Con motivo de la última marcha de los estudiantes, la Intendenta de la Región Metropolitana Cecilia Pérez reaccionó haciendo un llamado a nuestros parlamentarios para que aprueben con celeridad el proyecto de ley que tiene por propósito fortalecer el resguardo del orden público (Boletín Nº 7975 – 25). Por su parte, su principal propulsor, el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, manifestó que el estatuto legal que castiga los desordenes públicos en Chile es insuficiente, por lo que se hace necesario expandir el rigor penal para de esa manera neutralizar la lucha social.

En lo que sigue, me referiré muy brevemente y sin ánimo de exhaustividad, ya no a las problemáticas morales y penales que se derivan de la criminalización de la protesta social, cuestión que ya he discutido, sino que haré alusión a ciertas consecuencias negativas que se siguen del efecto silenciador (chilling effect) en la libertad de expresión y la protesta social que generará la eventual aprobación de este peligroso proyecto de ley.

Para los que no lo saben, una de las finalidades de las penas asignadas a la ejecución de las acciones prohibidas es la disuación de ciertas conductas a través del efecto psicológico que genera la amenaza de sanción. Se trata de de inhibir a los ciudadanos de la posible inclinación al delito. Aunque es discutible bajo un enfoque no-consecuencialista, ya Bentham veía las penas como un mal impuesto a un individuo con el fin de prevenir actos semejantes.

Esto lo digo pues el proyecto de ley al que me refiero en esta columna, precisamente, busca criminalizar ciertas acciones propias de la protesta tales como la toma de establecimientos educacionales y los cortes de tránsito. De hecho, ambas conductas son expresiones legítimas de la contestación social pues buscan visibilizar, ante la opinión pública, diferentes demandas contenidas en una movilización.

Al ser estas expresiones de la protesta social posiblemente criminalizadas con penas que van desde los 541 días hasta los 3 años de presidio, el efecto disuasivo es significativo. Aquello es así pues, en principio, las personas tenderán a desanimarse a la hora manifestarse debido a que la sanción asignada a las conductas constitutivas de la protesta generarán un efecto psicológicamente coactivo que afectaría la libertad de expresión; lo que a la larga, aparejará como consecuencia la auto-censura del futuro manifestante.

Por supuesto esto es inaceptable en una democracia pues desalienta al disidente, invisibiliza a los grupos vulnerables y desaventajados que históricamente han sido excluídos del debate público y que carecen del recurso a formas de involucramiento político que requieren dinero y poder tales como el lobby, e inhibe formas de expresión de la crítica política.

Por si fuera poco, tal como lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos en su Observación General Nº 25, el deber del Estado en estas materias no se agota en el respeto de la garantía de no interferencia en el ejercicio de la protesta social, sino que también debe adoptar medidas de participación efectiva de la ciudadanía que impliquen una protección proactiva de los diversos modos de movilización y contestación social.

En el contexto político actual, en el que existe una desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos, donde la verdadera oposición al Gobierno la han efectuado ciudadanos movilizados por el reclamo público para el mejoramiento de las leyes que regulan la calidad de la educación, dar prioridad y urgencia a la aprobación de la ley Hinzpeter es sólo una muestra de debilidad política del Gobierno y una manifestación del populismo penal. En ese sentido, el proyecto de ley Hinzpeter viene a disfrazar bajo la excusa de resguardar un concepto ambiguo como lo es el orden público, invisibilizar la disidencia, disuadir las movilizaciones sociales y estancar la protesta.

Ese es, en concreto, el chilling effect que acarrea ley Hinzpeter, vale decir, el efecto de inhibición y desaliento de expresiones legitimas de un derecho constitucional debido a la amenaza de aplicación de una sanción punitiva. Cuestión que por cierto ha sido condenada por Tribunales Internacionales de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por analogía, el caso Goodwin v. United Kingdom de la Corte Europea de Derechos Humanos.

En definitiva, criminalizar la protesta es un atentado a la libertad de expresión pues a la larga terminará produciendo un efecto general de silenciamiento en los futuros manifestantes, lo que en sí mismo es un mal para la calidad de la democracia chilena. La protesta social como expresión de crítica política enriquece el proceso democrático. Es por eso que el proyecto de ley Hinzpeter es una medida inadecuada e ilegítima y por ningún motivo debería convertirse en ley de la república.