El pasado jueves 26 de noviembre se despachó el reajuste salarial de 4,1% nominal para los trabajadores del sector público. Considerando la inflación acumulada entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 (a la fecha de la aprobación aún no estaba el dato de noviembre), el reajuste real es de un 0,1%. Probablemente, incluyendo el IPC faltante (que recién se conocerá el 7 de diciembre a las 8AM), la mayoría de los trabajadores del sector público verán retroceder su poder adquisitivo (o a lo más mantenerlo).

Pero además, considerando los reajustes reales alcanzados en dos años consecutivos, el actual (2015 – 2014, de 0,1 y 0,3 respectivamente) es el registro más bajo de los últimos 23 años. Ni siquiera con crisis financiera mundial (2008), ni con crisis asiática (1998), los trabajadores públicos tuvieron estos paupérrimos resultados. Tampoco fue el caso entre 1991 y 2015, cuando el precio del cobre tuvo un promedio de 99 centavos de dólar por libra y las excusas de los gobiernos de turno no podían parapetarse en el “sueldo de Chile” (en 2015, el precio del cobre promedia 257 centavos de dólares por libra).

En medio de este debate, y justo el día donde se realizaba la votación del reajuste en el Congreso, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC), dio a conocer un informe macroeconómico titulado “Remuneraciones: Sector Público vs. Sector Privado”. El estudio fue analizado en extenso a través del noticiario central de Canal 13. El mensaje buscado fue transmitir la idea de que las remuneraciones del sector público eran muy superiores a las del sector privado. En efecto, el estudio señala que las brechas de remuneraciones varían desde un 40% hasta un 117% a favor de los trabajadores públicos. El mensaje subrepticio, era evidente: “lo que solicitan los trabajadores en el marco de las negociaciones es insensato; son privilegiados pidiendo más privilegios.

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Al evaluar el estudio de CLAPES, rápidamente surgen dudas respecto a la metodología allí utilizada, y por lo tanto respecto a la validez de sus resultados. El primer inconveniente que se advierte es la decisión forzada de comparar datos que provienen de registros administrativos (remuneraciones del sector público) y datos que provienen de encuestas de hogares (remuneraciones del sector privado). A este respecto, la literatura especializada informa sobre a la dificultad de realizar comparaciones entre datos que provienen de registros administrativos versus aquellos cuya naturaleza son encuestas de ingresos (Wallgren y Wallgren, 2007). Una de las razones apunta al hecho de que los datos que provienen de registros administrativos, requieren de un procedimiento de limpieza para evitar las duplicaciones, revisión que descansa principalmente en el usuario de la información (en el estudio de CLAPES esto no queda claro que se haya realizado), problema inexistente en el caso de la encuesta CASEN, donde la unidad de análisis mínima es la persona. Pero tal vez la inconveniencia de mayor relevancia está en el hecho de que es impracticable realizar una comparación sobre una muestra representativa como lo es una base de datos de una encuesta de hogares que selecciona sus elementos de modo aleatorio y probabilístico (en este caso la CASEN) con una selección truncada (incompleta) de la información administrativa (el estudio de CLAPES señala abarcar “aproximadamente al 6,5% de los empleados de planta y contrata del poder ejecutivo”, excluyendo a una gran masa de trabajadores del sector descentralizado que no figuran en ese registro, así como también a honorarios y también a aquellos que laboran en corporaciones municipales u otras formas de externalización dentro del aparato público). En resumen, no se observa argumentación alguna en el mencionado estudio que justifique la imposibilidad de utilizar una misma fuente de información para realizar la comparación sector público – sector privado. Dicho ejercicio perfectamente se puede llevar adelante con la CASEN o mejor aún, con la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI), cuya versión 2014 se conoce desde septiembre de este año.

En segundo lugar, no se informa de cuál sería el período exacto en el cual se consultan las remuneraciones del sector público vía Transparencia. En el caso de ser un mes en particular, se estaría incurriendo en un sesgo de selección por consideraciones estacionales, ya que hay asignaciones, bonos que no se contemplan de forma homogénea durante el año y además, en ciertas reparticiones, los datos publicados corresponden a las remuneraciones efectivas y no necesariamente las contractuales, por lo tanto, la cantidad de horas de trabajo que se logren en determinado mes, serán determinantes en el cálculo de la remuneración.

En tercer lugar, se fuerza una comparación con los asalariados del sector privado considerando el amplio espectro de unidades empresariales. Las encuestas de hogares son especialmente cuidadosas en este punto y asimilan al sector público con empresas grandes, esto es razonable, considerando que las encuestas realizan la clasificación de tamaño de acuerdo al número de trabajadores que tienen las empresas y con 200 o más personas, corresponde la categoría de “gran empresa”. Ciertamente, el sector público emplea a más de 200 personas. Sin embargo, la comparación de CLAPES en relación a las remuneraciones de los trabajadores es sin distinguir el tamaño de empresa. Metodológicamente hablando eso es incorrecto pues induce a subestimar la base con la cual se realiza la comparación.

En cuarto lugar, el informe desglosa las remuneraciones en 5 estamentos: Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares. Sin embargo, en la clasificación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO) que se utiliza en la CASEN, hay 10 grupos ocupacionales, los que no son directamente asimilables a los estamentos del sector público. El informe de CLAPES no pormenoriza como lidió con este hecho.

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Sigue vigente la pregunta ¿cuáles son los verdaderos sueldos del sector público?

Ante la ausencia de una base de datos administrativos pública que incluya todas las asignaciones, formas contractuales y todos los meses del año (el camino de Transparencia es complejo y actualmente no existe estudio al respecto), la mejor alternativa actual para responder a esta pregunta es a través de la base de microdatos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 2014 (NESI).

Esta encuesta, de carácter nacional, es la principal fuente de información en Chile para medir los ingresos que provienen del trabajo. Citando al Instituto Nacional de Estadísticas, “Es la única encuesta que levanta con mayor regularidad información de ingresos de las personas en Chile y con representatividad para todas las regiones” (INE, 2015).

Se trata además de una encuesta que reporta una estimación para la totalidad de los ingresos del trabajo y no sólo el sueldo base. Por lo tanto, en el caso de existir asignaciones y/o bonos, estos también son capturados.

De acuerdo a la información publicada en el sitio web del INE, y basado en la NESI 2014, el promedio de ingresos para los asalariados públicos asciende a: $702.861 líquidos.

Ahora bien, la situación salarial publicada en la página Web del INE es incompleta pues no da cuenta de mediciones que vayan más allá de los promedios. Y por supuesto, en contextos sociales de elevada desigualdad, los promedios ocultan realidad y la mediana emerge como un indicador más adecuado.

La mediana es el punto que se encuentra justo en la mitad de la distribución de un conjunto ordenado de datos; dicho de otra manera, es la frontera superior de ingresos para el 50% y para referirse a ella, se suele indicar “el 50% de los trabajadores gana menos de…”.

Si el INE no informa de la mediana, ¿cómo se puede obtener? La manera formal es solicitar por Transparencia la base de microdatos de la NESI y ya con ésta, procesar la información de acuerdo al procedimiento regular para obtención de medianas (ordenar los datos de menor a mayor y cortar en la mitad).

Al igual que la metodología del INE (y siguiendo el estándar internacional), los cálculos son realizados para la ocupación principal. A continuación algunos resultados:

  • El 50% (1 de cada 2, ó la “mediana”) de los trabajadores asalariados del sector público perciben menos de $500.000 líquidos.
  • El 60% de los trabajadores asalariados del sector público perciben menos de $600.000 líquidos.
  • Sólo 30%, percibe más de $773.000 líquidos.
  • Excluyendo a los directivos y profesionales, el 50% de los asalariados del sector público perciben menos de $399.925 líquidos.

La comparación con los trabajadores del sector privado se observa en la siguiente tabla:

tabla1.png

La situación de bajo valor del trabajo por lo tanto es visible también en los trabajadores del sector público. Los resultados presentados dan cuenta de a lo menos dos fenómenos: los sueldos de los trabajadores públicos, no son como los que señala CLAPES (en donde los auxiliares son los que menos ganan y su promedio ascendería a $624.517). En segundo lugar, las brechas salariales respecto al mundo privado (comparable) no son especialmente significativas, inclusive, en la mayoría de los grupos ocupacionales, el sector privado percibe rentas mayores a las del sector público (por ejemplo en Directivos, Profesionales y Técnicos, en este último caso la mediana es un 31% mayor).

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No está de más apuntar que los bajos sueldos de Chile tienen como contracara el sistema de crédito. En lo que se refiere a la morosidad, el último estudio de la Universidad San Sebastián  y Equifax, da cuenta de casi 4 millones de chilenos que no pueden pagar sus deudas. La deuda opera como un mecanismo de control y disciplina social que contiene los intentos de transformación de la realidad. Y este es el quid del asunto para las clases dominantes, preservar un hábitat libre para la acumulación de ingresos. La historia del Chile de salarios musculosos y del país de los US$ 24 mil dólares PPP como PIB per cápita es un cuento que cada día resiste menos análisis, aún cuando algunos centros de estudio se esfuercen acomodando métodos para demostrar lo contrario.