Por Cristóbal Ramos Guerrero

Me pareció muy llamativo el reciente artículo publicado el 31 de julio sobre Renta Básica Universal (RBU)[1] porque en Chile este tema ha sido escasamente tratado, y en mi opinión, ha sido de los pocos artículos que no se ha cuestionado su carácter universal. Además, la columna citada subraya el valor de su eficiencia y la importancia de su cuantía. Sin embargo, creo que su autor comete una serie de imprecisiones en sus apuntes que vale la pena aclarar y describe cuestiones respecto de las cuales me parece valioso profundizar.

En primer lugar, se refiere a su naturaleza como “un derecho social universal ciudadano (como el derecho a sufragio)”. Es errado comparar el derecho a sufragio con el derecho a la RBU debido a que aquél no tiene ni la naturaleza ni la fisonomía de un derecho social, sino la de un derecho político. Por otro lado, es difícil aceptar que el derecho a una RBU sea un derecho social típico, por cuanto es una institución que modifica de manera especial el contrato social. Esto, en virtud de que niega parcialmente la posibilidad de volver al ciudadano un receptor de prestaciones en el marco de un estado de bienestar.

En segundo lugar, la RBU no sería un derecho del ciudadano si aceptásemos una definición como la de nuestra constitución vigente, puesto que afirma una serie de requisitos para ser ciudadano (entre los cuales está, el ser chileno). Por ejemplo, si el Estado chileno garantizara la renta básica hoy sólo a sus ciudadanos, simplemente no sería universal y excluiría incluso a los extranjeros que pueden ejercer el derecho a voto en Chile. En tal caso no sería una política deseable, más aún sería una política reaccionaria por cuanto los extranjeros no tendrían ningún derecho a recibir la RBU. Luego, sólo podría entenderse que una RBU sería un derecho ciudadano si aceptásemos una reformulación un poco más “cosmopolita” de la idea de ciudadanía y no la que ponemos en práctica en el quehacer de nuestras instituciones y que utilizamos cotidianamente.

Daniel Raventós, uno de los autores citados en la columna, ha definido la RBU como “un ingreso pagado por el estado a cada miembro de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva” (Raventós, 2007[2]). Esta definición es muy útil y sirve para elucidar en qué sentido puede entenderse “ciudadanía”. A pesar de todo, en nuestro contexto usar tal término tiende más a confundir que a aclarar.

Otra de las cuestiones importantes presentadas en el artículo del 31 de julio es la mención de la fundamentación republicana, la cual pone en el centro de la discusión la idea de libertad. Sin embargo, considero que es urgente reconocer dos concepciones distintas de la libertad republicana. Una primera vertiente podemos identificarla con la concepción principalmente defendida por Philip Pettit, quien entiende la libertad como no-dominación y que comprende la dominación en un sentido muy específico. Explica Pettit que “alguien tiene poder de dominación sobre otro en la medida en que: 1) tiene capacidad para interferir; 2) de un modo arbitrario, y; 3) en determinadas acciones que otro puede realizar” (Pettit, 1999[3]). Es claro que esta comprensión de la libertad republicana está sin duda influenciada por los usos de la tradición analítica de la filosofía, y en especial, por la filosofía política de Rawls. Probablemente debido a lo anterior es que Pettit en su Republicanismo haya comprendido la propiedad como un recurso, haciendo abstracción de algo que no pocos pensadores republicanos han tenido en cuenta. Es por ello que pasa por alto una cuestión tan importante que sí se considerada por otra vertiente.

La segunda vertiente del republicanismo ha entendido la libertad como no dependencia. Esta posición ha sido reconstruida por autores como el mismo Daniel Raventós y defendida en una obra reciente como la del español Joaquín Mirás Albarrán en su Praxis política y Estado republicano (publicada el año pasado[4]). Algo similar encontramos en más de algunos de los artículos de Quentin Skinner, tal como el que fue publicado en la revista española Isegoría (Skinner, 2005)[5]. Según ellos, este ideal tendría su origen en la diferenciación del hombre libre del esclavo (al igual que Pettit), pero asumiendo que para esto el hombre debe contar particularmente con una esfera de propiedad exterior a sí mismo, la cual no debe ser interferida ni por el estado ni por particulares. Esta distinción no es baladí. La relación entre república y propiedad en nuestra institucionalidad ha sido plasmada siempre en nuestras constituciones. Una muestra de esto es que el artículo 10 N°14 de la constitución de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la república que el estado chileno propendería a la conveniente división de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar. Una RBU ciertamente, reavivaría los ánimos para cumplir esta vieja y progresiva promesa.

Actualmente, la derecha más conservadora se ha apropiado de la idea de república. Baste con recordar la publicación del libro editado por El Mercurio y lanzado hace algunas semanas sobre el “Manifiesto Republicano” (VVAA, 2017)[6]. También se han publicado nuevos estudios en los centros de pensamiento liberales discutiendo innovadoras políticas para terminar con la pobreza. Es esa línea, apareció recientemente un artículo en la revista Estudios Públicos discutiendo algunos de los alcances del impuesto negativo al ingreso defendido por Milton Friedman (Hernando y Rubio, 2017)[7].

Aunque no sea algo de sentido común de la izquierda, en la tradición republicana hay nociones que se merecen que le demos otra vuelta. En mi opinión, hay que revitalizar el ideario republicano y socialista conjugando la centralidad de los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad y el bien común. Hay instituciones como la RBU que deben volver a sumergirse en sus principios, como los municipios y la comuna en sí, y otras que deben ser incorporadas a nuestro ordenamiento, como el Defensor del Pueblo u Ombudsman. En efecto, urge continuar el estudio de la RBU en nuestro contexto, y ante todo fundarla sobre una justificación republicana, puesto que podemos encontrarle profundas raíces desde los principios fraternos formulados por nuestros ilustres pensadores republicanos (tales como Francisco Bilbao, Luis Emilio Recabarren y Salvador Allende, entre otros).

En resumen, no podemos dejar de lado la república, sino que la invitación es a disputarla, recuperarla y seguirla transformando.

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[1]        http://www.redseca.cl/apuntes-sobre-renta-basica/

[2]         https://www.casadellibro.com/libro-las-condiciones-materiales-de-la-libertad-el-viejo-topo/9788496831315/1158605

[3]         https://www.casadellibro.com/libro-republicanismo-una-teoria-sobre-la-libertad-y-el-gobierno/9788449306891/647217

[4]         http://tienda.elviejotopo.com/home/1320-praxis-politica-y-estado-republicano-9788416288830.html

[5]         http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/download/417/418)

[6]         https://www.feriachilenadellibro.cl/index.php/la-mayoria-de-las-ideas.html

[7]         https://www.cepchile.cl/impuesto-negativo-al-ingreso-del-trabajo-una-politica-contra-la/cep/2017-07-12/173148.html


Cristóbal Ramos Guerrero es egresado de Derecho, Universidad de Chile. Ayudante ad honorem del curso de Teoría General del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.