En enero del 2017 se cumplieron 10 años desde que entró en vigencia la Ley 20.123 sobre subcontratación y suministro de trabajo. En junio de 2014 entra en vigencia la Ley 20.760 de multirut y en abril de 2017 la Ley 20.940 (Reforma Laboral). Todas estas normas laborales han operado sobre la base de un Estado que bajo la apariencia de neutralidad ha operado a favor de unos pocos.

Contexto general del subcontrato.

El subcontrato es una forma de administrar la fuerza de trabajo que combina fundamentos técnicos y políticos. De una parte, el capital busca una mayor flexibilidad para contratar y despedir trabajadores así como para terminar o sustituir de forma más intempestiva los procesos productivos. Desde la mirada del management, las escuelas de negocios alientan la gestión y administración de la fuerza de trabajo en régimen de subcontrato arguyendo que, en fases donde el ciclo económico tiene una mayor volatilidad, las empresas requieren una respuesta más rápida y ahí, la externalización opera en su favor (micro flexibilidad). De otra parte, el subcontrato contiene un fuerte componente de economía política al interior de los centros de trabajo y a nivel de la economía como un todo, disciplinando y dividiendo a la fuerza laboral. Esto es especialmente cierto cuando los países en cuestión tienen cuerpos legislativos que institucionalizan abiertamente formas de dominación y/o control por la vía del ataque al poder organizacional del trabajo. En 1979, mediante el Decreto de Fuerza de Ley 2.759, el Estado deroga la Ley 16.757 del año 1968 que prohibía expresamente que “los trabajos inherentes a la producción principal y permanente de una empresa fuesen efectuados por contratistas o concesionarios” (Narbona, 2015). Con ello se dio un paso más en materia de subcontratación en Chile, pasándose de una subcontratación histórica, presente en determinadas cadenas productivas, a una “subcontratación ampliada”.

Hoy existen diversas manifestaciones de externalización laboral, tanto en el giro principal de las empresas como en los servicios asociados en el apoyo al giro y se estima que cerca de 1.000.000 de trabajadores (IMCE, Fundación SOL) se encuentran bajo algún régimen de externalización laboral (subcontrato, suministro, enganche). Esta forma de contratación, que es formal pero precarizante (discriminación en materia salarial o de beneficios sociales, efecto desestabilizador y divisionista), ha aumentado en los últimos años.

Contexto general del sistema de negociación colectiva chileno.

La negociación colectiva es una forma cardinal que tienen los trabajadores para disputar los beneficios de la producción capitalista. Es también, cuando se desarrolla a gran escala, una forma de lucha abierta en el espacio del conflicto capital – trabajo. Karl Marx, en The Poverty of Philosophy apunta que la negociación colectiva (sectorial y de gran escala) tiene siempre un doble objetivo, detiene la competencia entre trabajadores y alienta la competencia contra el capitalista (citado en Kohen y Kristal, 2007). Tiene así un efecto en las formas de conciencia y contiene un sentido económico y a su vez político. Justamente este fundamento fue el que consideró José Piñera al momento de diseñar el Plan Laboral de 1979. El otrora Ministro del Trabajo de Pinochet, reconocía que bajo el esquema que él propuso – la negociación colectiva a un nivel micro, sólo de empresas – (y que sigue vigente hasta el día de hoy), se “reemplaza la lucha de clases (trabajadores versus empresarios) por la lucha de empresas (trabajadores y empresarios de una misma empresa versus los de otra que compite con ellos), lo que es funcional a una economía de libre mercado” (Narbona, 2015).

Hoy, la actividad sindical se encuentra sumamente pulverizada, con micro organizaciones (de los más de 11.500 sindicatos activos solo el 1% tiene más de 1.000 socios y más del 50% tiene menos de 40 socios; Durán y Gálvez, 2016) y con una negociación colectiva que no distribuye ingresos ni poder.

Tanto en el caso del subcontrato como en el de la negociación colectiva, existe un marcado interés desde el Estado para mantener resultados favorables a los intereses del capital. Es en este sentido que se revela una articulación dialéctica entre Estado y fuerzas productivas, donde el Estado no piensa en el interés general sino que resguarda los intereses del capital.

Chile como Estado precursor del neoliberalismo a nivel mundial, fue también uno de los Estados pioneros en la implementación de un ataque científico al trabajo y hacia las organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores. Al descentralizar la negociación colectiva, validar y ampliar el subcontrato, el Estado chileno se ubicó en la primera línea de defensa abierta hacia el patrón de acumulación capitalista y en su versión más voraz.

Al impedir la negociación por rama de actividad económica y al mismo tiempo dar rienda suelta al subcontrato, las empresas y el Estado, como en una síntesis, han dado cuerpo de una manera muy nítida en Chile a un Estado de clase (de la clase dominante). Carlos Nelson Coutinho puntualiza que “el Estado de clase, consiste precisamente en el hecho de que despolitiza la sociedad, apropiándose en forma monopólica de todas las decisiones concernientes a lo que es común (o universal)” (C. Nelson Coutinho, 2011). En definitiva, se expulsa al trabajo y a sus representantes de la política, de la construcción de sociedad.

Ninguna de las reformas laborales de los gobiernos post-dictadura han trastornado los pilares de la matriz precarizante y despolitizadora del trabajo que se instauró en dictadura. La actual reforma laboral, aunque no es objeto de este artículo su revisión detallada, de una manera cada vez más evidente, no cambia la relación de poder entre los actores que intervienen en la producción. Hoy, esta reforma sigue la lógica consolidada de la negociación colectiva contenida a nivel de las empresas, es funcional al uso intensivo de la subontratación y mantiene una amplia – e incluso mayor – intervención autoritaria del Estado en la conformación autónoma de fuerzas de los trabajadores y trabajadoras frente a las dinámicas expropiatorias del capital (definición de los servicios mínimos, solución de controversias varias e intervención directa en los procesos de huelgas mineras, sólo por citar algunas formas).

Estas cuestiones nos invitan a pensar el papel que tiene el conflicto capital – trabajo en la definición del tipo de sociedad que se aspira a construir. Por ahora sabemos que en ese campo de batalla, el capital se ha beneficiado con enormes ganancias, mientras que sus verdaderos creadores, los trabajadores, son cotidianamente desposeídos. Y que el Estado chileno ha sostenido esa dinámica con particular vigor. La fortaleza del sindicato, de la negociación colectiva y de la huelga, son indispensables si de verdad se aspira a una sociedad que subvierta el Estado de clase y la actual lógica de acumulación.