Quienes estamos interesados en mejorar las condiciones de vida de la población penal seguimos de cerca las iniciativas legislativas que buscan superar el abandono del aparato penitenciario en Chile. Uno de estos proyectos es el Boletín 10.740-07, que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas (en adelante, “el proyecto”).

Existen varios argumentos de fondo que sirven para apoyar este proyecto. Andrew Von Hirsch y Uma Narayan, por ejemplo, sostienen que castigar exige que el padecimiento del castigo sea tolerable sin derribar la fortaleza moral ni mental del castigado; sobre todo considerando circunstancias especiales, como su estado mental o de salud. Para una persona gravemente enferma, la pena privativa de libertad puede convertirse en un ritual de degradación que interfiere sustancialmente con su capacidad de presentarse al mundo como un ser humano intacto, sereno y dueño de sí mismo. La pena de muerte, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o la celda de aislamiento, por ejemplo, destruyen la humanidad y personalidad del condenado y por eso el Estado prohíbe o restringe estas medidas. En otras palabras, a nuestros condenados queremos castigarlos de manera proporcional y justa, no torturarlos ni humillarlos.

Desafortunadamente, en Chile existe un problema de contexto que bloquea la discusión sobre el proyecto per se. Esencialmente, los autores de la iniciativa han evitado reconocer tanto las carencias generales de la realidad penitenciaria chilena como las falencias del proceso de justicia transicional en Chile.

En primer lugar, el proyecto evita la discusión global sobre la crisis penitenciaria. Aunque es cierto que se concede un beneficio (no un indulto) a población penal vulnerable, el proyecto más parece revelar una iniciativa oportunista de la derecha chilena para proteger los intereses de los agentes de la dictadura que una genuina voluntad para dignificar la condiciones de vida de la población penal. Este es un importante factor para comprender las razones por las cuales el proyecto genera rechazo entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la población penal. Se abren preguntas al respecto: ¿debemos esperar una reforma integral para poder mejorar las condiciones de quienes –aquí y ahora– mueren en nuestras cárceles?¿puede la deuda con la población penal ser saldada gradualmente?  Aunque así fuera, el proyecto se enfrenta a un segundo problema ético.

Debido a la fórmula de transición a la democracia chilena, los autores del proyecto han rehuido hacerse cargo de la deuda pendiente que tiene el Estado de Chile con las víctimas de derechos humanos en dictadura. En este aspecto, la polémica con el proyecto de ley apunta a que terminaría por favorecer a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por violaciones a los derechos humanos. Por lo mismo, asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos se oponen al proyecto.

¿Cuál es la situación de la transición a la democracia hoy en Chile?  Juan Pablo Mañalich sostiene que el Estado chileno abandonó a las víctimas y evitó asumir la persecución de estos crímenes como una tarea pública. Es decir, evitó entenderse a sí mismo como un agente político responsable de la justicia, la reparación y la verdad.   Las autoridades en los noventa prefirieron privatizar el proceso de justicia transicional y delegar la labor en los tribunales de justicia. Se utilizó al poder judicial para procesar a algunos pocos agentes del Estado, en vez de emprender un pacto sustantivo de reconciliación. Debido a esta privatización del conflicto y casi 30 años después, nos enfrentamos a proyectos de ley que resultan meritorios, pero políticamente inviables. Debido a la falta de un proceso de transición sustantivo, muchas de las víctimas se resisten a entregar un perdón inmerecido. Con justa razón, utilizarán su poder político para evitar acceder a un proyecto mientras no se resuelva la herida abierta que Chile tiene pendiente. En este contexto, la derecha parece querer imponer un proyecto por la vía legislativa sin negociar ni reconciliar el proyecto con el derecho de las víctimas de derechos humanos a una justa reparación. Falta en la ecuación el momento en que la derecha chilena –y la “familia militar”– se decida a transar para poder lograr la aprobación de este plausible proyecto. Por ejemplo, levantando el secreto de los antecedentes reunidos por la Comisión Valech.

En definitiva, el panorama político apunta a que el proyecto solo recibirá respaldo de la ciudadanía cuando se salde la deuda histórica que tiene el Estado chileno con la política institucional y sistemática de violación de derechos humanos durante la dictadura. Esta misma deuda contiene en su registro a los cientos de procesos pendientes, el pacto de silencio entre militares, el tratamiento privilegiado de los presos en la cárcel especial de Punta Peuco y, más recientemente, el escándalo de las pensiones irregulares de invalidez para ex militares. ¿Cómo creer que en Chile existe justicia para las víctimas si agentes políticos de la dictadura reciben millonarias pensiones?

Los defensores de los derechos de la población penal debemos celebrar las iniciativas que entregan condiciones más dignas a los presos y presas del país. Pero la viabilidad de esos proyectos exige con urgencia que el Estado –o sus mismos autores– decidan avanzar en la deuda histórica con las víctimas de la dictadura. El escenario histórico inevitablemente bloquea la discusión sobre el derecho de la población penal gravemente enferma a acceder a condiciones más benignas. No porque el proyecto per se no sea plausible, sino porque el proyecto pierde respaldo ciudadano en el contexto de la justicia transicional en Chile. Pese a la convicción de que la población penal chilena requiere y exige un tratamiento más digno, resulta necesario también levantar las barreras que bloquean la discusión. La población penal chilena lo necesita.

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La autora agradece a Alex Choquemamani y su contribución en la determinación de los principales argumentos del debate.