Existe cierto consenso entre las izquierdas actuales en torno a que la consulta a las bases parece ser siempre la mejor salida ante un dilema político de alto costo. Parecen ser tiempos en que se experimenta el polo opuesto -ciertamente culposo- a los peores momentos del vanguardismo ciego de ciertas izquierdas del siglo XX. Las máximas acuñadas por los zapatistas hace unas décadas ya, como el “mandar obedeciendo”, el “caminar preguntando”, entre otras, abrieron prácticas renovadoras de las organizaciones progresistas y de izquierda. Pero estos son tiempos de identidades de corta duración, y en que los constructores de sentido común pregonan una legitimada irresponsabilidad subjetiva individual. La democratización, procesada como liberación individual, se convirtió en abandono de la idea de colectivo. La justificada desconfianza ante la política es una cara más de la desconfianza social, y el miedo a los representantes expresa el pesimismo ante el devenir de las propuestas políticas. La izquierda no solo no es ajena a dicha situación, sino que lo vive de forma radical. Ante la política, bases y dirigentes de izquierda actúan como consumidores: se desprenden fácilmente de la responsabilidad colectiva y aseguran su imagen individual ante el resto. Recientemente, ante la imposibilidad de responder sobre qué hacer en una posible segunda vuelta presidencial en diciembre, dos diputados del Frente Amplio respondieron eludiendo la política recurriendo a posiciones seguras. Uno, rechazando de plano a Guillier, el otro, proponiendo un plebiscito que lo decida. Este escrito propone que ambas son formas de eludir tomar decisiones políticas debido al probable costo ante las bases que podría significar.

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El problema no es la herramienta. Los instrumentos no están condenados a cargar la suerte de las malas o buenas decisiones de quienes los usan. Un plebiscito o una negativa frontal pueden ser muy útiles según las circunstancias. Lo han sido, y por ejemplo, los plebiscitos han sido usados para pacíficamente demostrar mayorías en las luchas nacionalistas, como el caso escocés, o han dado legitimidad de masas a procesos constituyentes friccionados, como el boliviano o el venezolano a comienzos de este siglo. A su vez, la negativa frontal a delegar su representación en la negociación del conflicto educacional de 2011 en el parlamento, por parte de los dirigentes estudiantiles de entonces, fue un aprendizaje luego de las derrotas de 2006 a 2008 que terminaron en la LGE. Los hechos están como para asumir que el instrumento no es el problema, sino la razón de su uso. Y aunque siempre se debe cuidar la virtud de los medios, tal objetivo no puede ser preeminente a la lucha política. Además, sabemos de sobra que a la dominación no le importan tales disquisiciones morales.

De esta forma, tanto ante la cuestión del programa del Frente Amplio (FA), como respecto al qué hacer en una posible segunda vuelta electoral a fines de este año, la definición debe ser política. Es decir, debe maximizar las ganancias en el avance del interés de clases populares que busca expresar el FA y, a la vez, debiera elevar el costo para los intereses empresariales que históricamente han representado los partidos que se alinean en la candidatura de Guillier. Lo contrario es negar la posibilidad de aprovechar políticamente el momento de minoría, de volver a caer en el estrategismo según el cual toda transformación sólo es posible en condiciones ideales de mayorías absolutas y enemigos despotenciados.

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Hay varios argumentos para cuestionar en este momento de la política y del FA en Chile la fórmula de hacer un plebiscito. Primero, que dada la escasa comunicación y unidad política entre los partidos del FA y la disposición a entregar recursos a algo que vaya más allá de las apuestas propias, es difícil imaginar que se pueda levantar un referéndum de las proporciones requeridas en menos de un mes, y aún más sin apoyo del Estado. Si bien estas cuestiones son superables -y debieran serlo para una fuerza que pretende ser gobierno-, queda aún por preguntarse cuestiones que parecen ser técnicas pero presentan grandes problemas políticos, por ejemplo ¿quiénes podrían votar y quiénes no? o mejor dicho, ¿quiénes tienen la soberanía política del Frente Amplio?

En segundo lugar, representa una idea muy falaz pero bastante común, y es que la izquierda, y por tanto el FA, deben representar a toda la diversidad social, y tratar de empatizar con toda su amplia gama de situaciones e intereses. Lo cierto es que el núcleo de la diversidad de pensamientos que se reconocen en la izquierda es la lucha de clases. Se asume que existe una asimetría relativa entre los distintos grupos sociales, asimetría formada políticamente en la historia. De esa forma, es imposible representarlos a todos. Se asume que se representa a una parte de la sociedad, y aunque los objetivos e intereses de esta parte son universalmente beneficiosos, necesariamente implican conflictuarse con otras partes de la sociedad. La consulta a todas las partes niega ello, y olvida que los programas históricos de transformación expresados por sectores concretos de la sociedad, sirven tanto como base de una decisión política para programas o en una segunda vuelta, así como sirve de posición de largo plazo, como una enunciación que no puede someterse en cada duda a consulta, pues, no expresa cambios de ánimo coyunturales, sino la permanencia misma de la injusticia que se busca superar. En el fondo, el estado de consulta elude “la toma de partido histórico” en la lucha de clases, en pos de anclajes y desanclajes sociales a través de opiniones siempre revisables, que no permiten construir subjetividades densas que sirvan a la lucha política de transformación social.

Esto además presenta el problema de la cultura que se construye en base a movilizaciones costosas en recursos militantes en función de producir consultas de dudoso aporte a la política de izquierda. Y es la enajenación de los miembros del FA en una deriva que niega conducir y se centra en consultar, casi de forma permanente. Las organizaciones políticas pasan de ser instrumentos especializados en la lucha política, a instrumentos subordinados a una subjetividad que les resulta ajena y todopoderosa. En ello profundizamos más adelante.

 

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Por otra parte, el caso de la negativa a priori y total al apoyo en segunda vuelta presenta similares problemas de elusión política. A pesar de que intuitivamente lo lógico sería negarle “la sal y el agua” a cualquier alternativa de restaurar el orden concertacionista en el poder, a través de Guillier, esto no es tan racional para la izquierda. Primero, porque en el rechazo ante toda circunstancia vuelve a eludir la política, la toma de partido en la lucha de clases. Pareciera que al hacer eso toda la política que importase para la izquierda fuera aquella que se trata del Frente Amplio. Desaparecido éste como alternativa electoral, la alternativa del rechazo a priori a incidir en la segunda vuelta es una forma de evitar los dilemas propios de situaciones de este tipo, en que sea lo que sea aquello que se decida, no será del todo agradable. El rechazo a priori es cuestionable políticamente porque la negativa total expresa a los cuadros más comprometidos orgánicamente, pero que, dado los resultados electorales, son una minoría incluso ante los explotados del país. El rechazo a priori puede dejar muy en calma la subjetividad militante de izquierda que así presume de no ayudar a salvar a la Nueva Mayoría y su candidatura presidencial, pero no tiene nada que explicar a las mayorías populares que no confían en el FA como alternativa, a la vez que deja en la impotencia política a las luchas sociales que se expresan en dicho instrumento electoral.

El problema de la segunda vuelta es político, no es moral. Y no lo es porque así lo decidió el FA al presentar su candidatura presidencial como una candidatura que no es testimonial. Su candidatura busca abrir un ciclo de luchas por las transformaciones, y no puede ser que ante un previsible tercer lugar de esta apuesta, se recurra de inmediato al testimonio: en su forma democratista -el plebiscito para huir de la decisión política- o en su forma identitaria y de refugio moral -el rechazo a priori-. La salida no puede ser verse presa del dilema “testimonio o rendición”, pues planteado así ya es una derrota. La salida debe ser política, es decir, enmarcarse en una táctica de avance del FA.

De esta forma, el rechazo a priori niega cualquier posibilidad de negociación o incluso tensionamiento a una serie de partidos que siguen representando más que el FA entre las clases populares. Esto no significa oponerle al rechazo a priori, la negociación y entrega a priori. Más bien se trata de una política que busque traspasar los costos de la decisión a la Nueva Mayoría, la que estará necesitada de votos al otro día de la primera vuelta electoral. Si lo que se pone como condición para dialogar con Guillier es el programa histórico de las luchas sociales que el FA expresa, entonces debiera ser él quien debe ceder. Una política de segunda vuelta no debe buscar resolver el problema del apoyo, sino, por el contrario, agudizarlo al máximo, provocar el desorden y la confusión entre las filas de apoyo a la Nueva Mayoría, develando los intereses dominantes en su alianza política y la contradicción con los objetivos del FA.

 

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La elusión de la política es una consecuencia de una política que da muestras de su colonización por las formas del mercado. No de cualquier mercado ideal o pasado, sino en sus formas propias actuales: segmentado en infinitas y efímeras expresiones de subjetividad. De esta forma, la política electoral toma la forma de una oferta temerosa y subordinada, y los votantes de una demanda sumamente caprichosa y desconfiada. Como ha asegurado Wolfgang Streeck, los ciudadanos se han vuelto clientes de una política que ha devaluado mucho el voto, y cuyas vidas se resuelven fuera de la política, en el mercado. Así, las lealtades políticas de masas no pueden afianzarse, pues la política no es un instrumento para defender o mejorar sus vidas. En ese contexto, resulta posible -y deseable para la “oferta política temerosa”- disociar los efectos de decisiones electorales de la realidad social misma de sus electores. ¿Y la política real? Todavía estamos lejos de definir qué es realmente eso en estos tiempos, vale decir, de qué forma se puede pelear a la lucha de clases para vencer en ella. En el FA, la preocupación parece estar más del lado de las elecciones como mercado que como espacio de articulación amplia de voluntades de transformación.

Así, eludir la política, con consultas o con decisiones a priori de la política misma, es una forma de ser derrotados. Es eludir la confrontación, argumentando los costos, como si fuera posible una lucha inocua para los contendores. Pierde la posibilidad de oponerle a la política sin sociedad el interés movilizado de las clases sociales víctimas del modelo neoliberal. Esto no se trata de oponerle a los plebiscitos universales, por ejemplo, la lógica corporativa de las partes, es decir, agregar demandas en un pliego incoherente para así atrincherarse en lo social, igual de despolitizado que la elusión. Se trata de producir un diálogo entre organizaciones políticas presentadas como alternativa de gobierno, y las demandas históricas de los movimientos de lucha de las clases populares. Ese diálogo, entre programas históricos y aquellos decididos a llevarlos a cabo en la política, es el que puede producir una síntesis programática y táctica del FA: no como agregado de demandas, sino como síntesis del proyecto histórico de los que luchan, hoy, en el Chile del s.XXI y la experiencia y sabiduría acumulada (y necesariamente reapropiada) de la izquierda. Eso es un programa que se reconoce en una parte: en la izquierda y en los explotados, sobre todo en su historia de luchas. Esos sujetos son agentes productores de esta historia, y no un mero externo consultivo de la izquierda.

 

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En el fondo, se trata de que eludir la decisión política es la negativa a dar a fondo el debate que permite procesar diferencias y generar marcos estratégicos comunes para la lucha de la izquierda. Se trata de construir una nueva comunidad política transformadora para el siglo XXI. Producir la representación organizada de fuerzas sociales y sus programas históricamente construidos en la lucha, que a su vez permita proyectar estratégicamente un avance sobre las relaciones capitalistas. Se trata de oponerle a la política como mercado la política como instrumento del cambio social. Ese cambio social debe ser en forma: debe expresar formas de confianza y liderazgo en sí subversivos de las relaciones capitalistas, que suelen basarse en el miedo, la desconfianza y la competencia.

Y es que la elusión de la política en el estado permanente de consulta o en el refugio en las catedrales identitarias de la izquierda, llevan ambas a rechazar la idea misma de dirección política. Como ha sostenido recientemente Francisco Arellano respecto de la cultura política de las luchas sociales de 2011:

El desarme político general de nuestra sociedad, implementado por la dictadura y continuado por la Concertación, vuelve inconcebible una de las ideas que más le costó forjar a la izquierda en su propio proceso de maduración durante el siglo XX: la necesidad de construir una mirada común sobre la totalidad social para poder definir un curso efectivo de acción política. Esto presupone asumir que la experiencia individual, parcial y local, es siempre insuficiente para construir un diagnóstico y una acción política efectiva para intervenir en el conjunto de las correlaciones de fuerzas que forman un orden social. Por lo tanto, una organización política debe apostar a constituirse como un intelectual colectivo, donde sus componentes aportan desde la experiencia y parcialidad que cada uno representa, no para buscar la solución del problema individual de cada uno, sino para construir una mirada común sobre el escenario político, a partir de la cual definir un curso de acción coherente con el interés colectivo de la organización.”

 

Conducir es modernizar, significa indicar cómo se puede superar el estado de subordinación y degradación que genera la explotación entre las clases populares, y llevar a cabo la organización de dicho proceso de superación. Es asumir que la izquierda es necesaria, que es la especificidad política, una especie de destacamento, de los explotados, creada históricamente para resistir y asediar al capital. La izquierda es la inteligencia de los subalternos de que la situación puede cambiar. Entonces, debería comportarse como tal y asumir su rol. No preguntar a bases confusas por el abuso capitalista por cada paso, pues, para hacer esa tarea es que fue creada por esos mismos explotados pero de otro tiempo. El FA debe actuar como una izquierda madura, responsable de las necesidades de las clases populares, capaz de incidir en la política a favor de esas clases y haciendo retroceder al capital. Si renuncia a hacerlo, defendiendo nichos de apoyo efímeros o identidades inútiles de añejas que son, renuncia a hacer política de transformación y asume la condición que desea la dominación: ser una variedad en la oferta electoral del mercado de la representación.

Entonces, ni esconderse en las masas que acudan a un plebiscito ni refugiarse en la trinchera moral del rechazo son acciones políticas. Son elusiones de la misma. El desafío -porque sabemos que no es fácil- es elaborar una política de avance del FA para la segunda vuelta y que exprese un acuerdo común de las fuerzas sociales y políticas que compenen la alianza electoral de izquierda. Hay veces en que eludir la definición política se hace para salir del paso cuando cualquier otra posibilidad es demasiado costosa, pero otras veces también se hace para esconder la táctica en juego. Probablemente haya más de lo primero que de lo segundo en el FA, pero debemos estar alertas también contra lo primero. Hace mucho que las fuerzas militantes de la transición actúan para empujar al Frente Amplio a tomar caminos suicidas que ayudan a mantener eternas las lógicas de la Transición. Así las cosas, el objetivo de la segunda vuelta, si la candidata a la presidencia no logra más que el tercer lugar, debe ser profundizar todo lo posible la crisis de la Nueva Mayoría, quebrar sus bases políticas y morales, hacer imposible o por lo menos dificultar su rearme como bandera única del progresismo. Eso no se hará huyendo, sino dando cara al enfrentamiento armados de política autónoma.