que diferenciaba la filiación legítima de la ilegítima se mantuvo por largas décadas hasta 1998, y la institucionalidad de protección de los menores se caracterizó desde los años 60 en adelante por ser un simple “delegador” de sus responsabilidades en instituciones privadas, perdiendo nuevamente el control y rastro de los niños que debía tutelar. Por lo mismo, los niños pobres volvieron rápidamente a ser invisibles, si es que alguna vez dejaron de serlo.

Este brevísimo recorrido histórico nos sugiere que la invisible presencia de los niños del SENAME es más que una cuestión de presupuesto, formación de funcionarios, cuoteo político o control administrativo.

Y es que la infancia vulnerada no es un asunto marginal o un error de diseño: es un resultado directo y en ciertos casos una condición necesaria para el funcionamiento de las estructuras de reproducción social y producción económica. Por lo mismo, no es casualidad que el tema emerja con particular intensidad en los momentos en los que el sistema político experimenta una crisis aguda, precisamente como un intento de conjurarla.

El riesgo, entonces, es que la crisis del SENAME se transforme en una discusión en la que todos los sectores parecen estar una vez más de acuerdo en su conmiseración en torno a los niños abandonados. El SENAME, sin embargo, no es sino la punta del iceberg de un profundo desacuerdo político respecto de un sistema económico, social, legal y cultural que se encarga de crear estos funcionales espacios de invisibilidad.


Marianne González Le Saux es abogada por la Universidad de Chile y candidata a Doctora en Historia en Columbia University.