Uno de los libros más esperados por el progresismo liberal estadounidense el 2016 fue American Amnesia de los cientistas políticos Jacob S. Hacker y Paul Pierson. En este trabajo, los profesores de la Universidad de Yale y Berkeley respectivamente, aluden al olvidado rol del Estado para alcanzar la prosperidad en Estados Unidos, y metodológicamente incorporan a la rama del institucionalismo histórico, el estudio de la historia de las ideas. Sin referirse directamente al Estado bienestar, son entusiastas de lo que denominan como “economía mixta”, donde estado y mercado se complementan en sus respectivas esferas de influencia. Así, describen al mercado como “la más poderosa de las instituciones capaces de promover y coordinar la acción descentralizada en base a deseos individuales”, pero sostienen que lo que hizo posible la creación de un extraordinario nivel de riqueza no fue el funcionamiento del mercado sino que el gobierno a través del complejo industrial-militar-académico. Porque de acuerdo a Hacker y Pierson, la amnesia americana a la que se refiere el título de la obra, es precisamente sobre el rol del gobierno en la generación del crecimiento económico y la prosperidad estadounidense, que bien resume el subtítulo: de como la guerra contra el gobierno nos hizo olvidar cómo Estados Unidos se convirtió en un país rico.

Siguiendo esta línea, Joseph Schumpeter titula la segunda parte de su Capitalismo, Socialismo y Democracia (publicada en 1942) con una pregunta: “¿Puede subsistir el capitalismo?”, y seguidamente, responde: “No, no creo que pueda”. Esa era también la preocupación de Polanyi quien publicó La Gran Transformación en 1944, en el cual desarrolla los efectos que tiene la extensión del mercado en el tejido social y su transformación en una sociedad de mercado. Asimismo, por esos años el realismo jurídico norteamericano elaboraba una radical crítica a los fundamentos legales del mercado, que resume la opinión de Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien habría señalado: “Debemos elegir: podemos tener un sistema democrático, o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambos”[1].

Eran tiempos particularmente difíciles para el sistema capitalista que sufría duros cuestionamientos después de la Gran Depresión de fines de los años veinte y la posterior guerra. Por supuesto, como lo afirmó el propio Schumpeter, su profecía estaba en parte equivocada. Si bien reconocía en el capitalismo una forma de producción exitosa para las masas, había que analizar al capitalismo como una forma o un método de cambio económico que creaba y destruía sus propias condiciones de supervivencia.

Y el capitalismo se transformó junto a la democracia. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden impone una fórmula de consenso entre los intereses de los propietarios de los medios de producción y los trabajadores de Occidente: Estado bienestar y democracia liberal. Mientras el primero hacía más tolerable el capitalismo para los trabajadores, la segunda convertía a la democracia en menos riesgosa para los capitalistas, permitiendo mediar entre los principios legitimadores del poder político y el poder social económico. Por un lado, la burocratización de los partidos de masas relativiza las demandas sobre el sistema económico; por otro, el Estado bienestar corresponde a un compromiso con el mantenimiento de un nivel básico de vida, y con una forma institucional destinada a cubrir los riesgos a los que el régimen capitalista somete a la persona y familia, el cual de esa forma se vuelve menos amenazante para la democracia (Offe, 1982).

Capitalismo y democracia progresivamente se fueron convirtiendo en sinónimos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: el sistema capitalista se equiparaba a la democracia porque el mercado respetaba y hacia posible la libertad individual a través de derechos como libertad de trabajo y la propiedad privada; y, además, se pensaba que la competencia del mercado permitiría prevenir la concentración del poder (económico y político). Por su parte, el sistema político democrático se definía en términos de mercado, según se desprende de la clásica definición de democracia a la Schumpeter como aquel “arreglo institucional donde los individuos adquieren el poder de decidir mediante la competencia por los votos del pueblo”, mientras que en términos discursivos, se trata de institucionalizar el libre mercado de las ideas.

Esa fórmula de Estado bienestar y democracia pluralista de partidos, permitió explicar la subsistencia de dos sistemas que teóricamente eran contradictorios, pero no consiguió neutralizar las tensiones permanentes entre el sistema de producción e intercambio económico y el sistema de representación política. Así, comienza una época caracterizada por los movimientos sociales, ciudadanos y de trabajadores de los sesenta, y ya en los setenta se encienden nuevamente las alarmas. La receta del keynesianismo no lograba dar cuenta de la crisis económica, mientras que se demostraba empíricamente el fracaso de la famosa curva de Phillips: los niveles de desempleo subían al mismo ritmo que los de la inflación, en el fenómeno conocido por los economistas como stagflation. En este escenario, los monetaristas de Chicago asomaron como los verdaderos profetas de la economía: la inflación no dependía del empleo sino que podía ser controlada por el volumen de dinero en circulación (Rodgers, 2012:50).

La gran respuesta a la crisis económica de los setenta fue el giro hacia el monetarismo en lo económico y un embate frontal a la democracia. Un documento relevante de la época es el informe de la Comisión Trilateral de 1975 que cuestionó la viabilidad de la democracia como sistema de gobierno, en particular, para los países industrializados. En este documento se resume lo que eran los problemas que afectaban a las democracias europeas: el exceso de demandas y la falta de cohesión de la burocracia que “por algún tiempo fue un escudo protector que permitió hacer aceptables las soluciones racionales” (p. 12).

Nuevamente aparece el viejo problema de la compatibilidad del capitalismo y la democracia. La expansión democrática habría minado las bases institucionales que permiten el funcionamiento del cálculo racional del capital. En términos weberianos, la racionalidad material de la democracia chocó frontalmente con la racionalidad formal del mercado. En resumen, la democracia liberal se había excedido y se llegaba al fin del consenso post-1945. Pero a diferencia del acuerdo de postguerra, en los setenta no hubo acuerdo ni mediación de intereses. La edad de la fractura, como la llama Daniel T. Rodgers “disuelve los cimientos estructuralistas del pensamiento social” y desde la ciencia política el public choice decreta que el interés público no existe.

A partir de ahí, la historia se vuelve más conocida, pero no menos confusa. En el caso chileno, viviendo en democracia y bajo una sociedad de mercado, “decir que el país es desigual es una obviedad” como lo afirma el reciente estudio del PNUD. Pero no es para nada obvio desentrañar la maraña institucional que habilita la mantención de esos niveles de concentración de la riqueza y la representación política de aquellos intereses que impiden cuestionar y demandar el cambio social. Un punto de partida necesario es repensar el viejo –y a la vez nuevo– problema, el de la capacidad de la democracia de subsistir junto al capitalismo.

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[1] Esta frase es una de las más citadas del juez Brandeis; sin embargo, al parecer su fuente una cuestión controvertida.

** El siguiente es un texto exploratorio pero que tiene un objetivo determinado: persuadir al lector de la relevancia y la contemporaneidad que mantiene una vieja interrogante para las ciencias sociales. Lo advierto al comienzo porque creo que faltan textos, autores nacionales, especificaciones, definiciones, y contradicciones a las que aludir cuando se trata de reconstruir la discusión macro institucional que se presenta acá.